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La mano dura se asoma al arte

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Podemos propone subir los impuestos y un ‘catastrazo’

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Con una estructura territorial todavía precaria, Podemos ha presentado este miércoles el programa electoral para las elecciones andaluzas del próximo 22 de marzo. Serán los primeros comicios tras convertirse en el partido relevación en las elecciones europeas del año anterior. Su candidata, Teresa Rodríguez, ya ha dejado su cargo como eurodiputada. La formación de Pablo Iglesias reconoció que el adelanto electoral anunciado por la presidenta de la Junta y candidata del PSOE, Susana Díaz, les había pillado con el pie cambiado. Aun así, señalan que aspiran a ser la formación más votada y pretenden demostrar su fortaleza llenando el velódromo de Dos Hermanas en el mitín de final de campaña. Esta instalación, donde el PSOErealiza sus principales actos, tiene una capacidad para 18.000 personas.

El programa electoral, que cuenta con 433 medidas, apuesta por realizar una auditoria de la deuda y de la gestión pública, detener los desahucios a través de la declaración del “estado de emergencia habitacional”, garantizar el suministro de servicios básicos como el agua o la electricidad y subir los impuestos a las rentas altas a través de modificaciones en el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones.

Auditoría pública y privada
Se trata de una de las medidas que recibió más apoyos de las bases de Podemos. La formación liderada por Pablo Iglesias propone realizar una auditoria de la gestión pública y de las cuentas andaluzas, antes los “continuados desmanes urbanísticos y los gravísimos casos de corrupción”. Durante la rueda de prensa, Rodríguez ha señalado que pretenden analizar de donde procede la deuda de Andalucía, que actualmente asciende al 22% del PIB. En cualquier caso, el programa electoral en ningún momento aborda una posible quita o reestructuración del pasivo. La auditoría en la gestión pública también se trasladaría en la propuesta de Podemos al sector privado dedicado a la “prestación de suministros básicos como la gestión del agua o el sanitario”.

Subir los impuestos
Podemos no realiza ninguna mención al IRPF, el impuesto más relevante sobre el que la comunidad tiene una amplia competencia. Sin embargo, sí indica que apuesta por subir los impuestos a las rentas más altas y, ante la imposibilidad de que una comunidad cree un tributo sobre la riqueza de nuevo cuño, defienden incrementos en el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones. También son partidarios de actualizar los valores catastrales, lo que permitiría elevar los ingresos por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Desahucios
Podemos defiende que la Junta de Andalucía tendría competencia para detener todos los desahucios si aprobara una “ley de emergencia habitacional”. Se compromete a “asegurar mediante ley un mínimo vital de subsistencia de los suministros de agua, luz y gas”. En el ámbito inmobiliario, también propone “impulsar el alquiler y el derecho al uso de casas vacías propiedades las administraciones y entidades financieras”. Apuestan por crear una agencia pública de mediación en materia de vivienda para aquellos contribuyentes que no puedan pagar su hipoteca. El programa electoral habla de “reestructuraciones” de deuda privada, aunque omite el término quita.

Gasto social
Todo el proyecto político de Podemos gira en torno a incrementar el gasto social. Así, aseguran que se elevará el gasto en sanidad y educación hasta los niveles europeos.

Modelo productivo
En el ámbito económico, Podemos hace hincapié en algo también defiende el resto de partidos: incrementar el peso de la industria en la economía andaluza. Señalan que pondrán los recursos de la comunidad al servicio de la financiación de proyectos empresariales “sostenibles” e impulsarán las actividades ligadas a la investigación y el desarrollo.

Participación
Podemos defiende que la iniciativa popular puede obligar a la celebración de un “referéndum revocatorio” para apartar de su puesto a un cargo público.

 

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O CC OO se reinterpreta o la historia se lo lleva por delante

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“O el sindicato Comisiones Obreras se reinterpreta de forma constante o los vientos de la historia se lo llevarán por delante”. Así de preocupado se mostró ayer el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, sobre el futuro del primer sindicato del país que él lidera.

Toxo justifico con esta gráfica referencia la necesidad de revisar numerosos aspectos, del sindicato, sobre todo organizativos y estructurales para adaptarlos a los cambios sociales y laborales.

Y el sindicato empezó hoy a aplicar estos cambios. El Consejo Confederal Extraordinario de CCOO aprobó, entre otras cosas, un código de conducta que refuerza las medidas de control internas.

La nueva batería de medidas tendrá como objetivo la transparencia, la independencia y la unificación en el seno de la organización, ya que los cambios del mercado laboral necesitan una nueva interpretación de la actividad sindical y, todo ello, con autoexigencia pues “la sociedad no tolera cosas que antes toleraba o desconocía”, indicó Toxo.

Así, habrá una nueva regulación de las secciones sindicales, reglamentos de medidas disciplinarias a órganos y personas y “normas que limitan la aceptación de regalos o de beneficios de empresas con las que colaboran los miembros del sindicato”, señaló Toxo.

Además, con el fin de garantizar una adecuada política de retribuciones y compensación de gastos para desarrollar la actividad sindical, CC OO planea revisar sus sistemas retributivos y unificarlos para el conjunto de la Confederación. El sindicato aprobó también una nueva regulación de los órganos de dirección para extender la limitación de mandatos –que ahora solo afecta a los secretarios generales– a todos los miembros de las comisiones ejecutivas. Y todos los que formen parte de los máximos órganos de dirección deberán realizar una “declaración de bienes al entrar y salir de la organización”.

La organización considera que la autoevaluación exige “la mejora de los instrumentos” para que se pueda auditar la actividad sindical, “pero de manera complementaria”. Así, ha apostado por “una auditoría sindical, económica y de recursos humanos”, de modo que la auditoría externa sea un complemento.

Con todo, en CC OO consideran imprescindible que la organización continúe siendo independiente y autónoma. Ello no debe implicar prescindir de la financiación pública, sino que esta se haga mediante una ley de financiación y participación.

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El empleo sube y arrasa los ingresos

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El empleo medido como afiliados-cotizantes a la Seguridad Social ha avanzado en casi 100.000 personas en febrero, a ritmos desconocidos desde hace 14 años, y acumula 19 meses de avance en términos desestacionalizados, los que eliminan las distorsiones del calendario laboral. La tasa de variación interanual se acerca al 3% y guarda plena coherencia con el desempleo que muestran el resto de las estadísticas de medición de la ocupación, ya sea la contabilidad nacional o la encuesta de población activa. Un crecimiento muy similar al que en estos momento muestra el producto interior bruto, muy cercano también al 3%.

Ambas variables, crecimiento y empleo, parecen consolidadas y ofrecen síntomas de que se encuentran ambas en una fase inicial de un ciclo, del que falta por conocer cuál será su longevidad y su intensidad. La ausencia de las grandes locomotoras del crecimiento que asistieron a la economía española en el pasado ciclo, el alto endeudamiento de los agentes y la incertidumbre política imponen una razonable duda sobre cómo serán actividad y ocupación dentro de dos o de cuatro años. Aunque la inversión parece que comienza a acompañar al consumo y al sector exterior, sigue habiendo más dudas que certezas sobre el largo plazo, por mucho que el corto y medio parezcan despejados.

En febrero, el avance del empleo asalariado se ha generalizado, con la excepción del agrario, que tiene un componente estacional muy definido. Al avance consistente en los servicios se ha sumado la construcción, y parece consolidarse el empleo manufacturero, pese al recorrido que sigue teniendo la productividad aparente en estas actividades. Además, parece que comienza a recuperar ciertas dosis de calidad, a juzgar por el reflejo que está teniendo en la recaudación, tanto del impuesto sobre la renta como de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Si los ingresos avanzan más rápido que la suma del número de cotizantes y la subida nominal de los salarios, como es el caso hasta febrero, es porque las retribuciones medias (bases de cotización) avanzan, aunque sea lentamente. De ser así, el sistema de pensiones estaría recomponiendo lentamente las dos variables de entrada de recursos a la vez, tanto los cotizantes como sus aportaciones, y lograría cerrar la brecha deficitaria en menos tiempo del previsto y recuperar el equilibrio para no echar sistemáticamente mano del ahorro depositado en el fondo de reserva.

A finales de este año sabremos si la Seguridad Social recupera la salud de sus cuentas, puesto que en caso de no hacerlo debería aplicar con rigor extremo el sistema de revalorización de las pensiones, que solo salvarían el poder adquisitivo en caso de que la inflación se mantuviese congelada o incluso en valores negativos. Hay que recordar que el porvenir es un avance acelerado del número de pasivos.

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CEOE trata hoy la formación y los salarios

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El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha convocado para hoy una reunión extraordinaria de su Junta Directiva para tratar las negociaciones sobre el pacto salarial con los sindicatos y las que se desarrollan en el ámbito del diálogo social tripartito sobre la reforma de la formación.

 

Se trata de dos cuestiones muy sensibles para los empresarios, pues, en el caso de los salarios, marcará las recomendaciones retributivas para los próximos tres años y trazará el camino a seguir sobre esta parte de sus gastos, y del lado de la formación, se trata de atajar la salida de las organizaciones empresariales del reparto de recursos destinados a formación, lo que sería un duro golpe a sus ingresos.

Sin adelantar el contenido, la CEOE ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa a las 13.00 horas en la sede de la patronal, en la que podrían anunciarse avances significativos en ambas cuestiones.

Tanto el pacto salarial como la reforma de la formación son temas que debían estar cerrados desde el pasado 1 de enero, pero las posiciones se han enconado en estos meses. Desde el ámbito sindical se ha querido ver en la demora del acuerdo salarial –anhelado por el Ministerio de Empleo por el espaldarazo institucional que supondría–, una moneda de cambio para frenar un ‘decretazo’ en formación que perjudicaría seriamente los intereses de las empresas y que pondría en un serio aprieto a Rosell.

El presidente de la patronal sufrió una dura oposición en el seno de la Confederación en las últimas elecciones de diciembre de 2014 por el enfado de un sector del empresariado ante la posible pérdida de peso en el sistema de formación.

Los borradores que han trascendido hasta la fecha reflejan que el Ministerio de Empleo cuenta con tomar la vía del decreto si no hay acuerdo entre las partes. Los sindicatos reclaman participar en el diseño del sistema de formación, con un papel realmente activo, y no tienen inconveniente en salir de la impartición de los planes.

Los empresarios no quieren participar en éstos, ya que de la cuota del 0,7% sobre la base de cotización por contingencias comunes que se paga a la Seguridad Social en las empresas y que se dedica a financiar este sistema, un 0,6% corre de su cuenta y sólo un 0,1% de los trabajadores.

Además, el vicepresidente de la CEOE, Joaquín Gay de Montellá, precisaba esta semana que la patronal no le puede dar el 100% de su apoyo a la reforma del Gobierno porque no resuelve temas como la formación para pymes de menos de 10 trabajadores, y no es suficientemente específica por colectivos de empleados y desocupados.

Preguntada por esta cuestión, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha mostrado su voluntad de apurar al máximo las negociaciones, pero no ha descartado que el Real Decreto Ley de la reforma se apruebe ya, sea cual sea la situación, en el Consejo de Ministros del próximo viernes 6 de marzo.

Sobre el pacto salarial, que ha de incluirse en el III Acuerdo marco sobre negociación colectiva para los años 2015-2017, los empresarios siguen negándose a que los sueldos suban más del 1% este año y apostando por la moderación salarial.

En las últimas semanas se han conocido pasos al frente por parte de los sindicatos, que han accedido a que salarios y evolución del PIB vayan de la mano en la recuperación, pero siguen reclamando una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores al abrigo de la mejora económica.

Concretamente, las centrales piden un incremento del 1,5% si el PIB crece entre el 1,5% y el 2% en 2015 y no superior al 2% si la economía crece aún más en 2016. Los incrementos salariales para 2017 se negociarían en los primeros tres meses de ese año.

Más aún, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, se refirió ayer tanto a esta propuesta salarial como a la de ‘blindar’ la ultraactividad de los convenios colectivos para que estos sólo puedan sustituirse por otro sin decaer al final de una negociación.

Dicho esto, se ha mostrado abierto a ser más flexible en uno de los dos puntos si uno de ellos se asume en su totalidad: “Nosotros hacemos un análisis en bloque. Puede haber más flexibilidad en un tema si se alcanza el otro”, ha dicho.

Fuentes de CEOE no aclaran si en la Junta Directiva de este miércoles se tratará una nueva propuesta por parte la patronal para desbloquear la negociaciones o se debatirá aceptar la de los sindicatos.

 

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23 meses de caídas de los precios de exportación e importación

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El Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales registró un descenso del 0,5% el pasado mes de enero respecto al mismo mes de 2014, mientras que los precios de importación de dichos productos se hundieron un 6,3%, su mayor descenso de la serie histórica, iniciada en 2006, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la caída experimentada el pasado mes de enero, los precios de las exportaciones e importaciones encadenan 23 meses consecutivos de retrocesos interanuales.

Los precios de exportación se situaron seis décimas por encima de la tasa registrada en diciembre (-1,1%), mientras que los de las importaciones ampliaron casi dos puntos su descenso respecto al mes anterior (-4,4%).

En cuanto a la variación mensual (enero de 2015 sobre diciembre de 2014), los precios de las exportaciones de los productos industriales bajaron un 0,2%, su cuarto descenso consecutivo, mientras que los de las importaciones se desplomaron un 1,8%.

El sector que más influyó en el aumento de la tasa interanual de las exportaciones fue el de la energía, que elevó casi seis puntos su tasa, hasta el -13,5%, por el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

Asimismo, los bienes de consumo no duradero incrementaron su tasa interanual un punto, hasta el 1%, debido a la subida de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, mientras que los bienes de equipo aumentaron su tasa interanual cinco décimas, hasta el 0,6%, por el comportamiento de la fabricación de vehículos de motor.

Por el contrario, entre los sectores que recortaron su tasa interanual en enero destacó el de los bienes intermedios, que presentaron una tasa del -0,5%, cinco décimas inferior a la del mes anterior, debido al abaratamiento de la fabricación de productos básicos de hierro y productos químicos.

En tasa mensual, los precios de las exportaciones bajaron un 0,2% en el primer mes del año, impulsados por la energía (-4,4%) y, en mucha menor medida, por los bienes intermedios (-0,4%).

Por su parte, los precios de las importaciones de productos industriales se desplomaron un 6,3% en enero respecto al mismo mes de 2014, su mayor recorte interanual en nueve años.

Por destino económico de los bienes, el sector industrial que más incluyó en la bajada de la tasa anual de las importaciones fue el de la energía, que recortó su tasa más de 8,5 puntos, hasta el -30,1%, su menor nivel desde septiembre de 2009, por el abaratamiento de la extracción de crudo de petróleo y gas natural.

Entre los ascensos destacaron los bienes de equipo, que elevaron ocho décimas su tasa interanual, hasta el 1%, y los bienes de consumo no duradero, que registraron una tasa del 3%, más de 1,5 puntos superior a la de diciembre y la más alta desde noviembre de 2011.

En valores mensuales, los precios de las importaciones se hundieron un 1,8%, debido, sobre todo, al descenso en un 10,1% de la energía. Por contra, la tasa mensual de los bienes de consumo no duradero avanzó un 1,2% en enero y la de los bienes de equipo, un 1%.

 

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El sector servicios suma ya 16 meses de subidas

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850 millones para el Plan de Activación del Empleo

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Guindos augura cinco años buenos para España

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Un nuevo escenario para la facultad

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A la pregunta de si ir o no a la Universidad se suma ahora una nueva: ¿Por cuánto tiempo? El Ministerio de Educación acaba de aprobar una modificación del sistema universitario español, en el que hay más de un millón y medio de alumnos, que permite a los campus públicos y privados ofertar por elección voluntaria grados de tres años o 180 créditos. Ahora las carreras duran cuatro años (240 créditos, a 60 por año) y se suelen completar, en su caso, con másteres de uno. El nuevo modelo supone acortar la carrera y, previsiblemente, la generalización de postgrados de dos años de duración. O no. Estas son las principales claves de los cambios que comenzarán a funcionar a pequeña escala el curso que viene.

LO QUE DEBE DURAR UN TÍTULO

El decreto aprobado por Educación permite introducir distintas duraciones para los estudios. Incluso, según alertaban quienes rechazan que se aplique esta reforma tal y como se ha previsto, que se oferten carreras iguales con duraciones diferentes de una región a otra o de un campus a otro. Es decir, que un estudiante pueda cursar Administración y Dirección de Empresas (ADE) en Sevilla en tres años, por ejemplo, y obtener el título en Salamanca en cuatro.

Entre los detractores del cambio, para el que piden una evaluación más pausada y plazos más amplios para su aplicación, están la conferencia de rectores, que aglutina al grueso de las universidades españolas y distintas asociaciones de alumnos. En ambos casos denunciaron la posibilidad de que se oferte un mismo título con dos duraciones. Guy Haug, uno de los padres del Espacio Europeo de Educación Superior (el Plan Bolonia, en su acepción más coloquial, cuya aplicación se generalizó en España en 2010) zanjaba así el debate sobre la duración de los títulos en conversación con este periódico: “El problema existe solamente si las dos titulaciones son realmente las mismas. No lo es si una universidad decide incluir en un grado de Economía una práctica de seis meses y una estancia en el extranjero de cuatro y en otro campus se centran en los idiomas o en asignaturas basadas en la economía pública estatal, por ejemplo, en vez de dar el mismo menú que se ofrece en las universidades desde hace 35 años”.

AHORA, MAÑANA O NUNCA 

En España hay un total de 82 universidades (de ellas, son 80 impartiendo docencia), distribuidas en 236 campus las presenciales y 112 sedes las no presenciales. No todas van a poner en marcha el modelo al mismo tiempo. La conferencia de rectores acordó aplicar una moratoria de dos años (hasta septiembre de 2017). “Siempre hemos estado de acuerdo con la posibilidad de flexibilidad en los grados, pero creemos que no es el momento oportuno de una modificación de esta naturaleza”, defendió su presidente, Manuel López, el día que anunció el acuerdo que algunos centros han decidido no acatar.

Cataluña y Madrid serán las primeras comunidades en ofertar los grados cortos. La universidad privada madrileña Camilo José Cela (UCJC), prepara seis grados para el curso que viene, a la espera del visto bueno de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Ha diseñado uno de Comunicación en el que el alumno podrá elegir entre Publicidad y Relaciones Públicas, Periodismo o Comunicación Audiovisual a partir del segundo año. Global Studies se impartirá en inglés, sobre “el fenómeno de la globalización”. Completan la oferta Protocolo y Organización de Eventos, Diseño de Paisaje, Economía y Negocios Internacionales, y Criminología y Seguridad.

En Cataluña los grados cortos llegan a partir de septiembre de 2016 en tres universidades públicas y un campus a distancia. Serán Producción Digital, ofrecido por la Universidad de Barcelona (UB); Estudios Globales, de la Pompeu Fabra (UPF); Arte Digital, de Universidad Oberta de Cataluña (UOC) y Bioinformática, desarrollado en conjunto por UB, UPF y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). El resto de campus aún no se ha pronunciado.

El precio de un año de grado en los centros públicos supone, de media, la mitad que un año de máster

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid.

ALUMNOS MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS 

El cambio de modelo facilitara la “internacionalización” de los estudiantes, según el ministerio, mientras que los detractores de la fórmula recuerdan que España ya tiene uno de los sistemas más internacionales de Europa, porque está entre los que más alumnos Erasmus envía y recibe cada año. “Desde el punto de vista del fomento de la internacionalización del sistema universitario español, entendido como un incremento en la capacidad de captar estudiantes extranjeros por parte de las universidades españolas, el aumento en la duración de los másteres va a eliminar una clara ventaja competitiva de los actuales de 60 créditos y un curso de duración que difícilmente se pueda ver compensada por la reducción en la duración de los grados”, sostiene Antonio de Castro, director de Ordenación Académica y Decano de Estudios de Grado en la privada IE University, que no comparte un modelo con las carreras más cortas y previsiblemente más baratas.

“La experiencia internacional de las universidades punteras a nivel mundial nos demuestra que el concepto de low cost no es compatible con la excelencia académica que requiere la formación universitaria y por lo tanto no debe aplicarse al sistema universitario”, añade. El rector de la Complutense de Madrid, José Carrillo, alertaba en una carta a la comunidad educativa de que el nuevo decreto ahondará “en la disgregación o desregulación”. Carrillo, a la cabeza del campus presencial más grande de España, considera que este cambio facilitará que conviva un sistema por cada campus, “lo que dificultará considerablemente la movilidad estudiantil de una universidad a otra”.

CÓMO LO HACEN LOS OTROS

En los países del entorno de España se aplican principalmente sistemas mixtos con grados de tres y cuatro años. Está presente en 26 naciones —Irlanda, Holanda, Austria o Reino Unido, entre otros—. Otras nueve, como Finlandia o Francia, han optado solo por los grados de tres años. El modelo actual de cuatro años es el elegido por nueve países como Turquía, Ucrania o Grecia, según los datos publicados en la web del Espacio Europeo de Educación Superior. Un poco más lejos, en Estados Unidos o los campus de América Latina, la duración habitual de los grados es de cuatro años. ¿Qué debería hacer España? ¿Cuál es el mejor modelo? “Lo importante es que el estudiante busque, que mire el perfil de los programas ofertados por varias que le interesen en España, o fuera. Y que elija la que mejor le prepare para su vida profesional y de ciudadano. No se trata de buscar el curso más corto. Usted cuando quiere comprar un coche no va necesariamente a por el más barato”, reflexiona Guy Haug.

¿Y ESTO CUÁNTO CUESTA? 

El precio de un año de estudio de grado en las universidades públicas españolas supone, de media, la mitad de lo que se paga por un año de máster. Las privadas aplican sus tarifas libremente. En la Complutense de Madrid, por ejemplo, un año de máster (3.900 euros) supone casi el doble que un año de carrera (1.980). Pero lo cierto es que la situación cambia considerablemente de una región a otra. Hay comunidades que aplican los precios más bajos que permite el Estado y otras que se han ido a la parte más alta de la horquilla. Eso produce, por ejemplo, que un alumno que cursa Derecho en Galicia pague 591 euros de tasas universitarias al año mientras que en Madrid debe abonar 1.620 euros. En el caso de Medicina, según los últimos datos oficiales disponibles en la web del ministerio, el estudiante paga 2.372 euros en Cataluña frente a 757 euros en una facultad andaluza.

¿ES OBLIGATORIO ESTUDIAR UN MÁSTER?

El ministerio defiende que su reforma universitaria puede abaratar el coste de los estudios y que las familias pueden ahorrar hasta “150 millones de euros”. La estimación procede de un cálculo poco realista. Esa cantidad se ahorraría si todas las carreras actuales susceptibles de ser más cortas (es decir, todas menos las de las profesiones reguladas, como Medicina) pasaran de cuatro a tres años. Y si ningún estudiante decidiera después cursar un máster, algo que ahora mismo hace el 20% de los matriculados universitarios, según datos del ministerio. Colectivos como CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas) consideran que se va a disparar la demanda de másteres. Se basan en el decreto oficial, que recoge en los grados deben primar “los contenidos generalistas y de formación básica” frente a “contenidos especializados en los planes de estudios de títulos de máster”. La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, defendió en una entrevista con EL PAÍS que “en la mayoría de los casos, los alumnos europeos que estudian un máster han pasado más de dos años en el mercado laboral y pueden costearlo con sus propios ingresos”. Aún es pronto para saber qué va a ocurrir, aunque el difícil mercado de empleo español, con la tasa del paro juvenil al 50%, hace presagiar que los estudiantes pasarán todo el tiempo posible en las aulas. 

EQUIPARAR PRECIOS

El Ministerio de Educación, que es el que fija las horquillas de precios, no prevé cambiar la normativa que permite a las comunidades autónomas fijar el coste que asumen los alumnos: entre el 15 y el 25% del precio total de los grados públicos y entre el 40 y el 60% en el caso de los másteres. Cataluña estudia que el primer año de máster, en el caso de que el estudiante elija un grado corto, cueste lo mismo que el último año de grado de carreras largas. No pueden modificar las horquillas de pago, pero creen que hay margen si sitúan los precios del postgrado en el umbral más bajo y bonifican a los estudiantes a través de los Consejos Sociales de las Universidades y con fondos de la Generalitat.

ENTRE LOS MÁS CAROS DE EUROPA 

España está en el grupo de los países con los precios de grado más alto de la Europa de los 28. Según datos de la Comisión Europea (el estudio National Student Fee and Support Systems 2013-204, que mide las horquillas de precios entre las matrículas más altas y las más bajas), España sería la novena con los precios más altos en la superior (2011 euros) y la octava en la parte baja de esa horquilla, con 713 euros. Está por detrás de Reino Unido, Estonia o Irlanda, entre otras. Y hay 12 países, además, con una cobertura más amplia de alumnos becados, que deja a España por detrás de Francia, Irlanda o Reino Unido.

 

Así están las becas

España destinó 1.465 millones de euros a todo tipo de becas en 2014. El dinero de esta partida ha caído un 15,75% en los dos últimos cursos, pasando de 1.748 millones, en el curso 2011-2012, a 1.472 millones en 2013-2014. El sistema de reparto para universitarios aprobado en 2012 incluye una parte fija que reciben todos los becados y una parte variable que se reparte en función del número de solicitudes y la cantidad restante. Además de criterios económicos, se endurecieron los requisitos académicos, como obtener al menos un 5,5 de nota media. La cuantía media de la ayuda que recibe un universitario ha caído más del 21% en los dos últimos cursos. Un estudiante cobraba, en el curso de 2011-2012, 3.170 euros de media para afrontar los gastos del curso (además de la cobertura del coste de la matrícula) frente a 2.496 euros del curso pasado, según los últimos datos oficiales facilitados por el PP en el Congreso de los Diputados.

Las intocables

El 30% de los títulos actuales no sufrirán ningún cambio. El decreto preserva la duración de las carreras para las llamadas profesiones reguladas (las incluidas en Ciencias de la Salud, las ingenierías y la arquitectura). En estos casos, la duración está fijada entre 240 créditos o cuatro años (enfermero o ingeniero técnico aeronáutico, entre otras), 300 créditos o cinco años (farmacéutico o ingeniero agrónomo, por ejemplo) y 360 créditos o seis años (médico).

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