El sector financiero, liderado por las grandes entidades y la patronal bancaria, está presionando al Gobierno para que suavice el tratamiento de los créditos fiscales. Estos son una deducción de impuestos sobre futuros beneficios que las entidades pueden presentar a Hacienda a cuenta de sus pérdidas pasadas y de los gastos adelantados en calidad de provisiones.

La legislación bancaria Basilea III obliga a ir restando estos activos del capital principal de las entidades a partir de 2014. El sector, que afrontaría pérdidas de solvencia millonarias, trata de utilizar ahora la subasta de las nacionalizadas prevista para octubre como principal palanca para forzar al Gobierno a flexibilizar y acelerar la nueva normativa.

Todo el sector se beneficiaría en mayor o menor medida de un cambio así, especialmente tras el fuerte esfuerzo en saneamientos realizado en los últimos ejercicios. En los círculos financieros admiten que si bien la gran banca apunta a la nacionalizada como la más afectada ante el cambio contable, dada su delicada situación, y ésta, a su vez, señala a los gigantes del país, por ser los que más créditos tienen contabilizados, el sector se está moviendo el bloque para lograr que al menos una parte de los denominados activos fiscales diferidos (DTA, en inglés) siga contabilizando en capital.

Impacto en las entidades

Bankia es la entidad más sensible al cambio regulatorio por la cuantía de sus DTA –8.900 millones. Su core capital caería al 3,1% si se restaran de capital de un vez, y el de Sabadell, al 4,8%. El volumen de provisiones determina el impacto.

El Gobierno español es proclive a una regulación nacional que suavice el imapcto de Basilea III, si bien el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya avanzaba este fin de semana que dicha legislación conllevaría su tiempo y sería posterior a la celebración de las subastas pendientes. Un calendario que la gran banca, principal protagonista en la puja, desea acelerar para poder acudir con pleno conocimiento de cuál será la futura regulación de capital.

Es ahí donde entran en juego las nacionalizadas Novagalicia y Catalunya Banc como elemento de presión del sector. El Gobierno busca solventar de forma inminente esta carga y privatizar ambas firmas en octubre, aunque sin ayudas públicas para los postores. Un ambicioso objetivo habida cuenta que a principios de este año fracasaba por segunda vez la subasta de Catalunya Banc.

La posibilidad de que al comprador se le garantice ahora que podrá seguir beneficiándose del actual tratamiento contable de los créditos fiscales que acumulan dichas entidades está siendo presentada por la banca española como una buena alternativa a esas ayudas y una reclamación básica para interesarse por las subastas.

Según los cálculos de la propia entidad, Novagalicia cuenta con unos 4.500 millones de euros en créditos fiscales, de los cuales el Banco de España le permite activar 2.100 en base a sus potenciales beneficios futuros. Un gran comprador, del que no se esperan pérdidas a futuro, podría aprovecharse de una cifra aún superior, más ajustada a un horizonte de mayores beneficios, aunque siempre en función de la cuenta de resultados del negocio en España.

No se aplicaría a la cuenta consolidada de grupo en el caso de Santander o BBVA. Fondos internacionales, entre los que se cita a Guggenheim como principal interesado, solo aprovecharían los 2.100 ya apuntados, pues solo tendría en España como actividad bancaria a Novagalicia.

Otro tanto ocurre con los 1.174 millones en créditos fiscales que tiene activados Catalunya Banc, donde el ajuste laboral que se está negociando es el otro gran reclamo para la subasta. El cambio regulatorio ayudaría además al propio Estado, ya que la nacionalizada Bankia cuenta con 8.900 millones de DTA que harían temer otro rescate.

Desde el sector financiero advierten, por tanto, que si el Gobierno busca llevar a buen puerto las subastas primero deberá garantizar que los créditos fiscales no serán un lastre sino un incentivo.

¿Por qué son tan cruciales?

El cumplimiento al pie de la letra de las exigencias de Basilea III en materia de activos fiscales diferidos haría un importante roto en la solvencia de la banca española, a pesar de que exista un plazo de 10 años para su total aplicación efectiva. El sector negocia con Economía y Hacienda una legislación que reconozca la continuidad del tratamiento contable que ahora hace la banca de los DTA. Fuentes próximas a las conversaciones reconocen la voluntad de alcanzar un acuerdo y de aprovechar la excepción que la propia regulación de Basilea III reconoce para el tratamiento de las provisiones como activo fiscal diferido. Esto permitiría mantener el cómputo como core capital de al menos 29.000 millones de euros, según cálculos de SG, sobre un total de 45.000 en la banca cotizada.

Esa excepción con las provisiones –que la banca contempla como activos con los que compensar pérdidas futuras– sería similar a la acordada en Italia con el tratamiento fiscal de los fondos de comercio y es el gran argumento que defiende la banca española. Solo en el caso de que un banco entrara en pérdidas a futuro, se activarían los DTA, que servirían entonces para pagar otros impuestos –no ya el de sociedades pero sí las cotizaciones a la Seguridad Social– y solo en tal caso, esa pérdida de ingresos para Hacienda se consideraría déficit público.

Fuente: cincodias.com http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624600/s/307d8e46/sc/36/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A130C0A80C270Cmercados0C13776268420I5465370Bhtml/story01.htm