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Se agudiza la caída de los precios: el IPC acaba agosto en el -0,5%

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Cinco claves para la recuperación del crecimiento en España

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Demanda interna y externa. Desde el segundo trimestre de 2010, la demanda interna (fundamentalmente consumo e inversión) han realizado una aportación negativa al PIB y el sector exterior era el pilar que evitaba el desplome de la economía, con crecimientos continuados desde esa fecha. El primer trimestre de 2014 marca un punto de inflexión, con la demanda interna contribuyendo de forma positiva en cuatro años y la externa restando por primera vez en ese período. Ese cambio se ha vuelto a producir en el segundo trimestre, con una contribución del consumo y de la inversión de 1,9 puntos, el mayor desde 2008, y una merma de 0,7 puntos de la demanda externa, la peor desde 2010. El deterioro del sector exterior está fundamentado en el enfriamiento de las exportaciones, ligado a la debilidad de nuestros grandes socios comerciales como Francia, Alemania e Italia, y en un repunte de las importaciones, lo que es interpretado por el Ejecutivo como el primer signo adelantado de la recuperación económica.

Consumo de los hogares. El consumo de los hogares registró en el segundo trimestre del año un crecimiento trimestral del 0,7%, superior en dos décimas al del trimestre anterior (0,5%) y ya suma cinco trimestres consecutivos en positivo. Este ritmo de crecimiento no se daba desde el primer trimestre de 2008 y es un síntoma inequívoco de que algunas familias han retomado decisiones de gasto, a pesar de que el paro sigue en niveles muy altos y que el grifo del crédito no se ha abierto todo lo que sería deseable. El INE constata que ha habido un crecimiento generalizada en todas las partidas de bienes y servicios analizado, aunque la referida a los de consumo duradero ha atenuado su rtimo de crecimiento.

Inversión. Las empresas de bienes de equipo siguen elevando su inversión, con un avance del 2% respecto al anterior trimestre y del 8,9% respecto a un año. Ante la debilidad de sus principales compradores (es el primer sector exportador de España, con una cuota del 21% del total), este dato indicaría que las empresas estarían concentrado sus esfuerzos en incrementar su presencia en territorio nacional con las primeras señales de reactivación de la industria.

Otra señal que invita al optimismo es el crecimiento del 0,9% en la inversión en construcción, su primera tasa positiva desde el tercer trimestre de 2011. No tanto por la residencial, que no ha salid de tasas negativas desde el inicio de la crisis, como por el repunte en otras construcciones, que seguramente estarían muy ligadas a la reactivación industrial. Pese a esta mejora, la construcción de viviendas y de otras construcciones registran niveles que apenas llegan a la mitad de lo que alcanzado en 2008.

Administraciones públicas. En el primer trimestre, el gasto de las administraciones pública creció un 4,4%, lo que fue decisivo para que el PIB creciera cuatro décimas. Economía lo achacaron contable más que a un repunte del gasto público. Algo que parecen confirmar los datos del segundo trimestre, con un avance del 0,1%.

Empleo. El empleo de la economía en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo registró una variación trimestral del 0,6%, cinco décimas superior a la del trimestre anterior. En términos anuales, el empleo aumentó a un ritmo del 0,8%, tasa 1,2 puntos superior a la del primer trimestre y que equivale a un incremento neto de aproximadamente 127.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año. El objetivo marcado por el Ejecutivo en el cuadro macroeconómico es un avance anual del 0,6% para este año y del 1,2% para 2015, con una creación neta de 600.000 puestos de trabajo en la segunda mitad de este año y todo el próximo.

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Berlín limitará a seis meses la estancia de los europeos que buscan empleo

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El Gobierno alemán presentó hoy su informe definitivo y el paquete legislativo con el que quiere impedir que los inmigrantes de la UE “abusen” de su sistema social y ratificó que limitará a seis meses la estancia de quienes llegan al país a buscar empleo y no tienen expectativas de encontrarlo.

Los ministros de Interior, Thomas de Maizière, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Andrea Nahles, presentaron en rueda de prensa el documento, destacaron su total respeto al derecho comunitario y a la libertad de circulación y establecimiento, un “pilar” de la UE, y aseguraron que su objetivo es luchar contra el fraude y los abusos.

Entre las medidas más novedosas del proyecto de ley está limitar a seis meses -“como hacen otros países europeos”, subrayó De Maizière- el permiso de residencia de los inmigrantes comunitarios que buscan empleo y prohibir temporalmente que vuelvan a entrar en el país aquellos que cometan fraude con ese permiso o con las prestaciones sociales, prácticas que serán penalizadas.

El Gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas presentó en marzo un avance del proyecto ante el extendido temor a que el país se convierta en destino de importantes flujos de rumanos y búlgaros, la que en Alemania se denomina “inmigración de la pobreza”.

Según aseguró de Maizière, “no es un problema extendido en toda Alemania, pero el Gobierno central debe apoyar a los ayuntamientos afectados”.

Si el inmigrante europeo no tiene expectativas de encontrar un empleo, explicó el ministro, se cancelará su permiso de residencia a los seis meses y estará “obligado” a abandonar el país.

Las consecuencias prácticas si no lo hace, precisó ante las dudas planteadas, será que perderá los derechos inherentes a ese permiso, como la asistencia sanitaria u otras prestaciones sociales.

En el documento se apuesta asimismo por endurecer las condiciones para acceder a determinadas prestaciones, como las que se cobran por los hijos a cargo, para evitar que los inmigrantes, que pueden recibir ayudas por la familia que mantienen fuera de Alemania, perciban subvenciones dobles.

Se estudiará además la posibilidad de homologar la prestación por hijo a la que se recibiría en el país de origen.

Junto a estas medidas, que el Gobierno espera que estén aprobadas a final de año, se endurecerá la lucha contra la explotación laboral, a la que están sometidos muchos inmigrantes sin papeles en el país, y se facilitará ayuda financiera a los municipios con mayores cargas, que este año recibirán 250 millones de euros.

El informe fue criticado por la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) y por los Verdes, en la oposición parlamentaria, que acusaron al Gobierno de reaccionar ante un problema inexistente y de no aportar datos que demuestren que haya un fraude masivo o relevante en el país.

Cáritas lamentó los prejuicios que tiñen el debate sobre la denominada inmigración de la pobreza y que la clase política ofrezca una “falsa imagen” de los inmigrantes que llegan al país, en su inmensa mayoría para trabajar.

El informe presentado muestra el importante incremento del número de inmigrantes que ha acogido Alemania en los últimos años procedentes del este de Europa.

De los poco más de 35.000 ciudadanos rumanos y búlgaros que llegaron al país en 2004, se pasó en 2012, últimas cifras presentadas por el Gobierno, a más de 180.000.

A finales de 2013 residían en Alemania 3,1 millones de ciudadanos procedentes de otros países de la UE, algo más de 414.000 originarios de Rumanía y Bulgaria, los países con más rápido crecimiento.

El número de españoles residentes en Alemania se situaba en diciembre de 2013 en 135.539, frente a los 108.278 que se registraban en 2004. 

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El Gobierno abre más parte del pastel de la formación a los centros privados

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El Ministerio de Empleo lleva meses negociando con patronal y sindicatos un nuevo modelo de formación de los trabajadores, que tenga una financiación más transparente, que zanje los problemas de fraude que tiene el sistema actual.

Los negociadores ya llegaron a un acuerdo el 29 de julio y el nuevo modelo entrará en vigor en enero de 2015. Pero antes, el Gobierno aprobó ayer la última convocatoria de subvenciones públicas para dar cursos a los trabajadores, según el modelo aún vigente, que publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata por tanto de una convocatoria “de transición”, en la que el Ejecutivo amplía del actual 30% al 50% la parte de las ayudas a la que podrán acceder, además de las organizaciones patronales y sindicales, los centros privados de formación debidamente acreditados.

De esta forma, de los 138,9 millones de euros aprobados ayer para formar a trabajadores en 2014 a través de programas estatales, la mitad seguirán destinándose en exclusiva a organizaciones patronales y sindicales.La otra mitad se abrirá a la libre concurrencia (una especie de sistema de concursos públicos) y podrán optar a esta parte de la financiación tanto los agentes sociales como los centros del sector privado.

A partir del próximo año, cuando entrará en vigor el nuevo modelo, el 100% de esta partida presupuestaria estará abierto a la competencia. Aunque, dicho esto, se mantendrá una pequeña parte sin concretar para “acciones formativas dirigidas a cualificar a los representantes de patronal y sindicatos para la negociación colectiva.

Además, la patronal y los sindicatos no formarán parte del órgano colegiado que evaluará las solicitudes de estas ayudas. La instancia encargada de hacer esta evaluación estará formada por cinco funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y presidido por el subdirector general de Políticas Activas que tendrá voto de calidad.

A la vista del informe de este órgano colegiado, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo –en la que están el Gobierno, la patronal y los sindicatos– sí podrá hacer una propuesta de resolución provisional “debidamente motivada”. Acto seguido se abrirá un plazo para alegaciones y la Fundación emitirá su resolución definitiva a la dirección general del SEPE, que será quien adjudique definitivamente la subvención. Cuando la propuesta de financiación con estas ayudas públicas supere los 12 millones de euros deberá aprobarla el Consejo de Ministros.

Otra novedad de la convocatoria para 2014 será la limitación al 50% el pago anticipado de la financiación;e igualmente se topa al 50% la subcontratación. Los cursos de esta convocatoria podrán impartirse hasta el 31 de octubre de 2015. Y no podrán tener una duración inferior a 6 horas ni superior a 210 horas.

A los 138,9 millones de euros aprobados en la convocatoria publicada hoy en el BOE, el Gobierno sumará otros 41,3 millones de euros para formar a menores de 30 años. Esta parte adicional de la financiación estará también abierta en un 50% a la libre concurrencia. De esta forma, el monto total de las subenciones a las que optarán los centros privados, junto a patronal y sindicatos, en igualdad de condiciones ascenderá a 90,1 millones.

Más control de la Inspección

El Ministerio de Empleo anunció ayer su intención de crear una unidad especializada en el seguimiento y control de todas las actividades de formación. Esta unidad, que se enmarcará dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tendrá “capacidad efectiva de sanción”.

Por ello, los responsables de Empleo desarrollarán un régimen sancionador para las personas y entidades que incumplan la ley en materia de formación con dinero público. En concreto, entre las sanciones que barajan están la de prohibir volver a trabajar con la Administración Pública en el ámbito de la formación durante cinco años como mínimo.

Asimismo, prevén la creación de un buzón específico de denuncias de malas prácticas o irregularidades en materia de cursos formativos a trabajadores. Dicho buzón será similar al que ya existe en la web de Empleo para las supuestas ilegalidades que cometen las empresas en materia de contratación y cotización a la Seguridad Social.

Cómo se reparten los fondos

Los trabajadores aportan mensualmente un 0,7% de su base de cotización para formación. De todo lo recaudado –unos 1.800 millones de euros el pasado año– la mitad se destina a formar a desempleados y la otra mitad para dar cursos a trabajadores ocupados. De esta segunda parte, casi el 60% (575 millones en 2013) se destinan directamente a las empresas, con un sistema de liquidación de las cuotas. Las compañías son totalmente libres para encargar la formación de sus trabajadores a quien quieran.

A esto se suma otra parte (181 millones en 2013) para subvenciones a patronales y sindicatos. Y un 50% de esta parte es la que queda abierta a la competencia con centros privados este año. Además hay otros 112 millones para las comunidades autónomas.

El nuevo modelo de formación para 2015 pretende regular un cheque-formación para parados y la creación de una cuenta formación que acompañe al trabajadores en toda carrera profesional.

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Las nuevas jubilaciones son un 37% más caras que las de los que fallecen

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La cuantía media de las pensiones de jubilación que se han dado de alta en este primer semestre de 2014 asciende a 1.295 euros al mes;mientras que la cantidad media que cobraban los pensionistas que fallecieron, y por tanto se dieron de baja en el sistema, en este mismo periodo era de 942 euros mensuales. Esta diferencia supone que las nuevas pensiones de jubilación son un 37% más caras que las de los que fallecieron.

El motivo principal son las mayores carreras de cotización de aquellos que llegan al sistema en comparación con las que tuvieron los que lo abandonan por fallecimiento.

Además, las nuevas altas de jubilación crecían un 2,5% en junio, más que lo que aumentan las bajas (1,1%) y este fenómeno (incremento neto de pensiones y de mayor cuantía) se lleva produciendo de forma sostenida en los últimos años. Esto explica fundamentalmente el constante aumento del gasto en pensiones, ya que se cobran prestaciones más caras y durante más tiempo (una media de 18 años desde la jubilación)

Con ello, la nómina mensual que pagó la Seguridad Social a principios de agosto para abonar un total de 9,21 millones de pensiones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad permanente y orfandad) ascendió a 8.042 millones de euros, un 3,1% más que en el mismo mes de hace un año.

De esta forma, el gasto mensual en pensiones volvió a batir su propio récord histórico, debido además de al incremento de las cuantías, a un mayor número de pensiones a pagar, que se incrementaron un 1,4% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior.

Las  jubilaciones anticipadas y parciales antes de la edad legal han caído un 6,5%

Freno al gasto

No obstante, a pesar de que la nómina total de pensiones es la más alta de la historia, desde principios de este año este gasto crece con menos intensidad de la que lo hacía desde 2008, cuando marcó el máximo con incrementos interanuales del 8,5%.

Así el gasto en prestaciones contributivas (a excepción de las de desempleo) ha pasado de aumentar cerca de un 5% anual desde 2010 a poco más del 3% en el primer semestre de este año. En esta línea, el Gobierno prevé un gasto en pensiones para todo 2014 de 112.102 millones de euros, lo que supondrá un 3,26% más, 1,6 puntos menos que en 2013.  Esto representa un ahorro de unos 1.800 millones de euros.

A este ahorro han contribuido tres factores fundamentalmente: un leve freno en el incremento del número de pensiones; la exigua subida de las pensiones del 0,25% este año, siguiendo el nuevo mínimo que marca la ley; y un menor acceso a las jubilaciones anticipadas y parciales antes de los 65 años, como efecto del endurecimiento normativo de hace algo más de un año.

De hecho, los últimos datos conocidos indican que el número de españoles que se jubiló antes de cumplir la edad de jubilación (65 años y dos meses en 2014) ha caído un 6,5%. Y es que el efecto de las jubilaciones tempranas para las arcas del sistema es de lo más perjudicial, ya que se trata de pensiones más altas, que se cobran durante más tiempo y sus perceptores dejan de cotizar antes.

Edad real de jubilación

Así, según las cifras de agosto conocidas ayer, la pensión media de las nuevas altas de jubilación que se producen antes de los 65 años ascendía a 1.467 euros al mes, frente a los 1.179 que cobran los nuevos jubilados que se retiran a partir de la edad legal. Por ello, el colectivo con pensión media más alta (excluyendo la jubilación especial de los mineros) es el de los nuevos beneficiarios con 60 años (1.603 euros).

Estos mismos datos indican que la edad media real a la que se jubilan los españoles es 64,2 años en agosto. Mientras que en el régimen general esa edad media es de 63,8 años y en el régimen de autónomos supera la legal (65,8 años).

 

Un año electoral también para las pensiones

A la vuelta del verano el Gobierno tiene que sentarse a diseñar los Presupuestos Generales para 2015; y serán los últimos de la legislatura, ya que si no hay ningún cambio habrá elecciones generales en noviembre del año próximo. Y no serán las únicas porque unos meses antes se celebrarán también comicios autonómicos y municipales en primavera.

Esto hará sin duda que el Gobierno aproveche cualquier margen presupuestario para hacer guiños a los electores. Y uno de los principales y más numerosos grupos de votantes –si no el que más– es el de los pensionistas. Por eso, aún está por ver si el Ejecutivo mantiene el rigor presupuestario que le ha caracterizado en la legislatura y aplica la subida mínima de las pensiones prevista en la última reforma (0,25%) o, por el contrario decide aprobar un mayor incremento (la ley le permite hasta el IPCmás 0,5%).

Teniendo en cuenta que la delicada situación financiera de la seguridad Social –con un déficit de más del 1% del PIB, lo que está obligando al Ejecutivo a usar el fondo de reserva de las pensiones, del que se han sacado casi 25.000 millones desde 2012– fuentes de la Administración defienden que el próximo año la subida de pensiones debería limitarse nuevamente al mínimo legal del 0,25%. Es más, dado nivel negativo de los precios (en julio el IPC cayó un 0,3% anual) el Ejecutivo podría argumentar incluso esta circunstancia una ganancia mayor de poder adquisitivo de los pensionistas, sin tener que pagarles más dinero. Sin embargo, no falta quien ya opina que habría que hacer un esfuerzo para que la subida sea algo superior a la mínima, pensando siempre en que es un año electoral.

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Lagarde imputada por “negligencia” en un caso de corrupción en Francia

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La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, fue imputada por “negligencia” tras haber sido interrogada durante varias horas en relación con una investigación por presunta corrupción, indicaron hoy a Efe fuentes judiciales.

 La propia Lagarde señaló a medios locales que tiene previsto continuar con sus funciones al frente del FMI.

Lagarde declaró ayer, martes, durante 15 horas ante la Corte de Justicia de la República, instancia habilitada para juzgar a los ministros por delitos cometidos durante su estancia en el Gobierno, que ya ha interrogado a la exministra en cuatro ocasiones.

Sin embargo, hasta ahora no había dado el paso de imputarla y se mantenía con el estatus de “testigo asistido”.

A partir de ahora, Lagarde ha dado un paso más en su implicación en esta investigación, que persigue determinar si hubo corrupción en la atribución de una indemnización de 403 millones de euros al empresario Bernard Tapie en 2007 por la venta de la empresa de equipamiento deportivo Adidas en los años 90.

Confiscada a Tapie, esa empresa fue vendida por el banco Crédit Lyonnais por un precio muy inferior al de mercado, según Tapie, que reclamaba al Estado una indemnización.

Tras años de litigio, Lagarde, ministra de Economía en el Gobierno del conservador Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2011, antes de su llegada al FMI, decidió que fuera un arbitraje privado el que fijara la indemnización.

El hecho de que no fueran los tribunales los que calcularan el monto de la indemnización provocó que se abriera una investigación judicial por presunta corrupción.

Cinco personas han sido acusadas en este sumario por los jueces instructores, entre ellos el empresario y exministro Tapie -conocido por su amistad con Sarkozy- y el anterior director del gabinete de Lagarde en el departamento de Economía, Stéphane Richard, actual presidente del operador de telecomunicaciones Orange

 

 

 

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Las hipotecas crecen un 19% en junio, la mayor subida interanual desde 2006

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¿Vuelve la vida al mercado hipotecario? El número de hipotecas concedidas para compra de vivienda registró en junio un alza del 19%, la más abultada que ofrece la serie de datos del INE desde la época dorada del ladrillo, marzo de 2006. En términos mensuales, el número de hipotecas se ha recortado en un 4,6%.

Con todo, la cifra, 17.137 hipotecas para compra de vivienda, no solo está a años luz de las cifras de la burbuja (en algún mes de 2005 se llegaron a firmar más de 120.000 hipotecas), sino que está también lejos de los datos de hace dos años. En junio de 2012 se concedieron 24.000 hipotecas para comprar casa.

En los últimos cuatro años, solo se han registrado dos repuntes en las hipotecas concedidas, el de junio y un escaso 2% registrado en marzo (y condicionado por la Semana Santa), reflejo de un mercado que ha terminado congelado por la sequía de crédito y la parálisis del mercado inmobiliario.

El final de la deducción por vivienda tambián ha condicionado el mercado, con leves ascensos a finales de los años 2010, 2011 y 2012, cuando sucesivamente se preveía la eliminación de dicha deducción, que no fue definitiva hasta 2012. Es por ello que en el aumulado de 2014 las hipotecas concedidas aún muestra una fuerte caída del 15%. Las cifras que ofrece el INE, al corresponder a escrituras de hipoteca, llevan retraso respecto a la fecha de adquisición efectiva de la vivienda.

En línea con el alza del número de préstamos, su importe crecióhasta 1.689,39 millones de euros, el 20,5 % más que en junio de 2013 y el 5,2% menos que el mes anterior. El importe medio cerró en 98.582 euros, el 1,3% más que en el mismo mes de 2013 y apenas el 0,6 % menos que los 99.164 euros del mes anterior.

En cuanto a los tipos de interés, las hipotecas escrituradas se firmaron al 3,88%, frente al 4,26% de hace un año. No obstante, el tipo medio ha subido sobre el 3,82% del mes anterior, el primer repunte desde noviembre, que contrasta con la rebaja de tipos generalizada en los mercados interbancarios y de renta fija.

Lo que no repuntan son los cambios en hipotecas. Ni las modificaciones de tipos de interés, ni el cambio de entidad ni la subrogación de préstamos mejoran: todos caen en torno al 10% sobre el año anterior.

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Los turistas extranjeros gastan 34.497 millones hasta julio, un 7% más

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Montoro dará explicaciones en el Congreso por el caso Pujol

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Íñigo Fernández de Mesa, nuevo secretario de Estado de Economía en lugar de Latorre

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El actual secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, será nombrado secretario de Estado de Economía en sustitución de Fernando Jiménez Latorre, que deja su cargo para ocupar un puesto de director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según han explicado a Efe fuentes del Ejecutivo, Fernández de Mesa será nombrado previsiblemente en el Consejo de Ministros de este viernes y su incorporación será inmediata, aunque Jiménez Latorre no entrará en el FMI hasta noviembre.

También será nombrada como nueva secretaria general del Tesoro Rosa Sánchez-Yebra Alonso, que en la actualidad es directora del gabinete del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

Asimismo, se acordará, previsiblemente, la designación como nueva presidenta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de la diputada del PP por Pontevedra Irene Garrido, que dará el relevo a Román Escolano, quien a su vez sucederá a la exministra socialista Magdalena Álvarez en una de las vicepresidencias del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Íñigo Fernández de Mesa pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y, además de secretario general del Tesoro y Política Financiera, es miembro del consejo del Banco de España, del consejo de la CNMV, vicepresidente del FROB, vicepresidente del Comité Económico y Financiero de la UE, vicepresidente del Euroworking Group y consejero del Bruegel Institute.

Con anterioridad había sido director ejecutivo alterno del Grupo Banco Mundial, director ejecutivo del BEI, director ejecutivo del Fondo Europeo de Inversiones y subdirector para asuntos europeos en la Dirección General del Tesoro.

En el sector privado había trabajado como responsable de operaciones del sector público de Barclays y como responsable de financiación del Sector Público e Infraestructuras en Lehman Brothers, entidad en la también trabajó el ministro De Guindos.

Rosa Sánchez-Yebra forma parte del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y del Cuerpo Superior de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria.

Desde 1990 ha ocupado diversos cargos en los Ministerios de Industria, Hacienda y Economía, entre ellos, directora del gabinete del secretario de Estado de Economía, asesora de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y consejera para el FMI y el Ecofin. Asimismo, ha sido directora de la Asesoría Económica del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y profesora del IE Business School.

Irene Garrido es portavoz adjunta de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados desde 2011 y directora del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Vigo, de la que es profesora titular desde 1991 y en la que ha ocupado diversos cargos de gestión desde 2001.

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