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Crecimiento, empleo y retos de futuro

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La decisión del Gobierno de revisar al alza en septiembre las previsiones del cuadro macro es una buena noticia, pero no una sorpresa, dado el buen comportamiento que han ido mostrando los últimos indicadores de actividad. Tal y como anunció ayer en el Congreso el ministro de Economía, Luis de Guindos, el Ejecutivo elevará del 1,2% al 1,5% la previsión de crecimiento de la economía española para 2014 y del 1,8% al 2% la que corresponde a 2015. Guindos no se refirió a las proyecciones sobre el empleo, pero los excelentes datos que arroja la última Encuesta de Población Activa (EPA) constituyen un certificado elocuente de la velocidad de crucero que está adoptando la recuperación. Las previsiones de abril del Gobierno apuntaban a una tasa de paro del 24,9% para este año y del 23,3% para el año que viene. Todo hace prever, sin embargo, que esos porcentajes tengan que corregirse también y que el mercado laboral siga reflejando el creciente repunte de la actividad empresarial.

El principal factor que explica este retoque al alza de las previsiones macro es el buen comportamiento que está mostrando la demanda interna. Una mejora que contrasta fuertemente con la atonía exhibida en los peores tiempos de la crisis, pero que no es en absoluto fruto de la casualidad. Las reformas estructurales adoptadas por España en los dos últimos años y los duros sacrificios que han venido aparejados con ellas han aclarado el horizonte en muy diversos frentes. Desde el abaratamiento de la financiación, la mejora de la confianza o la revalorización de los activos, hasta el aumento de la riqueza familiar y la recuperación de buena parte de la competitividad perdida por el tejido empresarial.

Un elemento clave en materia de competitividad ha sido la rebaja de salarios y costes que España ha llevado a cabo en un plazo récord. Un logro que hay que atribuir a la liberalización introducida por la reforma laboral, pero también al compromiso de austeridad salarial mantenido desde hace tres años por los agentes sociales. La reunión celebrada ayer por Mariano Rajoy con las patronales empresariales y las organizaciones sindicales abre la puerta a la renovación de ese acuerdo. Según ha desvelado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el Gobierno se ha comprometido a impulsar un plan para incentivar el empleo a cambio de que sindicatos y patronales apuesten por seguir manteniendo los salarios bajo control. Ello implica seguir la línea del acuerdo firmado en 2012, que expira el próximo mes de diciembre, y que ha constituido un factor fundamental para frenar la destrucción del empleo. Desde CCOO y UGT se adelantaba ayer el deseo de que la recuperación vaya acompañada por una mejora progresiva de los salarios, pero al tiempo se reconocía que no todas las empresas están en condiciones de alcanzar ese objetivo. Del realismo y sentido de responsabilidad que los agentes sociales estén dispuestos a adoptar en la mesa de negociación dependerá que el recién arrancado motor del empleo refuerce su potencia y adquiera mayor solidez y velocidad.

El esfuerzo realizado hasta el momento ha sido difícil, ingrato y necesario, pero no está terminado. El camino hacia la consolidación de la recuperación económica va a ser largo y exigirá no solo el esfuerzo y la disciplina suficientes para mantener firme el timón, sino también la adopción de cambios dirigidos a fortalecer los mimbres del crecimiento en España. Una de las asignaturas pendientes sobre las que existe un consenso generalizado es la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo productivo que no repita los errores del pasado y que permita afrontar con mayor solidez las crisis derivadas de los ciclos económicos. Se trata de una tarea compleja, que exigirá revisar a fondo los fundamentos de un modelo de crecimiento que ha demostrado ya su enorme fragilidad, así como buscar nichos capaces de sustituir a aquellos sectores cuyo recorrido tiene fecha de caducidad. Todo ello supone un profundo reto que no puede basarse en intereses de parte o en meras necesidades coyunturales, sino que ha de aspirar a transformar la economía y a prepararla para un futuro cada vez más global, exigente y competitivo.

 

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La pensión media de jubilación supera por primera vez los 1.000 euros

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La necesaria transparencia y claridad

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La transparencia y la claridad deben constituir una práctica habitual en el comportamiento de los agentes económicos en general y de las Administraciones públicas en particular, en cuanto que contribuyen a mejorar la información de los ciudadanos, derecho que resulta fundamental en el marco de una sociedad desarrollada. Su ausencia crea un caldo de cultivo que propicia la aparición de casos de corrupción y de fraude, conductas que se erigen hoy en día como la segunda preocupación de la población, detrás del paro, según el último barómetro del CIS. Esta percepción se ve corroborada por los datos del último informe anticorrupción de la Unión Europea, según el cual el 95% de los españoles considera que la corrupción está generalizada –siendo este uno de los porcentajes más elevados dentro de los 28 países de la UE–, aunque, sin embargo, solo un 2% de españoles asegura haber recibido propuestas en este sentido, frente al 4% de media en la Unión Europea.

La información sobre el actuar de la administración pública debe ser lo más correcta y fiable posible

Pero independientemente de que estas sensaciones se correspondan o no de manera exacta con la realidad, está claro que es lo que el ciudadano percibe lo que pone de manifiesto que estas malas prácticas minan los principios de nuestro modelo de sociedad y evidencian que la transparencia y la claridad han de configurarse como unos elementos indispensables para que la ciudadanía pueda conocer cómo se toman las decisiones que la afectan y cómo se manejan los fondos públicos. Pero el conocimiento de las actuaciones en el caso de las Administraciones públicas, al igual que cuando se trata de entidades privadas, debe venir acompañado de las mayores garantías de que la información es lo más correcta y fiable posible, y responde a los principios de eficiencia y eficacia.

Esta necesidad fue captada por el actual Gobierno, que la materializó en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en la que se establecen una serie de principios éticos generales y también obligaciones concretas para los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración general del Estado y de las entidades del sector público estatal. Esta norma –que debe valorarse positivamente– obliga a los responsables públicos a informar al ciudadano sobre a qué se aplican los fondos públicos, así como a dar a conocer los informes de fiscalización.

Se pone, por tanto, de manifiesto la conveniencia de un proceso de mayor control del sector público, basado en la transparencia y la comprensibilidad, que contribuya a cumplir los objetivos que se marca la ley, en el que entendemos que la colaboración entre este sector y el privado se hace imprescindible por una doble razón. Por una parte, por la falta de medios de la Administración y la mayor flexibilidad del sector privado para ajustarse a las necesidades tanto temporales como espaciales de cada momento y, por otra, porque es necesario que exista la mayor independencia posible entre quienes ejecutan las políticas de gastos y quienes realizan la labor de control, a través de auditorías financieras y de cumplimiento de legalidad, y de auditorías operativas, necesarias para medir el grado de la eficacia en la aplicación de programas y para realizar controles en materia de contrataciones públicas y de concesiones administrativas, así como con respecto al otorgamiento y/o recepción de subvenciones, entre otros.

Por otra parte, el tamaño del sector público sigue siendo indefinido y difuso, a pesar de los innumerables esfuerzos de racionalización acometidos, por lo que sería deseable trabajar en la realización de un registro centralizado de los entes que lo componen. Y aunque su número se haya visto reducido en los últimos años como consecuencia de la situación económica, es indudable que el control de todos ellos requiere de unos importantes recursos que la Administración, hoy por hoy, debe racionar.

Ahora, que los recursos son escasos y las necesidades crecientes, una gestión eficiente es imprescindible

Es fácil constatar que en el ámbito estatal el grado de control es alto, algo menor en el autonómico y muy débil en el local, de manera que existe un número elevado de ellos que se escapan a los controles mínimos deseables. En este sentido, podemos hablar de que en el ámbito estatal se pueden quedar fuera de control determinados consorcios, fondos sin personalidad jurídica y organismos autónomos. En las comunidades autónomas, muchas unidades de gestión de algunas áreas, además de algunas sociedades mercantiles, dándose la mayor carencia en fundaciones. Pero es en el ámbito local donde esta debilidad es de una magnitud realmente grave, tanto en ayuntamientos como en entidades de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones.

Para modificar esta situación, en los últimos años se viene produciendo una importante colaboración entre el sector público y el privado que consideramos que es necesario incrementar en estos momentos y mejorar los marcos de actuación, para lo que sería recomendable una regulación específica y más amplia, que no solo contemple esa cooperación, sino que establezca los criterios exigibles a los auditores privados, la normativa a aplicar y un régimen de responsabilidades independientemente de la contractual. La colaboración público-privada en el control debe potenciarse regulando el control de calidad de estos trabajos, potenciando el diálogo, compartiendo formación y experiencias, haciendo trabajos conjuntos y desarrollando la normativa reguladora de estas actuaciones.

Contribuir a mejorar esta situación debe ser también un objetivo de las instituciones que tenemos encomendada la ordenación de la actividad de los profesionales que más pueden hacer en beneficio de la misma, a través de los mecanismos a nuestro alcance; máxime si tenemos en cuenta la labor de profilaxis que desempeñan dichos profesionales, que se configura como un valor estratégico para el entramado económico. Conseguir avanzar en materia de transparencia y comprensibilidad de las cuentas públicas es una obligación demandada de manera evidente por la sociedad, con la cual estamos comprometidos y a la que servimos, al tiempo que es un requisito exigible para apelar a la complicidad de la sociedad en unos momentos en que los recursos son escasos, las necesidades crecientes y donde una gestión eficiente es imprescindible.

Valentín Pich y Carlos Puig de Travy son miembros de la Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

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Deuda del 60% en 2028 es posible

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El comercio minorista crea empleo por primera vez en tres años

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Las ventas del comercio al por menor no experimentaron variación en junio en comparación con el mismo mes de 2013, con lo que el sector puso fin a la racha de ascensos interanuales que venía encadenando desde marzo, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista creció un 0,2% en junio, tasa inferior en tres décimas a la experimentada en mayo (-0,5%).

Por modos de distribución, se registraron descensos interanuales de la facturación en las grandes cadenas (-1,6%), las grandes superficies (-0,5%) y las empresas unilocalizadas (-0,4%). Sólo las pequeñas cadenas lograron incrementar sus ventas en junio, con un avance interanual del 2,1%.

Por su parte, el empleo en el sector del comercio minorista aumentó un 0,2% en junio en relación al mismo mes de 2013, registrando así su primer repunte interanual tras 32 meses consecutivos de descensos.

Únicamente las pequeñas cadenas recortaron empleo en junio en comparación con el mismo mes de 2013, con un retroceso del 1,5%. El resto de modos de distribución incrementaron o congelaron sus plantillas.

En concreto, las grandes superficies elevaron la ocupación un 1,3% en tasa interanual, mientras que las empresas unilocalizadas lo hicieron en un 0,9%. El personal de las grandes cadenas, por su lado, se mantuvo estable.

En tasa mensual (junio sobre mayo), las ventas del comercio minorista, corregida la estacionalidad y el efecto calendario, descendieron un 0,7%, frente al repunte del 1% experimentado en mayo y el recorte del 0,4% de junio de 2013.

Alzas en nueve comunidades
Según los datos del organismo estadístico, las ventas del comercio minorista sin incluir las estaciones de servicio se estancaron en junio en relación al mismo mes de 2013, mientras que las ventas en las estaciones de servicio avanzaron un 1,7%.

Las ventas de los productos alimenticios bajaron un 0,2% en junio en tasa interanual, mientras que las de los no alimenticios repuntaron un 0,8%. Entre estos últimos, el único descenso de las ventas se dio en los otros bienes (-0,7%), ya que la facturación en el equipo del hogar y en el equipo personal aumentó un 2,9% y un 1,2%, respectivamente.

Las ventas del comercio minorista aumentaron en junio en nueve comunidades autónomas en tasa interanual y bajaron en ocho. Las subidas más significativas se las anotaron Cantabria (+5,2%), Canarias (+4,4%) y Navarra (+2,1%), mientras que los mayores descensos se registraron en Madrid (-2,7%) y Aragón (-2,1%). EL EMPLEO AUMENTA UN 0,2%.

El empleo en el sector del comercio minorista aumentó un 0,2% en el sexto mes del año en tasa interanual tras 32 meses de retrocesos.

En términos mensuales (junio sobre mayo), el empleo del sector aumentó un 1%. Por modos de distribución, las grandes superficies registraron un avance mensual de la ocupación del 2,9%, mientras que las grandes y las pequeñas cadenas incrementaron sus plantillas en un 1,1% en ambos casos. Por su parte, las empresas unilocalizadas elevaron la ocupación un 0,5% en relación al mes de mayo.

El empleo en el comercio minorista disminuyó en términos interanuales en seis comunidades durante el sexto mes de 2014, principalmente en Madrid (-1,1%), Murcia (-1%) y Asturias (-0,9%), y subió en las once restantes, especialmente en Baleares (+2,7%) y Canarias (+2,2%).

 

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Los mayores de 65 años no pagarán por las plusvalías en Bolsa, pisos y demás activos

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Los contribuyentes mayores de 65 años no tributarán por las plusvalías obtenidas por ventas de cualquier tipo de activo, sean inmuebles, acciones o similares, siempre que dicha renta sea utilizada para asegurar un complemento a la pensión, según recoge Efe.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha anunciado durante el encuentro informativo El Ágora de El Economista, que el proyecto de Ley de reforma fiscal que aprobará el Consejo de Ministros este viernes incorporará una nueva figura de exención dirigida a los pensionistas y asegurarles una renta vitalicia.

Se trata de una figura de no tributación de las plusvalías por la venta de activos que al materializarse aseguren la renta vitalicia de una persona mayor de 65 años con el fin de que esta renta sirva de “complemento al sistema público de pensiones”.

En la legislación actual ya se permite la exención de las plusvalías para mayores de 65 años, pero solo en el caso de venta de vivienda habitual. Ahora se extiende a todo el patrimonio (otras viviendas, acciones…), siempre que esté vinculado a la constitución de una renta vitalicia ( una renta mensual de por vida). “Es una medida para estimular el ahorro ligado a las pensiones”, explican fuentes de Hacienda. 

Ferre ha dicho que es una exención “oportuna” no exigir un impuesto por los beneficios de estas ventas.

Planes de pensiones

Asimismo, también ha avanzado que el proyecto de Ley incorporará otra novedad que es la rebaja de la exigencia del tiempo de permanencia de los planes de pensiones para disfrutar de la exención de 10 a 5 años, ya que el Ejecutivo ha comprobado que dichos planes están creciendo y “merece la pena seguir potenciándolos”.

“Se da un paso más en el fomento del ahorro”, ha dicho tras añadir que el tratamiento fiscal es beneficioso en un plazo razonable de 5 años.

Sobre la elevación del umbral exento de tributación para indemnizaciones por despido de hasta 180.000 euros, Ferre ha asegurado que el Ejecutivo ha tomado esta decisión porque la recaudación mes a mes se está comportando de forma positiva y el Gobierno ve que el saldo neto del beneficio que conllevará la reforma fiscal será el comprometido en el programa de Estabilidad enviado a Bruselas.

Ha añadido que tras el período de información pública, el Gobierno ha escuchado las  consideraciones de los agentes sociales “sobre todo de los sindicatos”.

En cuanto al incentivo a la actividad de investigación y desarrollo, Ferre ha recordado que el proyecto de Ley de este viernes incluirá como novedad la elevación de la monetización de las deducciones de 3 a 5 millones de euros, con el compromiso de que las empresas puedan “seguir gastando en investigación”.

Asimismo, se ha supresión del impuesto patrimonial y de sucesiones y el secretario de Estado ha indicado que “no es el momento ni político ni económico para abordar esta modificación”, ya que se trata de impuestos cedidos. “No procede la alteración (de este gravamen) porque está vinculado con el sistema de financiación autonómico”, ha dicho.

Ferre también ha destacado los nuevos incentivos fiscales del fondo de reserva de capitalización de las empresas que decidan ahorrar y no distribuir beneficios. El secretario de Estado de Hacienda ha calificado la reforma fiscal de muy ambiciosa y ha dicho que pivotará sobre una realidad económica diferente.

“Ahora es el momento idóneo para llevarla a cabo”, ha aseverado al tiempo que ha recordado que el ahorro fiscal que generará tendrá un impacto sobre el crecimiento adicional del PIB del 0,55%. “Es un elemento dinamizador de la recuperación que se está produciendo ya y trata de animar su ritmo”, ha indicado Ferre, que además ha destacado los datos “históricos” de bajada del desempleo en un trimestre.“Esto quiere decir que la situación está claramente cambiando”, ha reseñado. 

Reforma fiscal

La reforma fiscal que aprobará el Gobierno el viernes 1 de agosto prevé que partir de 2015 se elimine la distinción en función de la antigüedad de las plusvalías, de modo que el gravamen será el mismo con independencia de si la plusvalía se obtuvo con la compra venta en Bolsa en un solo día o con la venta de una vivienda comprada hace décadas. Así, se prevé que las ganancia  tributn al 20% si la cuantía es de hasta 6.000 euros, con el objetivo de que el tipo definitivo sea el 19% en 2016.

Por otro lado, desaparecen los coeficientes de abatimiento, que beneficiaban a la tributación de los activos adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994 y que permitía rebajar la parte que debía tributar para la ganancia acumulada hasta el 20 de enero. La medida encarecerá la factura fiscal a partir de 2015 para los contribuyentes que vendan pisos, especialmente si fueron adquiridos antes de 1994. Cinco Díasha elaborado un simulador para calcular la diferencia fiscal entre vender una vivienda hoy y hacerlo a partir de enero de 2015.

 

 

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Pujol renuncia a sus cargos en CDC y CiU y a las prerrogativas como expresident

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El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado hoy que Jordi Pujol ha renunciado a su condición de presidente fundador de CDC y de CiU, así como a las prerrogativas que tenía como expresident, después de que admitiera el pasado viernes que mantuvo durante 34 años cuentas en el extranjero. El expresident ha evitado valorar si este caso condiciona su reunión de mañana con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero, en todo caso, lo ha desvinculado de la consulta soberanista al afirmar que “aquí no se para nada”. “Quiero hacer notar que el país está por encima de cualquier persona, por importante que sea”, por lo que “aquí no se para nada”, ha afirmado hoy Mas en una comparecencia en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat. 

Mas ha afirmado hoy que siente “pena, compasión y un dolor muy grande” por la situación de Jordi Pujol.  Con semblante serio, Mas ha dicho en su comparecencia ante los medios de comunicación que, con el tiempo, “en este balance de claros y oscuros, los claros volverán a tener importancia y relieve, porque 23 años de presidencia de un país no se borran de un día para otro”.

“En algún momento, cuando haya pasado esta tempestad, con el paso del tiempo y el juicio de la historia, se verán sus debilidades como cualquier otra persona, pero también sus grandes activos”, ha afirmado Mas, quien ha añadido que “ahora Pujol es un ciudadano como cualquier otro”.

 

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El Gobierno eleva la previsión de crecimiento al 1,5% este año y al 2% el que viene

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Los miembros de la Familia Real lo serán las 24 horas del día

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El Rey Felipe VI ha hecho pública hoy su decisión de que los miembros de la Familia Real solo puedan desarrollar, con carácter exclusivo, actividades de naturaleza institucional, según ha anunciado el Palacio de Zarzuela. La Casa del Rey ha citado hoy a los medios de comunicación que cubren habitualmente las actividades de la Casa Real para informarles de una serie de criterios de actuación decididos por Felipe VI y que afectarán a su familia y al personal de la Casa de Su Majestad, el órgano que le sirve de apoyo en el desarrollo de sus funciones.

 

Desde la proclamación de Felipe VI, la Familia Real ha quedado limitada a Don Felipe, Doña Letizia, los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía. Las hermanas de Felipe VI, la Infanta Elena y la Infanta Cristina, ya no son miembros de la Familia Real, sino familia del Rey. En relación con ellas, Felipe VI ha decidido que, con carácter general, “no desarrollarán actividades de carácter institucional”. “El desarrollo ocasional y puntual de alguna actividad institucional por parte de miembros de la Familia de Su Majestad que no sean miembros de la Familia Real solo tendrá lugar cuando exista un encargo concreto del Rey, dentro del ámbito de sus atribuciones o cuando por la naturaleza o el lugar de la actividad y tras igual encargo, se requiera la correspondiente decisión aprobada por el Gobierno”, ha informado Zarzuela. En esos casos puntuales –que hoy por hoy, y con la Infanta Cristina imputada, solo podrían afectar a la Infanta Elena– no cobrarán por participar en actividades institucionales.

Un portavoz de Zarzuela ha asegurado que el caso Nóos –que investiga los negocios presuntamente irregulares que emprendió Iñaki Urdangarin y en el que está imputado junto a su mujer– “no ha influido” en esta decisión. Con la decisión de Felipe VI, su hija menor, la Infanta Doña Sofía, no podrá trabajar en un futuro para ninguna empresa privada, como sus tías, y se dedicará en exclusiva a representar a la institución.

El actual monarca ha adoptado otra serie de decisiones para poner en práctica el compromiso de “ejemplaridad” que adoptó en su discurso de proclamación. Antes del 31 de diciembre, Felipe VI se ha propuesto aprobar un régimen jurídico de los regalos recibidos por parte de los miembros de la Familia Real y un Código de Conducta para el personal de la Casa. Dicho código podría prohibir aceptar regalos que no entren dentro de lo que se considera un obsequio de cortesía.

 

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El consumo colaborativo crece ya a dos dígitos

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Algunos expertos datan el trueque del paleolítico; otros, del neolítico y otros dicen que lo idearon los aborígenes americanos. De toda la vida, que se dice en la jerga popular. En la actualidad, se le llama consumo colaborativo, aunque la esencia es la misma. El caso es que el intercambio de bienes y servicios ha sido siempre una práctica bastante frecuente. Ahora con la crisis se hace más visible que nunca como alternativa a los intereses de la economía de mercado tradicional. Las huelgas que realizaron los taxistas el pasado mes a raíz del caso Uber, o la reciente multa que la Generalitat de Cataluña ha impuesto a la empresa Airbnb por utilizar viviendas personales como reclamo turístico tuvieron gran repercusión mediática y han abierto un debate ético, económico y legal en la sociedad. Pero; ¿qué es y cómo funciona la economía colaborativa? Las nuevas tecnologías, la irrupción de webs y apps, han sido claves para el resurgir del intercambio. Del papel a internet, Segundamano, primera publicación y ahora portal líder del intercambio de objetos usados, cambió así su formato y se ha multiplicado. “El 50% de nuestras visitas nos llegan por dispositivos móviles”, explica Beatriz Toribio, responsable de estudios de Segundamano. Y de la web al usuario. Han surgido multitud de páginas intermediarias que ponen en contacto a usuarios y que facilitan la práctica de esta especie de trueque. Las hay de todo tipo; alquiler de viviendas, viajes con gastos compartidos, comida, ropa e incluso parking. Muchos expertos consideran que el contexto de crisis que vivimos ha sido el otro gran impulsor de esta economía, pues mucha gente se ha animado así a compartir y ahorrar. Estos dos factores han hecho del consumo colaborativo una economía imparable.

 

Los datos así lo avalan. Las ofertas se multiplican. Desde 2008 el portal Segundamano se ha multiplicado por dos. En España, se venden objetos usados por valor de 2.300 millones de euros. “El consumo responsable ha acentuado nuestra expansión”, confirma Beatriz Toribio.

Un millón de usuarios viajan mensualmente con Blablacar para los que la empresa estima un ahorro de 255 millones de euros en gasolina. Socialcar, otra plataforma especializada en compartir viajes, calcula que su usuario medio ahorrará en torno a 2.000 euros este año. Y así, con casi todos los servicios colaborativos. Según Forbes, en este ejercicio este tipo de consumo crecerá un 25% respecto al año anterior, y este tipo de usuario o micro emprendedor medio habrá generado al finalizar el año en total unos 3.500 millones de dólares. La mayoría de estas entidades se financia a través de la publicidad, pero la autoridad de las cifras hace que estas empresas busquen alternativas de negocio que son las que chocan con la idiosincrasia de los proyectos: el intercambio libre.

Se está abriendo el debate sobre si deben o no volverse lucrativas estas entidades. Blablacar ya ha empezado a cobrar comisiones por poner en contacto a conductores y viajeros. Desde la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, afirman que “el carácter lucrativo o no lucrativo no es un problema, siempre y cuando el consumidor sea consciente de esa circunstancia”.

Ilegalizar versus proteger

Sin embargo, en España existe un vacío legal que pone en jaque al legislativo y que, de momento, impide la regulación de estas empresas en un marco de actuación seguro.“Creemos que es necesaria esa regulación que defina un marco seguro y de confianza para garantizar los intercambios entre los consumidores”, aseguran desde la OCU. Así, comenzó la polémica entre Uber y el gremio de los taxistas. Estos profesionales entendieron que Uber estaba haciendo competencia desleal, puesto que ofrecían un transporte similar sin las normas y los seguros reglamentarios. Otro caso es el de Airbnb, empresa que ha sido multada con 30.000 euros por parte de la Generalitat de Cataluña por intermediar entre turistas y propietarios de viviendas que no estaban inscritas en el Registro de Turismo. El sector no cuenta con datos agregados, solo con los números de cada empresa. Albert Cañigueral, director del portal www.consumocolaborativo.com, sostiene que “este es aún un sector muy joven”, pero “ilegalizar no permitirá que mejore la situación, hay que proteger tanto a los consumidores de valor, como a las páginas webs”. En este sentido, Cañigueral recuerda que los números dan la razón al consumo colaborativo.

Lo cierto es que no todas las plataformas caminan hacia un proceso lucrativo. Desde Segundamano aseguran que no tienen pensado cobrar más que a los profesionales que ofrecen sus servicios, como han hecho siempre. “Entendemos que las plataformas que cobran por sus servicios son otro modelo de negocio, por tanto, no tenemos una valoración de si tendría que haber alguna ley al respecto”, admite Toribio.

Los inversores también apuestan por el sector, por lo que las expectativas de crecimiento son muy elevadas de cara al futuro. “Ese crecimiento también se verá condicionado por las garantías y la confianza que los usuarios tengan en las distintas iniciativas”, aseguran desde OCU.

Lo que está claro es que el debate se ha instaurado en la sociedad, de momento, para quedarse. “Me fascina esta obsesión por demonizar el ánimo de lucro de usuarios y empresas. Para que el nuevo intermediario pueda ofrecer garantías, calidad, buen marketing, etc… va a necesitar dinero, igual que cualquier empresa”, critica Albert Cañigueral.

La realidad, por sectores

Mario Moreno

Transporte. Entidades como Blablacar, SocialCar, Uber, o Amovens forman parte de este tejido económico que funciona en toda Europa desde hace años. Solamente Blablacar cuenta con ocho millones de consumidores en el continente.

Viviendas. El alquiler de casas está cada vez más extendido. Miles de personas eligen hacer turismo alojándose en los pisos de otros usuarios. Entre los inmuebles que se intercambian, se puede encontrar desde un yate a una caravana.

3Objetos usados. Este es un sector mucho más tradicional, ya que la empresa decana en el intercambio de bienes Segundamano contaba desde su inauguración, hace más de 30 años, con una publicación en papel que desapareció en 2008.

Comida. Portales como Compartoplato permiten intercambiar comidas con la gente del vecindario. Cualquier receta es válida, tanto para innovadores como para los gustos más clásicos. La originalidad es la fortaleza de esta iniciativa.

Ropa. Grownies es una web de intercambio de ropa infantil. El ahorro es la clave del éxito de este servicio que facilita el intercambio de toda clase de prendas, especialmente útil cuando son pequeños y crecen rápidamente en tamaño.

Crowdfunding. La financiación o lo que antiguamente se llamaba mecenazgo se ha disparado en la actualidad. Portales como Ulule y Lending club permiten la donación de dinero para participar en la financiación de distintos poyectos.

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