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Salud en el trabajo y neoliberalismo

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Silvia llevaba 8 años trabajando en una conocida cadena de restaurantes de comida rápida, una empresa de uno de tantos sectores marcados por la precariedad laboral. Un mal día sufrió un accidente mientras trabajaba y se fracturó el tobillo. A pesar de la operación y la rehabilitación, le quedaron secuelas y tras un examen médico del servicio de prevención de la empresa, se reincorporó con un informe de aptitud con limitaciones. La empresa en lugar de adaptar el puesto de trabajo a su estado de salud, tal y como exige la legislación, incrementa sus tareas y el tobillo de Silvia no aguanta más y recae. Otra vez de baja, pero esta vez la mutua argumenta que se trata de un proceso degenerativo que no tiene origen laboral y la deriva al Servicio Público de Salud. Silvia recurre al sindicato y la Inspección de Trabajo termina por darle la razón ante su reclamación de adaptación del puesto, pero la empresa hace caso omiso. Tras agotar el periodo de baja, la trabajadora se reincorpora usando una muleta por prescripción médica y en ese momento aumenta la presión sobre Silvia: traslados de restaurante, denegación de solicitud de vacaciones, etc. Nueva denuncia ante Inspección de Trabajo y nueva resolución a su favor. A la vuelta de vacaciones se encuentra con una sanción por falta grave y suspensión de cuatro días de empleo y sueldo por utilizar una muleta en el trabajo. Otra vez se ve obligada a denunciar y la sanción es retirada antes del día del juicio. A mediados del año pasado Silvia pasa el reconocimiento médico anual, fruto de su derecho a la vigilancia de la salud, pero en el informe este año aparecen dos palabras: no apta. Ineptitud sobrevenida. Despido.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en 2015 cumple 20 años desde su aprobación, y todo el edificio legislativo surgido a partir de ella, y que debería sustentar el derecho a la salud de Silvia y del resto de trabajadoras y trabajadores de España, respondía a una organización del trabajo heredera del contrato social alcanzado en Europa en la segunda mitad del siglo XX y que se caracterizaba por la contratación indefinida, la estabilidad en la empresa y la centralidad de la negociación colectiva en las relaciones laborales. Un modelo que no significaba otra cosa que la introducción de la democracia en las relaciones laborales producto de una larga lucha por parte del movimiento obrero. Y un modelo al que el triunfo de las políticas neoliberales, las sucesivas reformas laborales y la opción de salida de la crisis mediante la devaluación interna y la austeridad se están llevando por delante.

Precariedad, miedo al desempleo, destrucción de la negociación colectiva y unilateralidad empresarial como forma de gestión de la prevención son incompatibles con la salud y la seguridad en el trabajo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos. Desde el inicio de la crisis, se fue ralentizando el descenso de accidentes laborales, hasta que en 2013, empezaron a darse incrementos en algunos sectores y en los índices de incidencia. En 2014, la tendencia se ha consolidado y el aumento de accidentes es generalizado en prácticamente todos los sectores, tanto en términos absolutos como relativos, y también para el caso de los mortales: casi medio millón de accidentes han cursado con baja el año pasado y 565 personas fallecieron, siete más que en 2013. Por no hablar de la enfermedad laboral, la gran asignatura pendiente de la prevención y de la que existe un subregistro intolerable. Solo un dato: las estimaciones más conservadoras calculan que en 2014 se habrán diagnosticado en nuestro país cerca de 9.000 nuevos casos de cáncer relacionados con exposiciones laborales. Únicamente se han registrado 49 partes de enfermedad profesional por agentes cancerígenos. 2015 es un año especial marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales y CC OO y UGT no hemos querido dejar pasar la oportunidad de presentar a los partidos políticos en este 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, un manifiesto que contiene un decálogo de medidas en defensa de la prevención de riesgos. Queremos conocer su grado de compromiso con una serie de propuestas que van desde la apuesta de políticas activas para reducir la siniestralidad o reforzar los organismos públicos que se ocupan de estas materias, hasta el impulso de cambios legislativos para asegurar la cobertura de derechos, garantizar la equidad, acabar con el subregistro de enfermedades, transformar el modelo de mutuas, garantizar la independencia de los profesionales de los servicios de prevención o blindar la vigilancia de la salud como derecho de las trabajadoras y trabajadores y no como mecanismo de ajuste de plantillas. En definitiva, para volver a introducir la democracia en las relaciones laborales vinculadas con la salud y la seguridad.

El lector de este artículo si ha llegado a este punto es porque el caso de Silvia ha despertado su interés. Y por este motivo merece conocer la verdad: el único elemento de ficción de este relato es el nombre de la protagonista. En la actualidad pleitea con el apoyo de uno de nuestros sindicatos para lograr la readmisión en su trabajo. Silvia no se llama así, pero podría tener muchos nombres. El de cualquiera si no logramos parar esta espiral de destrucción de derechos.

Marisa Rufino y Pedro J. Linares son secretarios de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT y CC OO, respectivamente

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Las hipotecas crecen el 29% y marcan máximo en dos años

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La reapertura del grifo del crédito alimenta la recuperación del mercado inmobiliario. En febrero de este año se han firmado 21.300 hipotecas sobre viviendas, el máximo desde febrero de 2013, cuando el mercado aún repuntaba por el efecto del final de la deducción por vivienda, eliminada para las operaciones posteriores al 31 de diciembre de 2012. El dato supone un 29,2% más que el año anterior.

En paralelo, además de más hipotecas, se constituyen préstamos de mayor volumen: la hipoteca media firmada en febrero es de 109.500 euros, un 6,1% más que hace 12 meses. Se trata de la cifra más alta desde noviembre de 2011. Las condiciones de los nuevos préstamos aprovechan los bajos tipos de interés del mercado: se conceden a un tipo medio del 3,34% y a 21 años de plazo. El interés se ha abaratado un 18,5%, o 76 puntos básicos, sobre las cifras del año pasado. El tipo variable sigue dominando en el 94% de los contratos firmados, la inmensa mayoría de ellos referenciados al euríbor.

Las comunidades donde más crece el mercado son Aragón, Galicia, País Vasco, Andalucía y Cataluña. Las hipotecas retroceden respecto al año pasado en La Rioja, Canarias y Navarra, y crecen menos en Castilla y León y Extremadura.

En tasa mensual (febrero sobre enero), las hipotecas sobre viviendas repuntaron un 1,8%, mientras que el capital prestado se incrementó un 5,4%. En ambos casos, se trata del mayor crecimiento en un mes de febrero desde 2011. En los dos primeros meses del año, la firma de hipotecas sobre viviendas acumula un aumento del 24,5% sobre el mismo periodo de 2014, con ascensos del 31% en el capital prestado y del 5,2% en el importe medio de las hipotecas.

 

 

 

 

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La fundación de Podemos ya es oficial

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Los retos de los grandes despachos

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Cinco de los principales despachos de abogados españoles, reunidos por CincoDías para debatir sobre los grandes desafíos que tiene por delante tanto la abogacía como la economía, han coincidido en advertir de que los delitos económicos seguirán creciendo en nuestro país. Una llamada de atención que el mercado de servicios legales ha realizado en más de una ocasión en los últimos años, al recalcar la necesidad de aumentar los medios técnicos, humanos y materiales de la administración de justicia española para hacer frente a la denominada delincuencia de cuello blanco. Es el caso de los delitos económicos complejos, como las manipulaciones contables en estructuras societarias sofisticadas, el uso de información privilegiada o el blanqueo de dinero. Un tipo de actividades penales que no son un problema solo español, ni siquiera solo europeo, pero que, en cuanto a medios, constituye una de las grandes asignaturas pendientes del sistema judicial español.

Los principales responsables de Garrigues (Fernando Vives), Cuatrecasas (Rafael Fontana), Uría Menéndez (Luis de Carlos), Gómez-Acebo Pombo (Manuel Martín) y Baker McKenzie (José María Alonso Puig), fueron muy claros al enumerar los retos que tiene la profesión ante sí: una mayor internacionalización, avanzar en temas de conciliación, aumentar el número de mujeres con categoría de socio y resolver la compleja ecuación que relaciona precios y productividad. Más allá de esa hoja de ruta, los grandes bufetes españoles constituyen un ejemplo de transformación y modernización en el entorno de una profesión fuertemente atomizada –en España hay casi 100.000 despachos de abogados, el 80% de ellos de uno a tres socios– y en la que perduran formas de gestión marcadamente tradicionales. En ese contexto, las grandes firmas de la abogacía han adoptado un modelo de gestión internacional que les ha permitido ejercer un papel fundamental tanto en la canalización de la inversión extranjera en nuestro país como en el acompañamiento de las empresas españolas en su salida al exterior, especialmente a Latinoamérica.

Los responsables de los cinco despachos coincidieron en que el pasado marzo fue el segundo mes desde el inicio de la crisis en el que han asumido mayor carga de trabajo. Ello confirma la idea de que la abogacía es un excelente termómetro para medir los ciclos de la economía, como también para detectar sus deficiencias y problemas. Entre estos, las firmas señalaron el exceso de regulación que España impone al tráfico mercantil, al sumar las normativas autonómicas al corpus de la legislación estatal y europea. También insistieron en otro viejo lastre que arrastra la justicia, la lentitud, y abogaron por la propuesta de un pacto de Estado para solucionar estas deficiencias que Gobierno y oposición harían bien en recoger y suscribir.

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Lento despegue del plan de rehabilitación de casas de Fomento

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Los agujeros que las empresas detectan en la nueva FP dual

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El sistema de Formación Profesional (FP) dual, que combina el aprendizaje con prácticas en las empresas, arrancó hace tres años con la intención de ofrecer una salida a aquellos jóvenes que habían abandonado su formación académica con antelación para trabajar en la construcción o para aquellos que quisieran una alternativa diferente a la universidad. En el peor año de la crisis, este sistema parecía la panacea para tratar de rebajar la brutal tasa de paro juvenil, por encima del 50%. Las primeras promociones que se han formado en las grandes empresas durante estos tres ejercicios ya han salido al mercado laboral y el número de matriculados se ha duplicado en el último ejercicio, pasando de 9.500 a 18.000 alumnos inscritos. Sin embargo, detrás de esas cifras, las empresas han detectado agujeros que sería necesario cubrir para corregir las deficiencias encontradas.

Exigen que no haya distintos criterios para colaborar por autonomías

Así lo pusieron de relieve las empresas que participaron el pasado viernes en un encuentro sobre la Formación Dual en España en el que participaron directivos de multinacionales como Nestlé, Bertelsmann o Seat. Guillem Salvans, senior project manager de la Fundación Bertelsmann, remarcó que el debate previo y posterior a la creación del sistema se centró en exceso en la remuneración que iba a percibir el aprendiz y no en la calidad de los contenidos que iba a recibir y quién se los iba a impartir. “Cobrar un buen sueldo no garantiza el aprendizaje”, apuntó Salvans, quién señaló que no existen indicadores cualitativos que midan la mejor o menor inserción laboral o si el alumno que combina prácticas y formación mejora sus notas. También, apuntó que no existen indicadores para saber si un tutor está suficientemente cualificado para impartir esos conocimientos. De hecho, la gran mayoría de los ponentes coincidió en que la selección de personal es de carácter voluntario y que es el propio trabajador el que decide dedicar parte del tiempo de su jornada laboral a formar a jóvenes.

Ya sea por razones económicas o simplemente de gestión, las pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en el tejido industrial, no pueden tener personal exclusivamente dedicado a formar. “Tiene que haber alguien que financie esa actividad como sucede en otros países de la UE”, dijo Salvans.

Otra cuestión por resolver y que plantearon las firmas es si el sistema está orientado para cubrir las futuras bajas de trabajadores o para mejorar la formación de los jóvenes, con independencia de que posteriormente se queden o no en la empresa que les ha facilitado la enseñanza. “Si una empresa tiene vocación de futuro, hacer cantera es muy importante”, apuntó Manuel Moreno, responsable de formación de Seat. Esta multinacional del automóvil tiene una escuela de formación, con los mismos requisitos y obligaciones que las que la matriz Volkswagen tiene en el resto del mundo. “Por ello, la formación de tutores es clave. En la actualidad, tenemos 170 aprendices y 40 tutores, que nos garantizan la continuidad en los puestos de trabajo”, apuntó. Ésta es una visión muy diferente a la defendida por Luis García, director de recursos humanos de Nestlé, quién apuntó que el interés de la multinacional suiza por formar y dar prácticas a los jóvenes pasa por ofrecer una formación de más calidad. “Nuestro interés no es cubrir futuras vacantes”, señaló. Asimismo, criticó el hecho de que los títulos académicos no diferencien a aquellos alumnos que estudian la FP reglada y la dual, “acaban con la misma titulación” y la dispersión normativa que existe a la hora de que las comunidades autónomas y los centros de formación acuerden cómo colaboran.

Un proceso que, tal y como recordó Salvans, ya se ha visto paralizado por la irrupción de la crisis y que necesitaría de una decidida apuesta de promoción. “Hay falta de conocimiento y empresas que no quieren entrar en el sistema porque todavía siguen centradas en despedir personal”, apuntó.

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Canadá ultima el derribo de barreras comerciales

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El Tratado de Libre Comercio que negocian las delegaciones de la Unión Europea y EE UU copa todos los titulares de los medios de comunicación, que destacan la controversia en aspectos como la agricultura, los servicios financieros o la cultura. Los plazos de esta negociación (tiene que ser aprobada y posteriormente ratificada, con posibilidad de enmienda, por parte de los parlamentos) invitan a pensar que como muy pronto no entrará en vigor hasta 2018 o 2019. Un plazo que será mucho más corto en el caso de Canadá, que en estos meses cierra los últimos flecos de un acuerdo de libertad comercial con la Unión Europea, ya redactado, que puede tener un efecto muy beneficioso para las empresas españolas y que podría activarse ya el próximo año. Los principales beneficiarios, según revelaron fuentes canadienses de la negociación en un encuentro con medios de comunicación, serán las empresas constructoras, las ingenierías, las energéticas y las consultoras.

Las compañías de los tres primeros sectores ya tienen una presencia muy importante en Canadá a través de contratos. La cartera de proyectos de ACS es muy voluminosa (el último ha sido la construcción y explotación del nuevo puente sobre el río Saint Lawrence, en Montreal, por un importe de 1.850 millones de euros; Técnicas Reunidas se adjudicó a finales del pasado ejercicio la construcción de una planta de cogeneración por 178 millones y Ferroatlántica, del grupo Villar Mir, ha elegido ese país para abrir su primera planta el año que viene, para lo que invertirá 382 millones de euros). El acuerdo servirá para acabar con las barreras, arancelarias y no arancelarias, que persisten todavía en sectores como la energía, las telecomunicaciones y el turismo. Esas mismas fuentes resaltan la importancia de los planes inversores previstos para el oeste del país, con una cifra cercana a los 130.000 millones de euros al año, que impulsarán los contratos y las adquisiciones en las compañías energéticas, tal y como sucedió con la compra de Coastal por parte de Cepsa.

El acuerdo incluirá facilidades para la movilidad de los trabajadores y sus familias, para la prestación de servicios temporales y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. “Un arquitecto o un ingeniero en España será reconocido en Canadá. Eso es muy importante teniendo en cuenta que las empresas españolas están inmersas en la gran mayoría de obras”, añaden las mismas fuentes. Pero quizá la principal novedad del acuerdo será la apertura de competencia para la contratación pública. Con la entrada en vigor del acuerdo, las firmas españolas tendrán acceso directo a pujar en las licitaciones de cualquier administración pública canadiense. Un pastel de muchos miles de millones y que especialmente se concentra en la administración local. Solo en 2011, el volumen de contratos públicos ascendió a 82.000 millones de euros.

Las empresas españolas y europeas, subrayan estas fuentes, serán las primeras empresas extranjeras en obtener ese nivel de acceso a la contratación pública en Canadá. Ningún otro acuerdo de libre comercio sellado por Canadá ofrece oportunidades similares. Esas mismas fuentes apuntan que otro de los beneficios para las empresas españolas será la posibilidad de acceder de forma indirecta a la libertad comercial que disfruta Canadá a través del acuerdo con EE UU y México, en vigor desde el 1 de enero de 1994. De este modo, las empresas, en especial las de servicios, podrán iniciar su desembarco en Norteamérica con una primera implantación en Canadá, a través de la cual podrán disfrutar de la supresión de aranceles aduaneros y limitaciones que sí tendrían que cumplir si el acceso se hiciera directamente desde España.

Oportunidades para las empresas alimenticias

El acuerdo de libre comercio establece la supresión de numerosos aranceles de aduana que aún permanecen en el sector agrario y alimentario. De este modo, una vez que entre en vigor el tratado, cerca del 92% de los productos agrícolas y alimenticios de la UE se podrán exportar a Canadá sin pagar esas tasas.

Fuentes de la delegación canadiense apuntan que las mejores perspectivas en este terreno se presentan para los productos agrícolas transformados y los vinos y licores, una vez que se eliminen los aranceles a las importaciones.

España es, en la actualidad, el vigésimo país suministrador de productos alimentarios de Canadá, con una cuota mínima de mercado del 0,73%, lo que ofrece un importante margen de mejora. El hecho de que en Canadá no exista una tradición culinaria y que no haya un gran volumen de producción nacional, provoca que más de la mitad del consumo proceda de compras al exterior. Conservas de pescado, queso, aceitunas o aceite son los productos más demandados de España.

El acuerdo finalmente establecerá la protección sobre determinadas denominaciones de origen y mantiene aranceles y tasas sobre determinados productos sensibles, como la carne de vacuno, la de porcino o el maíz dulce por parte de la UE, o los productos lácteos en el caso de Canadá. El acceso preferente se limitará a unos contingentes.

El pacto también establece que la compra y venta de aves de corral y los huevos no se liberalizará por ninguna de las partes. De este modo, se mantendrá el sistema de precios de entrada y salida de la UE.

Fuente: economia http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/45c41adb/sc/26/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A150C0A40C240Ceconomia0C14298910A210I880A150A0Bhtml/story01.htm

Batalla por el control del poderoso Tribunal de la UE

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Pero tal vez el mayor peligro que acecha a esa institución sea la lucha por su control, que enfrenta a los socios de la UE y ha derivado en un choque en el seno de la propia institución entre la máxima Corte y el llamado Tribunal General o de primera Instancia.

La batalla contrasta con el desinterés que generaba hace unos años el Tribunal, instalado desde 1952 en Luxemburgo. Ahora se ha convertido en uno de los organismos más influyentes de la UE, capaz casi de codearse con el poderoso BCE

Sentencia a sentencia, el Tribunal europeo ha forzado, por ejemplo, reformas tan importantes como la de la Ley Hipotecaria en España en plena crisis de desahucios, mientras la Comisión Europea llevaba meses y meses sopesando si iniciar un expediente (decisión que todavía no ha tomado). La jurisprudencia de Luxemburgo tampoco ha esperado a que haya legislación europea para adentrarse en un terreno tan pantanoso como el derecho al olvido en Internet.

España, entre los países con un segundo juez a partir de este año

Y del veredicto final de Tribunal de penden también la mayoría de los casos de competencia o ayudas de Estado, desde los zanjados como Microsoft a los pendientes como las ayudas a los astilleros o los que previsiblemente llegarán como el de Google.

El Tribunal, sin embargo, puede morir de éxito. En primera instancia, el número anual de casos se ha doblado desde los 398 del año 2000 a los 912 de 2014 y los casos pendientes de resolución han pasado en el mismo período de 787 a 1.423.

La reestructuración y ampliación del Tribunal General parece imprescindible pero lleva cuatro años estancada por la falta de acuerdo entre los socios europeos sobre la nueva configuración de unTribunal en el que todas las capitales quieren sentar a sus magistrados.

Bruselas confía en desbloquear esta semana las negociaciones con una reunión entre las instituciones implicadas (Comisión, Consejo y Parlamento), aunque el expediente resulta tan explosivo que ni siquiera es seguro que el encuentro llegue a celebrarse.

Sobre la mesa, a la espera de un acuerdo definitivo, una propuesta para reorganizar la Corte entre 2015 y 2017, con la supresión del Tribunal especializado en la función pública y la ampliación del de primera instancia.

Según la propuesta, España figura entre los 12 países que designará un segundo juez para el Tribunal General a partir de este mismo año. Un año después, los siete jueces de la Función Pública pasarían al General. Y por último, en 2019, otros nueve países designarían a sus magistrados, con lo que en primera instancia se contaría definitivamente con 56 jueces o dos por país, el doble que en la actualidad.

Fuentes europeas aseguran que ya se ha cursado una petición a España, como al resto de los países que participarán en la primera fase, para que inicie el proceso de selección del magistrado que en otoño podría incorporarse al Tribunal General. Las mismas fuentes reconocen, sin embargo, que no se puede descartar que las negociaciones descarrilen de nuevo como ya ha ocurrido varias veces desde 2011.

Algunos países cuestionan el impacto financiero de la reforma, aunque el Tribunal asegura que la factura en términos netos sólo ascenderá a 14 millones de euros, a sumar a los 355 millones de euros de su presupuesto actual.

Luxemburgo compara esas cifras con los miles de millones de euros bloqueados por los juicios pendientes sobre ayudas de estado (que tardan en resolverse una media de 32,5 meses). O con el creciente número de demandas por la lentitud en la resolución de los casos de competencia (45,8 de media). En la actualidad, los daños y perjuicios reclamados a la UE por las empresas ya ascienden a 26,8 millones de euros, casi el doble que la factura de los nuevos magistrados.

Pero al margen del coste, una parte del Tribunal tampoco comparte la fórmula elegida de doblar el número de jueces en primera instancia y preferiría la creación de salas especializadas (para propiedad intelectual, competencia, etc.). Algunas fuentes atribuyen esa resistencia al prurito profesional de los magistrados, que prefieren seguir siendo un selecto y reducido cuerpo judicial (hasta 2014, sólo 220 personas habían vestido la toga en Luxemburgo, según los datos recogidos por Hugo Brady, del Center for European Reform).

 

La Comisión Europea rescata al canal de televisión euronews

La Comisión Europea ni pestañeó cuando Grecia cerró el canal público de televisión como consecuencia de la crisis económica. Pero Bruselas no ha dudado en rescatar a su canal preferido, Euronews, aunque sea a costa del contribuyente europeo.

En 2015, la Comisión se convertirá en el principal financiador de un canal que atraviesa serias dificultades y que parecía a punto de caer en manos de un inversor egipcio. Bruselas se ha cruzado con una aportación de 26 millones de euros, por encima de los 20 millones de euros que Euronews espera obtener de ingresos en publicidad.

El canal nació en 1993, fruto de una alianza de televisiones públicas europeas (France Télévisions y Rai, sobre todo) y con vocación de captar una audiencia paneuroepa para una información con la UE como eje principal.

El proyecto no ha prosperado tan bien como se esperaba y más de una vez ha estado a punto de naufragar. La aportación de sus accionistas ha caído desde 2008 y este año, según la Comisión, sólo aportarán 2,5 millones de euros, menos del 3,4% de su facturación.

Aunque el canal tiene tasas de audiencia muy baja, Bruselas considera imprescindible “mantener su imparcialidad y independencia editorial”, así como “una perspectiva europea en las noticias que difunde”, según señaló el comisario europeo del área digital, Gunther Oettinger, en la reunión de la Comisión donde comunicó el rescate de Euronews el pasado 18 de marzo.

La Comisión reconoce el escaso público de Euronews dentro de la UE, pero lo considera un canal adecuado para los países vecinos, donde al parecer es mucho más popular (además de en ocho idiomas europeas, emite en árabe, farsi, ruso, turco y ucraniano).

En las actas de la reunión de la Comisión, sin embargo, no se explica por qué la entrada de capital egipcio ponía en peligro la independencia de Euronews. Ni tampoco se menciona la justificación desde el punto de vista de la competencia para aprobar una inyección que, con otro pagador y otro receptor, tal vez hubiera levantado sospechas de ayuda de Estado. En este caso, de ayuda supraestatal.

Fuente: economia http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/45c41aef/sc/3/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A150C0A40C240Ceconomia0C14298977350I3978590Bhtml/story01.htm

La apuesta por la FP dual, una necesidad

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Los primeros indicios de optimismo macroeconómico empiezan a aparecer en el horizonte. Las últimas cifras publicadas y, sobre todo, las previsiones, nos permiten ilusionarnos y pensar que lo peor ha pasado. Pero esa esperanza no es suficiente. Hemos de ser capaces de conseguir que esos síntomas sean percibidos como realidades por los consumidores y que realmente empiecen a afrontar su futuro con mayor optimismo. Un futuro que, en términos prácticos y cuando se trata del consumidor, tiene su horizonte en el temido fin de mes y que, en el caso de los jóvenes, les lleva a plantearse si tienen que irse a otro país.

La crisis ha servido para reconducir muchos excesos, revisar algunos aspectos del capitalismo sin control y, quizá el aspecto más importante, para distinguir entre el crecimiento volátil de los mercados financieros y el crecimiento de la economía real. La que crea bienes y servicios y la que es capaz de generar el empleo necesario para recuperar algo que un 25 % de los españoles ha perdido, un trabajo.

En este contexto, la crisis debería haber servido también para dejar de idealizar la formación universitaria como el único camino para alcanzar el éxito, una formación que hasta hace poco era sinónimo de tener un empleo digno.

Hoy, la tasa de desempleo en España entre los jóvenes menores de 30 años es del 50%. Esta cifra basta para poner en evidencia que algo en nuestro sistema educativo debería haber cambiado hace tiempo. Entre las reformas necesarias está sin duda la de la Formación Profesional (FP).
En este sentido, estoy convencido de que la FP dual es un modelo que tiene muchísimas virtudes y que debe apoyarse con mayor decisión por parte de Administraciones y empresas. No solo prestigia un grado formativo que había caído en un cierto descrédito, sino que ayuda a encajar mejor las necesidades reales de trabajo con los perfiles que se desarrollan desde los institutos de FP.

En países como Alemania o Suiza, el sistema de FP dual lleva más de 100 años implantado como una de las fórmulas de éxito de integración de los jóvenes en el mundo laboral. En España prácticamente estamos empezando a implantar el modelo y, en mi opinión, considero que lo estamos haciendo de una manera muy lenta, sobre todo teniendo en cuenta que no sería necesario reinventar la rueda. Tanto Alemania como Suiza tienen un sistema que ha demostrado gran eficacia en su implantación. En un sistema eficiente de FP dual confluyen competencias de distintos ministerios (Educación y Trabajo), con competencias territoriales en distintos grados de transparencia administrativa. En tercer lugar intervienen las empresas que tomarán a su cargo una parte muy relevante de la formación de los alumnos.

En los países con larga tradición en la implantación de la FP existen órganos ejecutivos con la participación de una representación de los distintos implicados, que se ocupan de la validación curricular, tanto en el aula como en la empresa. Se encargan también del reconocimiento de las titulaciones, de modo que tengan validez oficial en cualquiera de los territorios que gocen de autonomía.

Por su parte, los sindicatos tienen el rol de evaluar la calidad de las prácticas de empresa y de que su remuneración responda a los términos y condiciones que establece el marco regulatorio, así como que no se conviertan en una suplantación de empleo irregular.

En Nestlé hemos emprendido este camino cerrando acuerdos de FP dual con Comunidades Autónomas en las que tenemos algunas de nuestras 11 fábricas y nuestra Oficina Central que, como parte de nuestro Programa de Apoyo al Empleo Juvenil, queremos seguir impulsando en el futuro y animando a nuestros proveedores a que hagan lo mismo.

Ofrecer a los jóvenes una primera experiencia laboral, prestigiar la Formación Profesional y ajustar la formación a las necesidades laborales reales son solo algunas de ventajas de la FP dual, que sin duda pueden tener un impacto no solo en el largo plazo, sino también de manera relativamente inmediata. No hay nada que pueda generar más optimismo para una sociedad que una juventud que confíe en que puede tener un futuro en el país que le ha visto nacer.

Laurent Dereux es directo general de Nestlé España

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Los grandes bufetes se preparan para el aumento de los delitos económicos

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Forman parte de la élite de la abogacía. Dirigen los despachos más importantes de España y son testigos de las grandes operaciones empresariales. Manuel Martín (Gómez Acebo Pombo), Luis de Carlos (Uría y Menéndez, Rafael Fontana (Cuatrcasas Gonçalves Pereira), José María Alonso Puig (Baker Mckenzie) y Fernando Vives (Garrigues) analizan en exclusiva la situación del sector.

Pregunta. ¿Qué grandes retos tienen pendientes?

Rafael Fontana (Cuatrecasas Gonçalves Pereira). Los despachos españoles somos un ejemplo en Europa que ni Francia ni Alemania lo han conseguido. Tenemos que adaptarnos a las tecnologías, que son disruptivas, crueles, sin sentimientos. El abogado es persona de confianza, un confesor del cliente, y hacerlo con una máquina es complicado. Debemos adaptarnos a la forma de pensar de las nuevas generaciones, diferente a la nuestra, que se ha dedicado por entero a la abogacía. Ellos reclaman compaginarla con la vida personal.

Es necesario un pacto de Estado para agilizar la justicia”

Luis de Carlos (Uría Mendéndez). En estos años difíciles hemos tenido gran capacidad de resistencia. La abogacía es una necesidad social, tenemos pendiente la internacionalización, la conciliación y diversidad.

José María Alonso Puig (Baker Mckenzie). España ha dado ejemplo de buen hacer y de competitividad, y es de los pocos países europeos donde los despachos de negocios tienen una gran reputación. Hay otra abogacía inmensa, fuera de los negocios, que lo pasa regular. El tema de la mujer es preocupante, ya que el número de las que entran es superior y luego se quedan menos. Llegan pocas a socias, se pierde mucho talento. También tenemos el binomio entre productividad y precios; existe una presión sobre los precios de los servicios legales, y además tenemos la tensión de mantener la productividad del despacho.

 Manuel Martín (Gómez Acebo Pombo). Estamos obligados a ser más eficientes, funcionamos con criterios empresariales, hemos de ser rentables y tenemos un reto en cuanto a la formación permanente de nuestros profesionales en un entorno globalizado, con el fin de mantener la credibilidad internacional. No solo nos beneficia a nosotros, sino al sistema, hemos de darle seguridad y madurez, que es lo que ayuda a que hagamos de embajadores del país en las inversiones que se realizan aquí. Tenemos un largo camino para incrementar el prestigio de la abogacía dentro de la sociedad civil. Estamos en una situación compleja por el mundo globalizado, tenemos que adentrarnos en la ética de los negocios, en aspectos reputacionales que hasta ahora prestábamos atención, pero no al nivel que se nos requiere en la actualidad.

“La economía española ha tenido una devaluación de precios y la abogacía ha tenido que adaptarse a ese entorno. Aumentala actividad sin recuperar precios”

Fernando Vives (Garrigues). Debemos continuar dando valor al cliente, sin él no existe el abogado. Tenemos volcada la organización y subordinada al principio de asesorar a clientes, pero tenemos que enfatizar algo, ya que nunca hemos explicado bien cuál es nuestra aportación al desarrollo y al crecimiento económico. Es una asignatura pendiente.

Pregunta ¿Qué percepción tiene la sociedad de los abogados?

Vives. Mala. No es la que merecemos. En España se entiende mal que un abogado defienda a un presunto delincuente. Eso te convierte también en sospechoso, cuando el abogado es una pieza esencial para que el sistema funcione. Esa posición está mejor entendida en el mundo anglosajón. Nuestra profesión se basa en la confidencialidad con los clientes, en explicar lo que hacemos sin explicar lo que tenemos encima de la mesa, porque tenemos que cumplir con nuestros compromisos éticos.

Pregunta. ¿Por qué no concilian?

Hay más dinero para invertirque oportunidades”

De Carlos. Porque no controlamos nuestra agenda, dependemos del cliente y asumimos el coste y el sacrificio de cumplir los plazos, es una servidumbre que forma parte del oficio y del componente vocacional. Tenemos que ver cómo somos capaces de hacer compatible esa exigencia, adoptando herramientas como la flexibilidad horaria, además de ofrecer medios tecnológicos para trabajar a distancia

Fontana. No puedes ser extraterrestre, o todos cambiamos o difícilmente cambiaremos. Pasa también en Estados Unidos y en todas partes, y requiere de organización interna, de que toda la estructura cambie. No es una cuestión de horario. A lo mejor se puede educar al cliente.

Vives. Es un problema universal. Si miras el número de socias que hay en Suecia, verás que está alineado con el nuestro. Lo que ocurre es que está retrasada la profesión. Nuestro cliente marca los tiempos, pero no somos un sector que esté peor que otros. Estamos trabajando para que cambie. El problema que tenemos es el de la conciliación en general.

Martín. ¿Hasta qué punto el hecho de no facilitar la conciliación le perjudica a alguien en su carrera de socio?; hay carreras alternativas a la de socio que permiten conciliar. El cliente determina la agenda.

“En España se tiene una mala percepción de los abogados.No es la que nos merecemos.Se entiende malque defendamosa un presunto delincuente”

Alonso Puig. Ponemos los mecanismos para que el talento no se pierda, pero a lo mejor es un problema que se tiene que solucionar en casa, que el hombre y la mujer se pongan de acuerdo sobre quién tiene una carrera más brillante, porque las que se van son ellas.

Pregunta. Toman el pulso a la actividad empresarial, ¿empieza a haber recuperación?

De Carlos. Después del verano de 2013 anticipamos cambios en la percepción de los inversores extranjeros. El volumen de operaciones, de fusiones, transacciones, ha aumentado. La economía española ha tenido una devaluación de precios, y la abogacía ha tenido que adaptarse a ese entorno doméstico. Ahora se ha incrementado la actividad sin que haya una recuperación de los precios, pero espero que esto vaya cambiando.

Fontana. En cuanto a los precios, la crisis nos ha hecho a todos revisar los procedimientos y si lo que se pagaba se ajustaba a lo que se quería. O lo que das tiene valor añadido o no vas a poder subir los precios.

Pregunta. ¿El inversor está preocupado por los resultados electorales en España?

Vives. Lo que preocupa es no atisbar qué grado de estabilidad va a haber, pero hasta ahora no ha impedido que se siga invirtiendo. Nadie sabe lo que va a pasar, aunque se sigue pensando que la estructura está por encima de la situación política.

Martín. Preocupa porque los nuevos jugadores son desconocidos, pero el nivel de preocupación ha cambiado porque parece que hay una visión clara de lo que puede suceder, y parece que no sea relevante. Curiosamente, hay más dinero que oportunidades en el mercado español.

“Algunos clientes pueden buscar en nosotros reputación, credibilidad para tener comportamientos poco éticos. No todos los clientes son buenos parael despacho”

Alonso Puig. No dejan de hacer la operación porque haya un riesgo político serio. Las elecciones andaluzas han podido despejar la preocupación. Además, si llegamos a crecer al 3%, como es la previsión, nos pone en una situación estupenda en Europa. Fuera se nos ve como un país serio, que ha hecho los deberes, que lucha contra la crisis y el déficit, un país donde merece la pena invertir.

De Carlos. Lo cierto es que hay liquidez y el año económicamente va a ser bueno, aunque en otoño puede haber algún momento de impasse en la inversión hasta que se despejen las dudas políticas.

Pregunta. ¿Y la corrupción cómo afecta a la imagen del país?

Alonso Puig. No es diferente de otros países de la Unión Europea, como Italia, Francia o Alemania, con problemas serios de corrupción. Lo que nos debería preocupar es si tiene incidencia en la seguridad jurídica, y no tengo la sensación de que se dude de que España es un país con seguridad jurídica.

Fontana. Una de las bazas que genera intranquilidad en los inversores son los cambios radicales, como la discusión de si publicar o no la lista de la amnistía fiscal. Los cambios de golpe generan inquietud, las modificaciones normativas preocupan al inversor extranjero.

Martín. Una cosa es la corrupción y otra cómo se nos ve en el trato que se le está dando. Los jueces, con los medios que tienen, que tampoco son una maravilla, están poniendo ética en la manera de actuar de la sociedad civil. El poder judicial está recuperando el prestigio.

Pregunta. ¿No hay cierta lentitud?

Manuel Martín (Gómez Acebo Pombo), Luis de Carlos (Uría y Menéndez, Rafael Fontana (Cuatrecasas Gonçalves Pereira), José María Alonso Puig (Baker Mckenzie) y Fernando Vives (Garrigues)

Martín. Es un tema de medios, no hay que modificar la ley. No nos beneficia que asuntos de hace diez años sigan abiertos, da la sensación de que todo está corrupto, y no es verdad. Son temas concretos, que llevan años abiertos y da la sensación de que huele a podrido. Habrá tendencia a sacar resoluciones ejemplares que condicionen determinados comportamientos dentro de la sociedad.

Fontana. Es indudable que el poder judicial es independiente, es garantía, aunque los medios son muy escasos. Debería haber un pacto de Estado para arreglar esto. Se necesitan más medios, no se pueden juzgar casos 15 años más tarde.

Pregunta. ¿En qué medida pueden contribuir los abogados a paliar la corrupción?

Martín. No sé si somos policías o abogados. Nos obligan bastante y somos responsables, por las normas antiblanqueo, de no permitir que determinado tipo de operaciones se realicen. Tenemos muchas personas dedicadas a identificar temas de blanqueo en los despachos. Nos preocupa nuestra reputación y por ello rechazamos casos. Nuestros despachos son garantía de legalidad.

Fontana. Al igual que las entidades financieras, tenemos que revelar cuándo podemos llevar o denunciar a un cliente.

De Carlos. Lo que tenemos que hacer es aplicar criterios éticos y deontológicos estrictos, y tratamos de contribuir a que las operaciones se desarrollen con arreglo a la ley.

Fontana. Determinados clientes pueden buscar en nosotros la reputación, la credibilidad para tener comportamientos poco éticos. Dime con quién andas y te diré quién eres, pero no todos los clientes son buenos para el despacho, te pueden dañar la reputación y entonces el coste es mayor que lo que te pueden aportar.

Alonso Puig. Los que estamos aquí tenemos códigos de conducta para nuestros abogados. Formamos en comportamientos éticos y deontológicos. Si un abogado hace algo irregular puede afectar a todo el despacho, nos jugamos la supervivencia.

Se nos ve como un país donde merece la pena invertir”

Vives. Renunciamos a bastantes casos, pero no a tantos, porque quien quiere hacer algo irregular no viene a nosotros. Nadie está libre de cometer un error, pero somos rigurosos con el tema. Otra cosa es el señor acusado de un delito que nos llama para que le defendamos, merece una defensa y es nuestro trabajo.

Martín. Nuestros departamentos penales son, sobre todo, para delitos económicos.

Alonso Puig. Sí, pero están creciendo bastante. Nuestros departamentos penales crecen y tienen mucha actividad.

Fontana. Crecen y crecerán.

De Carlos. En el ámbito interno extremamos los cuidados, tenemos prohibido que los abogados inviertan en empresas porque manejamos información reservada.

Vives. Tenemos una norma institucional más fuerte que ninguna entidad financiera. Prohibimos operar en Bolsa.

Pregunta. ¿Existe una inflación de normativa y de cambios regulatorios?

Fontana. En el desarrollo de la economía, el crecimiento de la normativa es grande, y es bueno porque nos da trabajo, ya que hay que analizarlo y explicarlo.

Vives. Existe una exuberante modificación normativa que viene impuesta por la UE. En un mundo complejo y veloz son inevitables los cambios, pero lo que debe mejorar es la calidad de la normativa.

Alonso Puig. A la normativa estatal se suma la europea y la autonómica, y es excesiva. Debería haber una mayor armonización, además de una mejora en la calidad.

Fuente: economia http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/45c40e69/sc/26/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A150C0A40C270Ceconomia0C1430A1147330I51470A10Bhtml/story01.htm

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