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El cerebro de la reforma fiscal

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Se ha hecho esperar, pero finalmente la aprobación de la reforma fiscal ha llegado. Era una de las medidas del Gobierno que más expectación despertaba desde el comienzo de la legislatura y ha merecido la atención mediática durante todo su proceso de elaboración. Su andadura comenzó con una consulta a un grupo de expertos que emitía su informe en marzo y ha terminado esta semana con el paso definitivo por el Congreso de las principales normas que la componen. Un proceso con varias fases en las que el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre (Madrid, 1965), ha sido uno de los principales encargados de moldear la obra final.

Aunque prácticamente toda su carrera se había desarrollado en el servicio público, este inspector de finanzas del Estado, experto en derecho financiero y tributario, tenía puestos todos sus conocimientos al servicio de la firma PwC cuando se empezó a configurar el equipo que se haría cargo del Ministerio de Hacienda con la llegada al poder del Partido Popular a finales de 2011. Entonces, se produjo la vuelta de Ferre a la que podría considerarse su casa.

Y es que allí comenzó su carrera profesional tras aprobar la oposición en 1991. Unos años después ocupó su primer cargo de relevancia –al que seguirían muchos otros– como subdirector general de Estadística y Planificación en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, que desempeñó durante cuatro años.

Su perfil técnico y su dedicación fueron haciéndole merecedor de más responsabilidades, pero existe una en su carrera que marca Miguel Ferre un antes y un después, tanto en lo profesional como en lo personal: sus seis años como consejero de Hacienda de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

Esto supuso su traslado a Bruselas, una ciudad en la que la casualidad quiso que coincidiera con el actual ministro Cristóbal Montoro cuando éste era eurodiputado. El hoy secretario de Estado sigue manteniendo muchos contactos de esa etapa, de la que guarda un recuerdo muy especial. A esta le siguió su nombramiento en comités relacionados en asuntos fiscales en organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las Naciones Unidas. Gracias a ello, mejoró su dominio del inglés, se inició en el del francés y se acrecentó especialmente su interés por el ámbito internacional que sigue manteniendo actualmente, sobre todo en su especialidad.

Atento siempre a todo lo que tiene que ver con el ámbito tributario tanto europeo como internacional en general, (apuntan en su entorno que se interesa mucho por los convenios de intercambio de información tributaria entre diferentes países) Ferre ha pasado, sin embargo, los últimos años centrado en el ámbito nacional. A su nombramiento como secretario de Estado le siguieron dos años duros en el Ministerio de Hacienda en los que se aprobaron varios decretos fiscales que ocuparon gran parte del tiempo del secretario de Estado. Fueron solo el preludio del siguiente encargo, ese que le ha llevado tantas horas de trabajo en estos últimos dos años y que ha recibido la aprobación final esta semana.

Tal vez el haber concluido el grueso de la reforma fiscal, permita ahora a Miguel Ferre dedicarse más a sus aficiones, entre las que destaca el deporte. Es más de practicarlo que de seguirlo por los medios y por eso, además de sus paseos y caminatas para mantenerse en forma, intenta siempre que puede sacar un hueco para jugar un partido de tenis.

Ejerció durante seis años como consejero de Hacienda de la Representación Permanente de España ante la UE

Amante de la lectura, Ferre también disfruta sumergiéndose en libros de Historia. Dentro de esta, dicen que le gusta especialmente el género del ensayo y, sobre todo, los textos relacionados con la época de la Transición española. Otra de sus pasiones es el cine, en especial el de autor europeo. Casado y padre de tres hijos, a Miguel Ferre también le gusta cuidar su imagen y lo más habitual es verlo perfectamente enfundado en uno de sus siempre impecables trajes acompañados de elegantes corbatas.

Pese a su apariencia seria, tal vez por la rigurosidad técnica con la que suele trabajar en el día a día, cuentan en su entorno que es un hombre de trato afable, divertido y cercano. Gracias a ello y a sus explicaciones, siempre pausadas, el secretario de Estado se ha convertido en un ponente habitual en jornadas tanto profesionales como académicas. Y casi siempre sin papeles, lo que da muestra del control de los asuntos que aborda. Además, también ha tenido que echar mano de esta habilidad suya en los últimos tiempos para enfrentarse a las múltiples entrevistas que ha concedido durante la preparación de la reforma fiscal.

Pero parece que, pese a todo lo que ha logrado transmitir este profesional tendrá que seguir esforzándose si quiere ganar una batalla algo peculiar. Y es que el apellido de este madrileño de pura cepa sigue viendo transformado continuamente en otros de origen catalán: unas veces en Ferré y otras en Ferrer.

Anécdotas al margen, la aprobación esta semana de los proyectos de ley que modifican el IRPF, el impuesto sobre sociedades y el IVA constituye solo otro punto y aparte más en la trayectoria de Miguel Ferre en el Ministerio de Hacienda.

Fuente: economia http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/40bb8cc2/sc/33/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A140C110C210Ceconomia0C14165991340I5146110Bhtml/story01.htm

La cooperante sigue sin mostrar síntomas de tener ébola

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La médico cooperante trasladada a España desde Mali ante la posibilidad de que se haya contagiado de ébola permanece en observación en el hospital Carlos III de Madrid sin mostrar síntomas de haber contraído la enfermedad, según han indicado a Efe fuentes sanitarias.

La cooperante navarra, miembro de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF), se encuentra en observación pero sin aislamiento en la sexta planta del citado centro, habilitada para atender casos de este virus y donde permanecerá durante 21 días.

Fuentes sanitarias han explicado que la cooperante no será sometida a los test para conocer si se ha infectado de ébola mientras no presente los síntomas propios de la enfermedad, como ha ocurrido hasta el momento.

En la actual situación, la profesional sanitaria no es una paciente, porque no está enferma (no presenta fiebre, por ejemplo), sino un contacto de alto riesgo en observación.

Desde Médicos sin Fronteras han indicado a Efe que no hay ninguna novedad que reportar sobre su compañera en la jornada de hoy.

La cooperante permanecerá durante 21 días en observación en el hospital Carlos III y en el caso de haber contraído la enfermedad, según ha indicado el Ministerio de Sanidad, dispondrá de todas las alternativas terapéuticas experimentales que se están utilizando en todo el mundo -vacuna experimental, antivirales y plasma-.

La segunda jornada de ingreso de la cooperante coincide con el término del periodo de vigilancia al que estaban sometidos los sanitarios del hospital La Paz-Carlos III de Madrid que atendieron a la auxiliar de enfermería Teresa Romero, más de un centenar de médicos y enfermeros que no han desarrollado el ébola.

Durante los casi 30 días que permaneció ingresada en el Carlos III antes de recibir el alta, la mayoría de ellos con medidas estrictas de aislamiento para evitar contagios, Romero fue atendida por más de cien personas entre médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y limpiadoras.

Todos ellos han sido o están siendo vigilados por el Servicio de Prevención de Riesgos del hospital; es decir, se les ha llamado dos veces diariamente para preguntarles si tenían fiebre -37,7 grados- o si se encontraban mal, medida que se mantiene durante los 21 días que se considera el período máximo de incubación del virus.

En el caso del equipo asistencial, la cuarentena comenzó a contar tras el último contacto que cada cual tuvo con la paciente hasta el 1 de noviembre, día en el que los análisis determinaron que todos los fluidos de Romero estaban libre de virus y por tanto ya no había riesgo de contagio, por lo que se levantó el aislamiento.

Los controles para el personal sanitario que entró a hacer la limpieza de la habitación de Romero concluyen el próximo martes, día 25, y para el personal de la empresa de biodescontaminación el miércoles.

No obstante, España no estará oficialmente libre de ébola hasta que pasen 42 días después de la curación o fallecimiento del último enfermo en el país, de acuerdo con el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por tanto, para llegar a esta conclusión antes habrá que esperar a saber si la cooperante navarra trasladada ayer desde Mali ha contraído el virus.

Fuente: economia http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/40bbbe06/sc/14/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A140C110C220Ceconomia0C14166579390I120A50A40Bhtml/story01.htm

Del calor latino al emergente mercado financiero turco

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Cuando hace cuatro años BBVA decidió apostar por Turquía con la compra del 24,9% del turco Garanti parecía una inversión exótica, una prueba piloto que podía o no salir bien, pero, desde luego, era todo un riesgo para la banca española, más acostumbrada a crecer y hacer compras en Latinoamérica, con una cultura muy similar y un mismo idioma.

En 2011 la crisis ya había dado muestras de su virulencia en el sector financiero español, aunque se había centrado en las cajas de ahorros. Por ello, esta operación pudo interpretarse entonces con cierto optimismo ya que suponía que un banco español daba muestras de su salud con una inversión de 4.200 millones de euros con la entrada en el capital de una entidad internacional.

Algunos expertos consideraron la operación más exótica que rentable. Turquía parecía que no era un mercado para la banca europea, aunque China, donde Santander y BBVA también habían comenzado a tomar posiciones – eso sí limitadas– encajaba más en la estrategía financiera occidental. Pero no ha sido así, o por lo menos en el caso de BBVA, banco que ha reducido su apuesta por China en favor de Turquía, tras la compra, anunciada el miércoles, de otro 15% de Garanti por casi 2.000 millones de euros, y que le da, con el 40% del capital, el control de este banco, el primero por capitalización de Turquía, con más de 13.300 millones de euros, el segundo por activos con 85.000 millones de euros, y el primero por cuota de mercado en varios segmentos de negocio como hipotecas, consumo, financiación de autos y tarjetas de crédito.

Su plantilla suma más de 22.000 empleados, cuenta con una red de casi 1.000 oficinas y tiene más de 4.000 cajeros automáticos, y presta servicio a más de 13 millones de clientes.

Hasta 13 bancos internacionales han tenído presencia operativa en Turquía. De ellos, uno de los más activos era y es el británico HSBC. Su filial, HSBC Turkiye, opera en este país desde 1990, año en el que desembarcó en este país bajo el nombre de Midland Bank. Cuenta con una red cercana a las 335 oficinas, repartidas en las ciudades más importantes del país, y su plantilla supera los 6.000 empleados. Fue, de hecho, el primer banco británico y casi extranjero en apostar por Turquía para hacer banca universal.

Antes, en 1975 había aterrizado en Turquía Citi Turkiye, pero su operativa era más limitada.

HSBC, de hecho, sigue ampliando presencia en este país, al que considera uno de los mercados de máxima prioridad de inversión del mundo. En los últimos años ha crecido con compras de bancos turcos.

Fuentes de la entidad que preside Francisco González explica que, pese a su perfil de riesgo más alto, el crecimiento del crédito y de la rentabilidad está por encima del de los mercados maduros como los de Europa y Estados Unicos. E incluso por encima de países emergentes en los que tiene una fuerte presencia, como en los de Latinoamérica. La tasa de crecimiento del crédito de Garanti es del 15,6% internanual en moneda local (la lira turca), muy apoyado en las carteras de empresas y consumo.

La tasa de morosidad del sector financiero turco es solo del 2,8%, índice muy por debajo del de la banca española, que en la actualidad supera el 13%.

 

Un país con 49 bancos bien capitalizados, según los expertos

Turquía cuenta con más de 75 millones de habitantes, de los que más de la mitad son menores de 30 años. Las previsiones de los expertos son que su economía crezca al 4,6% en la próxima década. Su sector bancario es el segundo más grande de la Comunidad Económica Europea. En Turquía hay 49 bancos, de los que 32 están especializados en la captación de depósitos (incluyendo tres de propiedad estatal), 13 son de inversión y de desarrollo, y cuatro son bancos participados.

Los expertos consideran que la banca turca está bien regulada. Está supervisado por dos autoridades reguladoras: la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria (BRSA) y el Banco Central de la República de Turquía (CBRT). Además, consideran que prácticamente todas las entidades que componen el sector están bien capitalizadas. BBVA espera que tras la compra de otro 15% de Garanti, este banco turco aporte más de 250 millones de euros al beneficio del grupo en 2016. Hasta septiembre Garanti ganó 826 millones de euros, de los que 235 millones se apuntó BBVA.

Fuente: cincodias.com http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624600/s/40b276d2/sc/36/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A140C110C20A0Cmercados0C14165138270I5646750Bhtml/story01.htm

Cómo maximizar el ahorro con la reforma fiscal

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Bolsa: mejor esperar para vender

¿Cómo afecta la reforma fiscal a la inversión en Bolsa?

A partir del 1 de enero desaparecerá la diferencia en el tratamiento fiscal entre las plusvalías obtenidas por inversiones a corto plazo (menos de un año) y las de largo (más de doce meses). Hasta ahora, los beneficios obtenidos con las inversiones a corto plazo tributaban al tipo marginal del contribuyente, igual que las rentas del trabajo, que llega al 52% para las rentas más altas. Con la reforma fiscal, estas plusvalías pasan a tener el mismo tratamiento que las obtenidas por inversiones a largo plazo, a las que se aplica la tributación del ahorro._Bajarán estos impuestos a un rango de entre el 20% y 24% (19% y 23% en 2016).

Así, este cambio fiscal ayuda a los inversores con rentas altas y a los que operan en Bolsa a corto plazo, pues a partir del 1 de enero el tratamiento fiscal de estas plusvalías será más ventajoso. “Al ser uniforme el tratamiento de las plusvalías a corto plazo y a largo plazo, provocará que los inversores particulares no tengan en cuenta la temporalidad y se produzca mayor volumen de transacciones”, explica Almudena Malo, analista financiero de Abaco Capital.

Por esta razón, Joaquín Robles, analista de XTB, indica que “quizás BME puede ver cómo aumenta la negociación en las plazas españolas, al verse menos penalizados los operadores particulares a corto plazo. A su vez la banca española podría verse beneficiada de ese aumento de negociación”. Aun así, otros expertos destacan que el inversor medio español tiene un perfil de más largo plazo, por lo que entienden que esta consecuencia indirecta sobre la actividad de BME y los bancos en sus divisiones de inversión en Bolsa no será tan reseñable. Un efecto más indirecto de la reforma fiscal sería que la bajada de impuestos que incluye contribuya a reanimar el consumo. En ese caso, compañías ligadas al consumo podrían verse beneficiadas en sus resultados y, por tanto, en Bolsa. Sin embargo, es algo que está por ver. Así lo cree David Cano, de Afi, quien explica que “lo esperable sería que la renta disponible que se genera con la bajada de impuestos vaya al consumo, pero no lo tenemos tan claro porque el ahorro está en mínimos y quizá vaya al ahorro”.

¿Cómo queda la tributación por el cobro de dividendos?

Aquí llega la otra gran novedad en la inversión en Bolsa que introduce la reforma fiscal. Desaparece la exención fiscal a los primeros 1.500 euros ganados por el cobro de dividendos. Desde el 1 de enero del próximo año, cada euro obtenido por la retribución al accionista deberá tributar a los tipos de rendimiento del capital mencionados en el apartado anterior. Los expertos consultados creen que algunas compañías podrían decidir adelantar el pago del dividendo a sus accionistas a diciembre para que así puedan acogerse a la exención, algo que ya ha anunciado Iberdrola.

A partir del próximo año, esa ventaja desaparece. Cano, por su parte, añade que “la eliminación de la exención fiscal resta parte del atractivo para la inversión directa en renta variable y los fondos serán el mejor vehículo desde el punto de vista fiscal”. Coincide en ello Malo, quien sostiene que “determinados inversores particulares con carteras de renta variable podrían pasar a invertir en estructuras, a través de fondos de inversión o Sicav, para no penalizar el ahorro y que se quede implícito el valor en la participación”.

¿En qué casos resultará más conveniente aplazar la venta de acciones al próximo año?

Claramente, en el caso de plusvalías obtenidas tras un período de inversión inferior al año y para contribuyentes de rentas más elevadas. Así, si se tiene la decisión firme de vender, es mejor esperar al 1 de enero. Y si se trata de un inversor en fondos, que cree llegado el momento de reembolsar su inversión, tiene la clara alternativa de traspasar ese ahorro a otro fondo, sin necesidad de retirar su ahorro. Los fondos permiten los traspasos sin tributar, reservando el pago de impuestos para el momento de la salida definitiva del producto. Así, bastaría con trasladar de fondo lo invertido, a uno de mínimo riesgo y máxima posición de liquidez para no registrar pérdidas en esa transición, y esperar al 1 de 2015 para hacer el reembolso con impuestos más bajos.

¿Cómo es la rebaja de gravamen para las plusvalías? ¿Se vuelve a la situación previa a la subida de impuestos que se aplicó en 2012?

La rebaja será progresiva, entre 2015 y 2016. Y se apreciará sobre todo en las cantidades más elevadas. En la declaración de la renta de 2014 aún se aplicará una horquilla que va del 21% para plusvalías de hasta 6.000 euros hasta el 27% cuando lo ganado excede de 24.000 euros. Para la franja intermedia, cuando la ganancia supera los 6.000 euros y no alcanza los 24.000, el gravamen es del 25%._A partir del 1 de enero de 2015, los primeros 6.000 euros de plusvalía tributarán un punto por debajo, al 20% (19% en 2016). A_continuación, se abre una amplia franja hasta los 50.000 euros que se gravará al 22%, de modo que las ganancias superiores a los 24.000 euros saldrán claramente beneficiadas frente al 27% del tipo de 2014. Y para lo que exceda de 50.000 euros, se tributará por el 24%, que se reducirá al 23% en 2016. Así, quien pueda demorar la venta de un activo no ya a 2015 sino al año siguiente, logrará un ahorro fiscal aún mayor.

La rebaja es notable pero, aun así, no devuelve la tributación del ahorro a la situación anterior a la subida de impuestos de 2012. En 2011, las plusvalías se gravaban al 19% para los primeros 6.000 euros. El excedente tributaba por el 21%.

¿Hay cambios para las ganancias más antiguas? ¿Cómo habrá que tributar por una inversión realizada hace más de dos décadas?

Sí. Las ventas de carteras de acciones o de fondos de inversión –ambos considerados ganancias patrimoniales– adquiridas antes de 1995 sufrirán los cambios en los coeficientes de abatimiento ya mencionados en el caso de la vivienda. Así, se mantendrá este beneficio fiscal –que permite aplicar porcentajes que reducen la plusvalía sujeta a tributación– solo cuando el valor de la venta no supere los 400.000 euros. Y este límite será el tope del que pueda beneficiarse en el tiempo el contribuyente. Es decir, si vende acciones por 250.000 euros, solo tendrá derecho a disfrutar de ese beneficio fiscal en una venta posterior por una cuantía máxima de 150.000 euros. Habrá que hacer números, por tanto, para saber cuándo es más conveniente vender.

Fuente: cincodias.com http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624600/s/40bced77/sc/36/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A140C110C210Cmercados0C14165992850I4845640Bhtml/story01.htm

Sánchez dice que “prohibirá” las amnistías fiscales

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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que el programa electoral que prepara su partido incluirá expresamente la “prohibición de amnistías fiscales” y una “demanda a gritos de los ciudadanos, que los corruptos no entren solo a la cárcel, sino que devuelvan lo robado”.

Durante su primera intervención en la Asamblea Abierta organizada por el PSOE en Burgos, Pedro Sánchez ha explicado que el programa socialista, al que se ha referido como un “contrato ciudadano”, tendrá como el primero de sus grandes ejes una alternativa económica que acabe con la “injusticia fiscal” que en su opinión ha cometido el Gobierno actual y la derogación de la reforma laboral vigente.

El segundo de los ejes programáticos, en palabras de Sánchez, realizará un planteamiento “radical” de la democracia, en el que se incluirán las propuestas de regeneración y contra la corrupción, mientras que el tercer eje se centrará en la defensa del bienestar social con una reforma constitucional que “blinde los derechos sociales y las personas”.

Entre estos derechos ha señalado la sanidad y la educación públicas y las pensiones de los mayores, aunque también los derechos de las mujeres en relación con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, para la que ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que retire su recurso de inconstitucionalidad.

En un acto con formato de asamblea abierta, en el que han sido los asistentes los que han ido planteando preguntas al líder del PSOE, Sánchez ha defendido que su formación es el partido más transparente que hay en este momento en España.

En este sentido, ha recordado que es el único que ha firmado un convenio con una ONG como Transparencia Internacional, tiene a disposición del que lo quiera consultar el listado de bienes e ingresos de todos los cargos públicos y colgará cada tres meses todos los gastos por desplazamientos que realicen los parlamentarios.

Antes de finalizar el acto, el secretario general del PSOE ha lanzado varios mensajes a sus rivales políticos. Uno de ellos se ha dirigido a Izquierda Plural, a cuyos dirigentes ha retado a tomar las mismas medidas de transparencia que adopta el PSOE, porque “muchos dicen que hay que ser transparentes, pero luego no lo van a ser”.

También se ha referido a los dirigentes de Podemos, a quienes ha dicho que “es muy fácil dar lecciones y muy difícil dar explicaciones”. En este sentido, ha afirmado que él ha sido profesor universitario y cobraba un sueldo por trabajar no “por no dar un palo al agua”.

En cuanto al Partido Popular, Sánchez ha descartado una gran coalición entre ambas formaciones, pero ha reconocido la necesidad de alcanzar pactos puntuales en beneficio de los ciudadanos, por ejemplo para garantizar la estabilidad del sistema educativo o para la reforma de la Constitución.

Junto a Sánchez, han participado en el acto el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, y la mayor parte de la Ejecutiva Federal socialista así como los redactores del programa electoral, como el secretario de Organización, César Luena; el secretario de Política Federal, Antonio Pradas; la secretaria de Política Municipal, Adriana Lastra; el secretario de Economía, Manuel de la Rocha Vázquez; la secretaria de Empleo, Luz Rodríguez; la secretaria de Estudios y Programas, Meritxell Batet; la secretaria de Cambio Climático, Pilar Lucio; el secretario de Acción Política y Ciudadanía, Patxi López; y la secretaria de Bienestar Social, Luisa Carcedo.

Apoyo a Campofrío

Antes de la asamblea, el líder socialista ha mantenido un encuentro con el comité de empresa y con la dirección de la empresa Campofrío, a los que ha expresado que apoyará todo lo necesario para que la nueva planta de construya cuanto antes y los trabajadores tengan hasta ese momento las mejores condiciones posibles.

Al término de la reunión ha destacado ante los periodistas la “unidad” que ha apreciado entre trabajadores y dirección de la empresa.

 

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‘The Economist’ tacha de débil el programa de Podemos

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Fuente: economia http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/40bc52b7/sc/36/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A140C110C220Ceconomia0C14166618440I0A0A94770Bhtml/story01.htm

Luchar contra la tentación

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Por qué el mercado de divisas se metió en problemas por el intento de fijar tipos? Esa pregunta puede sonar ingenua después de un flujo aparentemente interminable de escándalos bancarios. Pero el mercado de divisas debería haber sido la excepción. Intercambiar una moneda por otra es una tarea complicada. Los fracasos en las mesas de negociación de divisas, como detallan los reguladores que multaron a seis bancos con 4.300 millones de dólares (3.450 millones de euros) a principios de este mes, demuestran que este negocio tiene más puntos débiles de lo que parece.

Todo lo relacionado con la compra y venta de monedas parece un negocio honesto. Para empezar, tiene efectos económicos claros y valiosos: facilita el comercio, los viajes y la inversión. Y es fácil ver cómo las instituciones financieras deberían encajar. Combinan y equilibran órdenes y pueden usar su propio capital para suavizar los mercados y ofrecer garantías sobre los tipos de cambio futuros.

Si el cambio de divisas se define en esos términos, se trata de un negocio en el que debería ser fácil para reguladores y jefes señalar el juego sucio: cualquier compraventa de divisas que no sirva directamente al comercio, los viajes o la inversión merece un estudio crítico.

El intercambio de divisas ha mostrado que es vulnerable a la falta de honradez. Los operadores de firmas rivales se unieron para compartir información confidencial en un intento de manipular los tipos de cambio del G-10, según han encontrado los investigadores.

El escándalo en el mercado de divisas ilustra a la perfección la naturaleza dual de las finanzas

Creo que el verdadero problema fue un fallo de reguladores, bancos y legisladores al considerar qué función tiene el mercado de divisas en la economía. Si hubieran usado eso como una forma de evaluar sus riesgos, habría habido medidas drásticas hace mucho tiempo.

Por ejemplo, sobre el gran tamaño del mercado. Había transacciones en el mercado de divisas por valor de 5.300 billones dólares al día en 2013, según el Banco de Pagos Internacionales. Eso es aproximadamente 3,5 veces más que en 1998 y 15 veces más que el PIB global diario. Eso sugiere más actividad de la que la economía realmente necesita. Ese ritmo de crecimiento debería haber preocupado a gerentes y reguladores. No lo hizo.

Por cada gramo de negocio económico adicional merecido, hubo una tonelada de operaciones creadas para especular, aprovechando el apalancamiento barato, la amplia liquidez y la adrenalina de mercado. Era un lugar para los jugadores.

Todo el mundo debería saber que los juegos de azar y la especulación llevan aparejada una fuerte tentación de hacer trampas. Eso explica por qué los gobiernos, incluso cuando permiten los juegos de azar, en general, luchan duro para que sigan siendo honestos. Pero en el mercado de divisas, las autoridades no sospecharon lo suficiente. La represión comenzó en serio el año pasado, pero los fallos recientemente descubiertos en los sistemas y controles se remontan a 2008.

Se han acordado sanciones –con la probabilidad de que haya más– y se han anunciado reformas. El aumento de actividad presumiblemente ayudará a enderezar la conducta, al menos por un tiempo. Pero el problema de fondo sigue siendo tan grande como siempre. Nunca debería haberse permitido que este mercado fuera más allá de lo que veo como sus funciones básicas –la facilitación del comercio, los viajes y la inversión–.

El escándalo es una ilustración perfecta de la naturaleza dual de las finanzas. Tienen un lado positivo. El intercambio de divisas es de vital importancia en cualquier economía desarrollada. Pero, por otro lado, las finanzas también implican el comercio y la especulación. En el lado bueno, estas actividades pueden generar una pequeña cantidad de bien económico. En el malo, alientan la codicia.

No siempre es fácil distinguir lo bueno y lo malo de las finanzas. Sin embargo, no se necesita la sabiduría de Salomón para determinar que poca parte de la expansión del sistema financiero en las últimas tres décadas ha sido de ayuda.

Hay que llevar a cabo una criba. Reguladores, bancos y políticos deberían decidir lo que habría que salvar, lo que tendría que ser prohibido totalmente y lo que debería salir de la red de protección de los gobiernos. Por desgracia, ni siquiera están haciendo la pregunta correcta: ¿a qué propósito de la economía sirve cualquier negocio financiero?

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Las 12 claves de la reforma fiscal

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Sin poder de decisión en la política monetaria, en manos del Banco Central Europeo, los impuestos se han convertido en la principal herramienta económica del Gobierno. La legislatura actual se inició con un incremento sin precedentes del IRPF para atajar el desbocado déficit público. A esta medida siguieron otras en la misma línea. Desde 2011, han aumentado el IVA, el IBI, el impuesto sobre sociedades a través de la supresión de deducciones, el impuesto sobre plusvalías municipales y otros tributos locales y autonómicos.

Según Hacienda, este esfuerzo de los contribuyentes no ha sido en balde. El Gobierno defiende que el déficit público –todavía lejos del umbral del 3% del PIB– está bajo control y la recuperación económica –débil aún– es un hecho. En este contexto aparece la reforma fiscal que el Congreso aprobó definitivamente el pasado jueves y que incluye una rebaja de tipos en el IRPFy el impuesto sobre sociedades. El departamento de Cristóbal Montoro niega que esta reducción fiscal se deba a la cercanía de las elecciones generales, autonómicas y locales.

La idea inicial del Gobierno era abordar una reforma global de todo el sistema tributario. Estaba previsto modificar figuras fiscales de competencia autonómica como el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Sin embargo, esa ambición primera quedó en el cajón tras constatar Hacienda la dificultad de reformar el sistema de financiación autonómica en un contexto de carestía de recursos.

De hecho, el comité de expertos elegido en junio de 2013 por Hacienda para elaborar propuestas de modificación del sistema fiscal presentó un documento que abarcaba todas las figuras impositivas. “No dejamos títere con cabeza”, señaló el presidente del grupo de sabios, Manuel Lagares.

Finalmente, la reforma fiscal afecta solo al IRPF, el impuesto sobre sociedades y, en mucha menor medida, al IVA. El buque insignia de la reforma fiscal es la rebaja de tipos y tramos en el IRPF que permitirá que, ya en enero, el sueldo neto de todos los trabajadores se incremente por la reducción de las retenciones que se aplican sobre las nóminas. Si bien también hay medidas negativas para los contribuyentes, como la supresión de los coeficientes de actualización que se aplicaban hasta ahora a las plusvalías inmobiliarias, Hacienda sostiene que la reforma del IRPF supondrá un ahorro de 3.366 millones en 2015 y 2.615 millones en 2016. En el impuesto sobre sociedades, donde la rebaja de tipos también se acompaña de la eliminación de deducciones, el Gobierno calcula que se generará un ahorro fiscal para las empresas de 437 millones el próximo año y de 2.641 millones el siguiente. En total, un ahorro de 9.000 millones en dos años.

Salarios:

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es el tributo que más recursos aporta al Estado. Grava los rendimientos del trabajo de asalariados y autónomos y también los beneficios derivados del ahorro y las plusvalías. Actualmente, el tributo que grava las rentas del trabajo –el ahorro aplica otra tarifa– cuenta con siete tramos y con tipos que van del 24,75% al 52% por regla general. Estos porcentajes son el resultado del incremento fiscal aprobado en 2011 y que supuso subir entre 0,75 y siete puntos los gravámenes. Con la reforma fiscal, los tramos se reducirán a cinco. El tipo mínimo bajará hasta el 20% y el máximo quedará en el 47% el próximo año. En 2016, cuando entrará en vigor la segunda fase de la reforma, el mínimo se situará en el 19% y el máximo en el 45%.

Actualmente, el gravamen superior del 52% se aplica para rentas que rebasan los 300.000 euros; en cambio, el tipo máximo del 47% en 2015 empezará a regir a partir de 60.000 euros. Para el Gobierno, la reforma del IRPF acentúa la progresividad del tributo y beneficia sobre todo a las rentas bajas. En cambio, la oposición asegura que los ricos son los principales ganadores. ¿Quién tiene razón? Por un lado, es cierto que la mayor reducción de tipos se registra en las rentas altas al reducirse el porcentaje del 52% al 45% en dos años. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la rebaja fiscal implica fijar el gravamen máximo en el nivel previo a la fuerte subida tributaria que entró en vigor en enero de 2011 y que ya se anunció como temporal.

La rebaja del tipo mínimo, que pasa del 24,75% al 20%, sí supone establecer un porcentaje de tributación inferior al vigente en el inicio de la legislatura. En términos porcentuales, la rebaja fiscal es superior para los tramos más bajos de renta. Un ejemplo, un contribuyente sin hijos que gana 20.000 euros brutos al año paga hoy por IRPF 2.704,4 euros, una cifra que bajará hasta los 2.450 euros en 2015. Supone una reducción de 254,4 euros y del 9,4%.

Para un trabajador con un sueldo de 40.000 euros brutos anuales, la rebaja fiscal implica pasar de pagar 8.418 euros en 2014 a 8.164,9 euros en 2015. Es decir, 253,1 euros menos en números absolutos y una rebaja del 3%. ¿Y para un sueldo de 100.000 euros? En este caso, la cuota a pagar actual del IRPFasciende a 35.221,6 euros y bajará hasta los 34.307,3 euros. Una reducción de 914,3 euros que, en términos porcentuales, representa un 2,6%. Así, a medida que aumenta el sueldo bruto, la reducción es menor. Ello se cumple en los tramos de renta que llegan hasta 100.000 euros. Sin embargo, a partir de ese nivel, la rebaja fiscal es superior para los tramos más elevados. Por ejemplo, un contribuyente que gana 300.000 euros verá su factura fiscal reducida en un 5%, un nivel superior al registrado por el contribuyente con un sueldo de 40.000 euros. Ello se explica porque también las rentas altas fueron las que más sufrieron el incremento fiscal aprobado en 2011 y que la reforma tributaria anula.

El Gobierno prometió que, al concluir la actual legislatura, los españoles pagarían menos impuestos que al final de la etapa socialista. Analizando solo el IRPF–sin tener en cuenta la subida del IVA y otros tributos–, la promesa se cumple en parte. En el IRPFde 2015 –cuando se cumplirán cuatro años de la victoria de Mariano Rajoy–, solo los contribuyentes con rentas inferiores a 22.000 euros pagarán menos que en 2011. Sin embargo, en 2016, cuando entra en vigor la segunda fase de la reforma todos los asalariados gozarán de un IRPFmenor que el vigente en 2011. Ello es así salvo para las rentas superiores a 95.000 euros que seguirán pagando más que al inicio de la legislatura. El motivo es que, en 2011, el tipo del 45% se aplicaba a partir de 175.000 euros y, en 2016, el umbral quedará fijado en 60.000 euros. En cualquier caso, todos los trabajadores sin excepción verán como su sueldo neto aumenta a partir de enero respecto a 2014 porque la retención que se aplica sobre las nóminas se reducirá.

Familia:

España, según datos de la OCDE, es uno de los países donde menos se premia fiscalmente tener hijos. Es decir, la diferencia entre el IRPFque paga un contribuyente sin descendencia respecto a otro con igual salario con hijos es inferior a la mayoría de países. La reforma fiscal incrementa los mínimos personales y familiares, la parte de renta del trabajo exenta de tributar por considerarse que sirve para cubrir las necesidades básicas de los contribuyentes. Actualmente, todo contribuyente del IRPF, por el mero hecho de serlo, cuenta con un mínimo exento de 5.151 euros que aumentará en 2015 a 5.550. Por el primer hijo, hoy la renta exenta se incrementa en 1.836 euros y el próximo año será de 2.400 euros. Para el segundo hijo, se pasará de 2.040 euros adicionales a 2.700 euros. Para el tercero, de 3.672 euros a 4.000 euros. Y, para los cuartos y siguientes, de 4.182 euros a 4.500 euros. Además, para los vástagos menores de tres años, existe una beneficio fiscal adicional de 2.244 euros que subirá a 2.800 euros.

Sin embargo, el incremento de los mínimos exentos se ve paradójicamente mitigado por la rebaja de los tipos impositivos. Ello es así por el funcionamiento del IRPF. El mínimo exento tributa también a la tarifa del impuesto y el resultado se resta de la cuota a pagar. Es decir, un contribuyente con dos hijos cuenta hoy con un mínimo exento de 9.027 euros que, tras llevarlo a la tarifa del primer tramo del 24,75%, permite reducir la factura del IRPF en 2.234,1 euros. ¿Qué sucederá en 2015? Pues que este contribuyente verá incrementado su mínimo personal hasta los 10.650 euros. Sin embargo, ese importe irá a la nueva tarifa del 20% y dará derecho a reducir la cuota a pagar en 2.130 euros. Así, en muchos casos, el efecto del incremento de los mínimos personales queda neutralizado por el efecto de la reducción de los tipos impositivos.

Ello no evita que todos los contribuyentes –con o sin hijos– verán reducida su presión fiscal para el próximo año. Un trabajador con dos hijos que gana hoy 35.000 euros pasará de pagar por IRPF 6.353,5 euros en 2014 a 6.086,5 euros en 2015. Una rebaja del 4,2%. La reducción, para este mismo sueldo bruto y para un empleado sin hijos, será del 3,4%. Así, la reducción es ligeramente mayor para los contribuyentes con hijos, aunque no tanto como el incremento de los mínimos podría sugerir.

Otra novedad importante y beneficiosa para los contribuyentes es la ampliación de los impuestos negativos, es decir, dinero que la Administración ingresa directamente en la cuenta del contribuyente. Actualmente, las madres trabajadores gozan de una ayuda de 1.200 euros. Con la reforma fiscal, ese mismo importe se abonará a familias numerosas o con hijos con discapacidad, entre otros supuestos. Además, la ayuda de 1.200 euros será acumulable para cada una de las situaciones familiares con derecho a acogerse a este beneficio tributario.

Patrimonio:

En ocasiones, tan relevante es lo que se ha incluido en la reforma fiscal como lo que queda fuera de ella. Por ejemplo, el Ejecutivo ha renunciado a modificar el impuesto sobre el patrimonio, un tributo estatal sobre el que las comunidades autónomas tienen una amplia competencia. Sin embargo, en los Presupuestos Generales para 2015 se ha aprobado una enmienda que prorroga la vigencia un ejercicio más de un impuesto que estaba previsto que desapareciera este año. De hecho, el impuesto sobre el patrimonio es el gran superviviente del sistema fiscal. Fue ideado en 1978 como un tributo “extraordinario” y de carácter transitorio. Y estuvo vigente hasta 2008, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo suprimió. El mismo Ejecutivo lo recuperó, con modificaciones, para los ejercicios 2011 y 2012. Sin embargo, el actual Gobierno de Mariano Rajoy ha ido prorrogando cada año su vigencia y retrasando su desaparición. El impuesto sobre el patrimonio grava la riqueza neta superior a 700.000 euros y la vivienda habitual está exenta hasta un importe de 300.000 euros.

El impuesto se aplica en todas las comunidades de régimen común con la única excepción de Madrid, donde el tributo está bonificado al 100%. En cambio, otras comunidades como Cataluña han rebajado hasta los 500.000 euros el mínimo exento. Por ejemplo, un contribuyentes con un patrimonio de cuatro millones de euros pagará 41.950 euros si reside en Cataluña y nada si vive en la Comunidad de Madrid. Lo que determina la tributación en uno u otro territorio es la residencia fiscal del declarante, con independencia de dónde tenga ubicado su patrimonio.

Vivienda:

El actual IRPF contempla dos beneficios fiscales para aquellos que venden una vivienda y logran una plusvalía. En primer lugar, todos los contribuyentes sin excepción tienen derecho a corregir el beneficio obtenido por los coeficientes de actualización que cada año se publican en los Presupuestos. Ello se hace para tener en cuenta el efecto de la inflación. Además, si la casa que se vende fue adquirida antes de 1995, la legislación también contempla una rebaja adicional para la plusvalía generada desde la fecha de compra hasta el 19 de enero de 2006.

La reforma inicial que presentó el Gobierno incluía la supresión de los coeficientes de actualización y de abatimiento, lo que implicaba un duro castigo fiscal para los contribuyentes que vendan a partir de 2015 una vivienda. Ante las presiones, Hacienda reformuló parcialmente en el Senado su propuesta. La reforma fiscal aprobada mantiene la idea inicial de suprimir los coeficientes de actualización que se aplicaban hasta ahora todos los contribuyentes que obtuvieran una ganancia patrimonial por la venta de inmuebles. Esta medida implica que no se tendrá en cuenta la inflación en las operaciones inmobiliarias. Un ejemplo: un contribuyente compró una vivienda por 100.000 euros en el año 2000 y la vende por 150.000 euros en 2014. Con la ley vigente, el precio de adquisición (100.000 euros) se multiplica por 1,2072 y da como resultado 120.720 euros. Así, siguiendo con el ejemplo, la operación genera un beneficio de 29.280 euros que tributa en el tramo del ahorro del IRPF. A partir de 2015, se elimina el coeficiente de actualización y, por lo tanto, el beneficio a efectos fiscales de la venta de un piso que se compró por 100.000 euros y se vende por 150.000 será 50.000 euros. Adiós a la corrección por inflación.

Sin embargo, Hacienda finalmente aceptó que aquellos que compraron antes de 1995 tengan derecho a seguir aplicando los coeficientes de abatimiento con un límite de 400.000 euros por el valor de transmisión. ¿Y esto qué significa? Implica que si un contribuyente vende un inmueble por 500.000 euros a partir de 2015, los coeficientes de abatimiento solo tendrán efecto sobre los primeros 400.000 euros. Dicho de otra forma, el coeficiente de abatimiento se aplicará sobre el 80% de la plusvalía generada entre la fecha de adquisición y el 19 de diciembre de 2006.

La fórmula rocambolesca no acaba aquí. Hacienda hila fino y señala que el límite de 400.000 euros no se aplica individualmente por cada operación, sino que se tiene en cuenta la suma total de ganancias patrimoniales logradas a partir de 2015. De alguna forma, implica que Hacienda da un bono de 400.000 euros a los contribuyentes que desaparece cuando se agota. Si un contribuyente vende bienes como viviendas o acciones adquiridas antes de 1995 y supera el umbral de 400.000 euros, ya no podrá beneficiarse en el futuro de los coeficientes de abatimiento. Cuanto más antiguo es un bien, mayor es el coeficiente corrector. Así, es recomendable que los contribuyentes se desprendan antes de los bienes más antiguos para aprovechar al máximo el incentivo fiscal.

Alquiler:

La reforma fiscal introduce cambios en los beneficios fiscales tanto para caseros como para inquilinos. Desaparece la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, que pueden aplicarse en la actualidad los contribuyentes con rentas inferiores a 24.107 euros. La medida no tendrá efectos retroactivos: los inquilinos que hoy se benefician de la deducción podrán mantenerla hasta que finalice su contrato de alquiler. Los expertos aconsejan que quienes estén pensando alquilar una vivienda firmen el contrato antes de que acabe el año.

Actualmente, los inquilinos tienen derecho a deducirse el 10,05% de las rentas destinadas a pagar el alquiler de la vivienda habitual con un máximo de 9.040 euros para bases imponibles inferiores a 17.707,2 euros. Este límite se reduce progresivamente para bases entre 17.707,2 euros y 24.107 euros. Un contribuyente que tiene una base imponible de 21.500 euros y paga 575 euros al mes de alquiler (6.900 euros al año), tendría una base máxima de la deducción de 3.683 euros, y el importe de la reducción fiscal sería de 370 euros.

Los propietarios de una vivienda en alquiler, mantienen el derecho a reducirse en el IRPF el 60% de los rendimientos obtenidos. Sin embargo, la exención vigente del 100% que se aplicaban los propietarios de una vivienda cuando los inquilinos era menores de 35 años desaparece.

Desde el sector inmobiliario se ha criticado que el Ejecutivo defienda el desarrollo del mercado del alquiler de viviendas, al tiempo que reduce los beneficios fiscales tanto a los arrendadores como a los inquilinos. Algunas comunidades autónomas ya han reaccionado a la supresión o recorte de estas deducciones, anunciando medidas que utilizarán sus potestades fiscales para seguir incentivando el alquiler de pisos.

Dación en pago:

Otra de las medidas que se engloban dentro de la reforma fiscal, aunque ya fue aprobada en julio, consiste en una exención tributaria en los supuestos de daciones en pago y ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. Hasta ahora, un contribuyente que hubiera comprado una vivienda y no fuera capaz de pagar las cuotas se enfrentaba a una ejecución o, en algunos casos, negociaba una dación en pago. Ambas operaciones conllevaban el pago de impuestos por una supuesta ganancia patrimonial.

Un ejemplo: un contribuyente adquirió su vivienda por 100.000 euros y ahora no puede devolver al banco el préstamo hipotecario. En el momento de acordar la dación en pago de la vivienda (se salda la deuda al entregar el piso), el contribuyente podría haber acumulado una deuda de 110.000 euros, por intereses y penalizaciones de demora. En términos fiscales, cuando la casa pasa a manos del banco, el contribuyente ha obtenido una plusvalía de 10.000 euros, que es la diferencia entre la deuda pendiente con el banco y el precio de adquisición de la casa. Con la ley vigente hasta el pasado 4 de julio, ello equivalía a pagar 2.260 euros a Hacienda por el supuesto beneficio fiscal.

Con el cambio normativo, la plusvalía derivada de la dación en pago quedará exenta. Lo mismo sucederá si el beneficio procede de una ejecución hipotecaria. La exención se limita a la vivienda habitual y será aplicable siempre y cuando el contribuyente no disponga de otros bienes para afrontar el pago de la deuda. El Ejecutivo ha fijado que la nueva normativa tenga efectos retroactivos a partir de enero de 2014 y los ejercicios anteriores no prescritos. Esto significa que si un contribuyente ya asumió a partir del ejercicio de 2010 la tributación por una dación en pago que generó una plusvalía, podrá reclamar a Hacienda que le devuelva el dinero ya pagado.

Inversión:

La reforma fiscal trae ventajas para aquellos ahorradores e inversores que obtienen de sus rentas una parte sustanciosa de los ingresos anuales. La reforma fiscal les beneficia porque incluye una rebaja de los tipos impositivos que se aplican sobre las plusvalías y los rendimientos del ahorro. Actualmente, los primeros 6.000 euros tributan al 21%, entre 6.000 euros y 24.000 euros aplican un 25% y, por encima de ese nivel, se grava al 27%. A partir del próximo año, los primeros 6.000 euros irán al 20%, entre 6.000 y 50.000 euros tributarán al 22% y, todo lo que quede por encima, sufrirá un porcentaje del 24%. Los tipos en 2016 volverán a reducirse hasta el 19%, 21% y 23%, respectivamente.

Aun así, de alguna forma, la rebaja fiscal supone simplemente anual el incremento que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy al inicio de la legislatura. De hecho, la fiscalidad sobre el ahorro seguirá en 2016 por encima de la vigente con el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. En la etapa socialista, solo había dos tramos con tipos que iban del 19% al 21%.

La reforma fiscal incluye más modificaciones en los ingresos del capital. Para el pequeño inversor, un contratiempo. Los primeros 1.500 euros cobrados en forma de dividendos, que hasta ahora estaban exentos de tributación en el impuesto sobre la renta, deberán tributar en su totalidad a partir de 2015. Así, un contribuyente con inversiones en Bolsa y que reciba por ellas un dividendo de 800 euros en un año, pasará de cobrar estos 800 euros limpios en el presente ejercicio a recibir 640 el año próximo. Ello es así porque deberá pagar a Hacienda el 20% de los 800 euros de ganancia.

Aunque para los inversores en Bolsa, la reforma también trae una gran ventaja: las plusvalías obtenidas a corto plazo dejan de estar penalizadas. Actualmente, las ganancias de una operación bursátil realizada en menos de 12 meses tributa como si fuera un rendimiento del trabajo y, por lo tanto, aplica tipos más elevados que pueden alcanzar hasta el 52% o el 56% en algunas comunidades. A partir de 2015, todas las plusvalías tributarán en la tarifa del ahorro con independencia del periodo de generación.

Jubilación:

Cal y arena para los planes de pensiones. Estos productos de inversión son una de las fórmulas favoritas de las rentas medias-altas para reducir su factura fiscal, y lo seguirán siendo, aunque quizá en menor medida. Hacienda ha reducido la aportación máxima a planes de pensiones que goza de ventaja fiscal. Pasa de 10.000 euros anuales –12.500 a partir de los 50 años– a 8.000 euros con carácter general a partir de 2015.

Estas aportaciones suponían reducciones en la base imponible, y por lo tanto el efecto fiscal dependía del tipo soportado por cada contribuyente: cuanto más ganaba (y mayor era el tipo), más beneficio fiscal tenía. La reducción de estos límites pondrá coto a las aportaciones por parte de rentas más altas.

Este efecto negativo sobre los planes de pensiones se podría compensar con otra faceta de la reforma. Hacienda ha previsto que estos productos se podrán rescatar a los 10 años sin penalización fiscal. Esto permite dedicar dinero al plan de pensiones sin necesidad de inmovilizar el ahorro hasta la edad de jubilación, lo que abre la puerta de los planes a contribuyentes más jóvenes de rentas medias, lógicamente reticentes ahora a aparcar dinero durante dos o tres décadas.

No cambia el otro aspecto clave de los planes de pensiones: el rescate. Los planes seguirán tributando como rendimiento del trabajo cuando se rescatan, por lo que hacerlo de una vez (en el momento de la jubilación) seguirá suponiendo más de un susto al hacer la declaración. Al computar como ingreso normal, el contribuyente salta de tramo y estos ingresos pagan el tipo marginal, el más alto. Un ejemplo: si un contribuyente gana 45.000 euros y rescata un plan de pensiones que asciende a 20.000 euros, pagará por IRPF como si hubiera ganado 65.000 euros en el momento del cobro. Ello supone llegar a tributar al marginal máximo que se fija en el 47% a partir de 2015 para rentas superiores a 60.000 euros. Las aportaciones realizadas con anterioridad a 2007 están, eso sí, parcialmente bonificadas.

Si el plan de pensiones se rescata como renta vitalicia, mensualmente, sus plusvalías tributan igualmente. Pero como se trata de un ingreso periódico, no “inflan” la renta del contribuyente y este pagará el mismo IRPF, o uno algo superior, al que le toca según sus ingresos.

La reforma fiscal crea una nueva figura de ahorro a medio y largo plazo, conocida como los planes Ahorro 5, que permitirán a los contribuyentes aportar a estos productos hasta 5.000 euros al año con exención tributaria, siempre que la inversión se mantenga durante cinco ejercicios. Transcurrido este periodo de tiempo, la inversión se podrá renovar. Los planes Ahorro 5 podrán tener un formato de cuenta bancaria o de seguro de ahorro, y el titular podrá movilizar el dinero dentro de esta clase de producto, sin ningún coste fiscal.

Pymes:

El impuesto sobre sociedades cuenta hoy con un tipo del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes. La reforma fiscal rebaja el gravamen general del 30% al 25% en dos años, pero este descenso no tiene su equivalente para las pequeñas y medianas compañías. No obstante, es cierto que el tipo del 25% para las pymes se aplica hoy para los primeros 300.000 euros de beneficio y el resto va al 30%. Con la reforma fiscal, el gravamen del 25% regirá para toda la ganancia a partir de 2016.

El argumento de Hacienda, que coincide con el del comité de expertos para la reforma fiscal, es que fijar tipos diferentes en función del tamaño de la empresas desincentiva el crecimiento empresarial, crea distorsiones y, en definitiva, perjudica a la economía. Ello es así porque una pyme podría optar por fragmentar su actividad para evitar los tipos incrementados.

Aun así, las pymes contarán con incentivos fiscales particulares para que su tributación efectiva sea inferior que la soportada por grandes compañías. Hacienda ha puesto en marcha un mecanismo denominado “reserva de nivelación”. Este beneficio tributario permite a una pyme “guardar” beneficios para compensar posibles pérdidas en los próximos cinco años. La reserva tiene un límite del 10% de la base imponible (es decir, de los beneficios), con un máximo de un millón de euros. Así, una empresa puede optar por no tributar por estos beneficios. Un ejemplo: una pyme que gana 100.000 euros pagará 25.000 euros por el impuesto sobre sociedades, el 25%. Sin embargo, en 2015 podrá optar por reducir su base imponible en el 10% (10.000 euros) y tributaría por 90.000, pagando 22.500 euros. Aunque si en los próximos cinco años no entra en pérdidas (o, mejor dicho, bases imponibles negativas) tendría que abonar los 2.500 euros de diferencia. Así, este fondo de reserva puede minorar el tipo efectivo de las pymes del 25% al 22,5%.

La única excepción al gravamen del 25% en el nuevo impuesto sobre sociedades beneficia a las empresas de nueva creación. Para ellas se mantiene el tipo reducido del 15% establecido ya por la Ley de Emprendedores. Ese gravamen se aplicará a los primeros 300.000 euros de base imponible y será del 20% para el exceso de dicho importe durante dos años: el primer ejercicio con base imponible positiva y el siguiente.

Las pymes, además, también se ven afectadas por los cambios generales en el impuesto de sociedades. Especialmente reseñables son la eliminación de algunas deducciones y la creación de la reserva de capitalización, que puede reducir en otros dos puntos el tipo efectivo para estas empresas, hasta el entorno del 20,25%.

A partir del próximo año desaparece la deducción por inversión de beneficios que podían aplicarse las entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a diez millones de euros. Como apunta el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), puede resultar fiscalmente interesante anticipar inversiones en 2014 con cargo a los beneficios para aprovechar la vigencia del incentivo fiscal.

Fuera del marco de la reforma tributaria, el Ejecutivo no ha prorrogado en los Presupuestos del próximo ejercicio el beneficio fiscal para pymes y autónomos por mantenimiento o creación de empleo, un incentivo que se venía aplicando desde 2009. Hacienda defiende que las rebajas impositivas que contempla la reforma fiscal resultan suficientemente intensas para justificar la eliminación de un incentivo tributario que tenía un impacto de 57 millones para las pymes.

Autónomos:

Los trabajadores por cuenta propia tributan en el IRPF y, por lo tanto, se beneficiarán de la reducción de los tipos impositivos. Además, el proyecto de ley que aprobó el Gobierno contemplaba que la retención actual del 21% que sufren con carácter general los trabajadores por cuenta propia bajase al 20% el próximo año y al 19% el siguiente. Sin embargo, en la tramitación parlamentaria se estableció que el descenso fuera más intenso. Así, la retención caerá al 19% en 2015 y se fijará de forma definitiva en el 18% a partir de 2016.

En cualquier caso, estas rebajas no llegan a compensar la subida de las retenciones practicada por el Ejecutivo en el pasado. En septiembre de 2012, el actual Gobierno de Mariano Rajoy elevó del 15% al 21% la retención para los autónomos, un incremento que debía mantenerse hasta 2013. Sin embargo, las necesidades de financiación de la Administración llevaron al Ejecutivo a prorrogar el tipo del 21%. Aun así, para los autónomos con menores recursos, el Ejecutivo rebajó en julio los límites, que pasaron al 15% siempre que la renta fuera inferior a 15.000 euros y supusiera al menos el 75% de los ingresos del contribuyente.

Los nuevos autónomos también cuentan con una reducción del 20% por el rendimiento de actividades económicas durante los dos primeros ejercicios de actividad. Por otro lado, hay cambios en el sistema de módulos, que se vuelve más restrictivo en este ejercicio. Se reduce el umbral para poder tributar por este sistema, desde un máximo de 450.000 euros de ingresos y 300.000 de gastos a 150.000 euros por cada concepto. Además, no se pueden acoger a los módulos los autónomos que facturen menos de un 50% del total a personas físicas (es decir, los que facturan a otras empresas) ni las actividades relacionadas con la construcción: albañiles, fontaneros, instaladores, carpinteros, cerrajeros o pintores.

Despido:

El anteproyecto de ley de reforma fiscal contemplaba fijar un mínimo exento en la indemnización por despido de 2.000 euros por año trabajado. En la práctica equivalía a un salario de 20.000 euros anuales. Esta medida fue muy criticada tanto por los agentes sociales como por todo el arco parlamentario. Ante tanta oposición, el Ministerio de Hacienda reformuló su propuesta, aunque mantuvo su idea inicial de que las indemnizaciones por despido deben tributar, como lo hacen en todos los países europeos salvo en Francia. El Gobierno de Mariano Rajoy siguió el ejemplo de Navarra y estableció una exención global de 180.000 euros. Así, en lugar de fijar un límite anual de 2.000 euros se optó por establecer un umbral para el conjunto de la indemnización. Esta fórmula se vio con mejores ojos desde los sindicatos porque la mayor parte de los despedidos no alcanza ese umbral y, por lo tanto, no deberán tributar.

La nueva tributación se aplica a todas las indemnizaciones por despido producidas a partir del pasado 1 de agosto, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobó la reforma fiscal. Por ejemplo, un contribuyente que reciba tras ser despedido 200.000 euros, tributará por 20.000 euros en el impuesto sobre la renta. Además, ese importe tendrá, con carácter general, derecho a la reducción por rentas obtenidas de forma irregular y con un periodo de generación superior a dos años. Actualmente, la reducción es del 40%, pero con la reforma fiscal se reduce al 30%. Así, siguiendo el ejemplo propuesto, la parte de indemnización que se imputaría como rendimiento del trabajo en el IRPF se situaría en los 14.000 euros.

Con la anterior legislación, las indemnizaciones por despido solo tributaban si superaban el máximo que marca la ley (los 45 días por año trabajado antes de la reforma laboral y los 33 días tras la reforma).

Empresas:

España cuenta con un tipo nominal del impuesto sobre sociedades del 30%, que representa el séptimo porcentaje más elevado de la Unión Europea. Las empresas llevan años reclamando la reducción de este gravamen y la reforma fiscal recoge la propuesta. El tipo nominal bajará al 28% en 2015 y quedará definitivamente fijado en el 25% a partir de 2016.

La rebaja de tipos se acompaña con otras medidas como la supresión de incentivos fiscales. Por ejemplo, desaparece la deducción por reinversión –una de las más relevantes del impuesto– y por medioambiente. Además, se elimina la deducibilidad de las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, del intangible (incluyendo el fondo de comercio) y de las inversiones inmobiliarias. El Registro de Economistas Asesores Fiscales_(REAF) apunta que siempre es recomendable revisar a fin de año el valor de los activos para ver si se han deteriorado, sin embargo, apunta que es especialmente acuciante hacerlo en 2014 porque el deterioro contable ya no será deducible.

El informe de los expertos liderados por el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares proponía eliminar casi todas las deducciones, sin embargo, el Ejecutivo no ha ido tan lejos. Por ejemplo, mantiene y mejora los incentivos fiscales para las empresas que inviertan en I+D+i. Las compañías que destinen cuantías superiores al 10% de su cifra de negocio a I+D podrán elevar de tres a cinco millones de euros anuales el importe monetizable de la deducción.

Uno de los principales cambios que ha registrado en los últimos años el impuesto sobre sociedades se mantiene con la reforma fiscal. Se trata del límite a la deducibilidad de los gastos financieros. Hasta 2012, las compañías podían deducirse sin restricción alguna los intereses pagados por los préstamos. Esto cambió y se fijó un límite equivalente al 30% del beneficio operativo. La restricción permanece. Hacienda entiende que el excesivo endeudamiento empresarial se debe, en parte, a que el sistema fiscal incentivaba la financiación ajena. Por ese motivo mantiene el límite a la deducción y, además, establece un nuevo incentivo para fomentar la capitalización de las empresas. Las compañías tendrán derecho a una minoración del 10% de la base imponible por el incremento de los fondos propios.

La reforma del impuesto sobre sociedades tiene en cuenta que el déficit público en España, que cerrará este año en el 5,5%, debe reducirse al 2,8% en 2016. Por ello, se prorrogan medidas temporales como los tipos incrementados de los pagos fraccionados o la rebaja de la deducción del fondo de comercio. Sobre la compensación de bases imponibles negativas, en 2015 se mantiene el límite del 50% y del 25% para empresas con cifra de negocios superiores a 20 y 60 millones, respectivamente. En 2016, el umbral será del 60% para todas las empresas y, en 2017, del 70%.

Información elaborada por Jaume Viñas, Nuño Rodrigo, Cecilia Castelló, Pablo Martín Simón y Miguel M. Mendieta.

Fuente: cincodias.com http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624600/s/40bb1e7e/sc/36/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A140C110C210Cmercados0C141660A40A520I3912280Bhtml/story01.htm

Detenido el exprimer ministro portugués José Sócrates

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El ex primer ministro luso José Sócrates fue detenido hoy por su presunta vinculación con un caso sobre fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción.

El exmandatario fue arrestado a su llegada al aeropuerto de Lisboa en un vuelo procedente de París, según informan los medios lusos.

La Fiscalía lusa confirmó su arresto y el de otras tres personas que ya han sido interrogadas hoy por su supuesta implicación en esta trama de corrupción.

“Entre los detenidos se encuentra José Socrates”, precisa la Fiscalía en un comunicado, en el que añade que en el marco de esta operación se han realizado registros en varios locales.

La detención del carismático socialista José Sócrates por sospechas de fraude fiscal ha provocado un terremoto político en Portugal, donde gobernó entre 2005 y 2011, hasta que la crisis le pudo y firmó el rescate al país.

El arresto de Sócrates, el primero de un exprimer ministro en la historia de Portugal, empaña la imagen de un político que había regresado al debate público hace un año y medio, y al que algunas quinielas veían como posible candidato a Presidente de la República.

Optimista, tenaz, con dotes de oratoria y muy activo, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, de 57 años, se había mudado a París en el verano de 2011, después de perder las elecciones anticipadas de junio de ese año frente a los conservadores del PSD.

Se fue a la capital francesa a estudiar una maestría en Teoría Política en el instituto universitario Science Po, que resultó en el libro “La confianza en el mundo: sobre la tortura en democracia”, presentado el pasado año con el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como uno de los invitados.

En su primera aparición pública desde que abandonó el Gobierno, en marzo de 2013, Sócrates firmó una estelar entrevista en el canal público RTP, en la que acusó a los conservadores que gobiernan Portugal de haberle forzado a pedir el rescate financiero por no haber apoyado los Presupuestos.

“Luché con todas mis fuerzas para no pedir ayuda internacional, fui obligado a hacerlo”, dijo entonces Sócrates, quien echó en cara al PSD y a los democristianos, partidos del Gobierno, la aplicación de una austeridad mucho más dura de la exigida por la troika.

Sócrates, a quien le gustaba apelar en sus discursos por un Portugal moderno y europeísta, también atacó en aquella entrevista al jefe del Estado, Aníbal Cavaco Silva, al que vio como “la mano escondida tras la crisis” que derribó su Gobierno y forzó el rescate.

En aquella entrevista, acuñó el término “narrativa” para referirse al repetido discurso de ataque y, a su juicio, engañoso, que emitía la derecha sobre él.

Para Sócrates, la coyuntura internacional fue la que influyó en el escenario de crisis, y no la gestión de su Gobierno, que venció al “déficit crónico”.

Desde entones, el político recuperó crédito en muchas capas del país y se convirtió en tertuliano de la RTP.

Considerado barón del Partido Socialista (PS), del que fue secretario general entre 2004 y 2011, y un delfín del ex primer ministro António Guterres, Sócrates dio su respaldo en las primarias al actual candidato a primer ministro, António Costa.

Para muchos analistas, ese apoyo de Sócrates a Costa puede costarle caro al PS, cuando falta un año para las legislativas en las que los socialistas parten como favoritos.

Después de más 25 años en la política, al que también fue ministro de Ambiente ya se le había asociado a otros casos de corrupción, como el vinculado al centro comercial Freeport o la operación Montebranco, relacionada con el extinto BES.

Su detención por sospechas de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales dejan al borde del precipicio tanto a su figura pública, como al PS, en el que Sócrates tiene buena relación con otros barones como Mário Soares, ex presidente de la República.

Padre de dos niños, divorciado e hijo de una pareja separada, siempre tuvo fama de socialista poco ortodoxo y la resonante victoria que regaló a su partido en 2005 puso en marcha una especie de “tercera vía” a la portuguesa.

Sócrates, de hecho, tuvo un primer Gobierno cómodo, con mayoría absoluta, y destacado por la aprobación del Tratado de Lisboa, que reformó la Unión Europea durante la presidencia lusa de 2007.

Las reformas económicas, laborales y el saneamiento del Estado que impulsó, sufrieron la contestación de los sindicatos y la izquierda marxista, sus más encarnizados enemigos, pero no sirvieron para evitar los efectos de la crisis de la deuda soberana.

En el plano social, Sócrates introdujo, sobre todo en su etapa de mayoría absoluta, leyes para despenalizar el aborto, facilitar el divorcio y legalizar el matrimonio homosexual, que le granjearon el rechazo de la población más católica.

Licenciado en Ingeniería Civil, ingresó en las juventudes del Partido Socialista poco después de la Revolución del 25 de abril, con sólo 16 años.

Tras ser presidente de la federación de distrito de Castelo Branco, donde vivió desde niño con su padre, entre 1987 y 1995 se proyectó en la política nacional como diputado y luego como secretario de Estado y ministro de Ambiente, de 1997 a 2002, con Guterres.

Fuente: economia http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/40ba235d/sc/3/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A140C110C220Ceconomia0C14166315540I0A517860Bhtml/story01.htm

Los impuestos como motor de actividad

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El 1 de enero próximo entra en vigor la primera parte de la reforma fiscal que ha aprobado el Parlamento esta semana. Veinte millones de contribuyentes tendrán un alivio en sus nóminas de enero, con una reducción media de las retenciones a cuenta del 12,5%, mayoritariamente concentradas en las rentas más bajas, sobre todo aquellas inferiores a los 24.000 euros. Pero no será hasta enero de 2016 cuando se ejecute plenamente la reforma del impuesto sobre la renta para que todos los contribuyentes paguen menos de lo que pagaban cuando el Gobierno del Partido Popular subió el impuesto de forma extraordinaria para dos años, que finalmente fueron tres (2012, 2013 y 2014). Además de una liberación de renta disponible a través de la retención del IRPF, el impuesto lleva aparejada una reducción de los tipos que se aplican sobre las ganancias patrimoniales y sobre las rentas del capital (o ahorro, llámese como se quiera), que tendrá un segundo escalón también en enero de 2016 .

Por su parte, los beneficios empresariales tendrán también una rebaja del tipo aplicado en el impuesto sobre sociedades, desde el 30% al 27% en enero y hasta el 25% en enero siguiente. Una reducción nominal que bien pudiera no ser tal en función del efecto de la contabilización de las deducciones que tiene ahora el impuesto y que desaparecerán con la reforma, tales como la existente por reinversión de beneficios extraordinarios o parcialmente la aplicada sobre gastos financieros.

Pretende el Gobierno que las sociedades vuelvan a pagar como lo hacían antes de la crisis en términos agregados, no menos del 3% del PIB, y atender la demanda social generalizada de que las empresas, especialmente las de gran tamaño y operativa multinacional, deben hacer más sacrificio tributario.

Por qué llega ahora la rebaja fiscal y si es el mejor de los momentos procesales para hacerlo es una cuestión debatible. La capacidad financiera del Estado y de las comunidades autónomas (que tienen en sus manos el 50% del IRPF) no ofrece mucho margen, como demuestra el hecho de que la reducción de los tipos es más modesta que la operada en otras reformas del impuesto en el pasado. De hecho, hay reputadas instituciones, el Banco de España sin ir más lejos, que cuestionan la capacidad para reducir el déficit en 2015 hasta donde está comprometido con Bruselas con esta modesta reforma, dado que la vaguedad del avance de la demanda no permite esperar un incremento demasiado elevado de los ingresos. Y desde luego que la estabilidad fiscal y la reducción del déficit, primero, y del endeudamiento, después, es una de las claves para hacer sostenible el crecimiento de la economía y la recuperación de niveles razonables de empleo.

Los responsables del Ministerio de Hacienda han tratado de compaginar el cumplimiento de una oferta electoral pasada –con la circunstancia añadida de que en 2015 se debe pasar por las urnas– con el imprescindible rigor fiscal. Es un planteamiento valiente en el que se ha apostado decididamente por utilizar incentivos fiscales para movilizar la demanda, lo que tendrá efectos multiplicadores sobre la propia recaudación.

Esa causa-efecto ha funcionado en el pasado, aunque las expectativas actuales no son idénticamente equiparables. La falta de crédito, el altísimo endeudamiento y el temor no del todo desterrado a perder el empleo pueden neutralizar todos los buenos oficios de un incremento de la renta disponible. En todo caso, es la primera vez que se produce un avance de esta variable en varios años, dado que es la primera vez que no se destruye empleo o bajan los sueldos, y bien podría, junto con la liberación de renta de la caída de precios del petróleo y la relajación del precio del euro, funcionar como un verdadero acicate de la economía que cambie el sentido del estado de ánimo de la sociedad. Esa es, tras garantizar la sostenibilidad presente y futura del Estado, la función de los impuestos: estimular la economía, por la vía del emprendimiento y la inversión. Pese a que la función redistributiva debe ganar peso por los repuntes de desigualdad generados por la crisis, estimular el crecimiento de la actividad y del empleo es la mejor manera de combatir los desequilibrios de renta. Y la reforma fiscal va en ese sentido.

Fuente: economia http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/40bbbe08/sc/36/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A140C110C210Ceconomia0C14165959740I4481750Bhtml/story01.htm

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