Los deberes se amontonan a las entidades de crédito: exigencias de solvencia europeas, nuevas provisiones del Gobierno, digestión de las fusiones, ajustes de red y personal… El Ejecutivo es consciente de la ingente labor que los banqueros tienen por delante y, por eso, ha decidido levantar la mano en un capítulo: los seguros.

Las fusiones que ha experimentado el sector financiero español en los últimos tres años han puesto patas arriba el mapa de distribución de pólizas a través de sucursales. Prácticamente todas las entidades de crédito firmaron la pasada década alianzas con aseguradoras y, al fusionarse con otras firmas, han aparecido duplicidades.

El real decreto aprobado el pasado sábado impone que la situación esté corregida antes del 1 de enero de 2014. Es decir, dentro de dos años. Precisamente, esa norma fija en 24 meses el periodo máximo que tienen las entidades para asimilar las provisiones extra para cubrir activos inmobiliarios problemáticos.

La ley de mediación de seguros, en vigor desde 2006, exige que un operador de bancaseguros solo tenga un proveedor para el ramo de vida y otro para el de daños. De esta forma se evitan malentendidos y se protege al cliente. No se permite, pues, fragmentar la red de oficinas ni distribuir productos creados por distintas factorías.

Ricardo Lozano, director general de seguros bajo el mandato socialista, insistió en la necesidad de cumplir esta norma desde que comenzaron las fusiones bancarias. Su sucesora al frente del supervisor, Flavia Rodríguez-Ponga, no se había pronunciado públicamente al respecto todavía. El Real Decreto Ley sobre reforzamiento del sistema financiero ratifica, pues, la continuidad de la doctrina en materia de distribución de seguros por parte de la banca.

Poner orden en sus alianzas de bancaseguros será muy oneroso para las entidades de crédito. Algunos de los acuerdos se remontan a principios de la pasada década y habían alumbrado ya potentes compañías. Así lo ratifican las indemnizaciones que exigen hoy algunas aseguradoras a sus antiguos socios.

Aviva reclama el pago de 944 millones de euros en un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Madrid a Bankia por su 50% en Aseval, la compañía de vida que creó con Bancaja. Y Aegon demanda el pago de 600 millones a Caja Mediterráneo (CAM), recién adjudicada a Sabadell, por romper amarras en Mediterráneo Vida. En su caso, ha acudido ante la Corte Internacional de Arbitraje de París.

Es cierto que bancos y cajas lograrán dinero por traspasar todo el negocio de seguros de vida o no vida a un proveedor, pero previsiblemente este ingreso será menor que la indemnización a pagar por rescindir el resto de contratos por las peores expectativas de negocio.

Las aseguradoras pagaron auténticas millonadas por hacerse un hueco en el canal de venta bancario. No en vano, las oficinas intermedian un 73% del negocio de vida (estrechamente vinculado a la concesión de hipotecas) y cada vez ganan más presencia en la venta de pólizas de daños. Además del tradicional seguro de hogar, los bancos ya venden pólizas de pymes, comercio y autos. De hecho, generan el 10% de la facturación de no vida.

Al Gobierno no le importa retrasar dos años el reordenamiento del mapa de bancaseguros porque las joint ventures constituidas son compañías sanas y solventes. “Somos la última tarea de la lista porque no somos un problema”, no cejan de decir los principales ejecutivos de las aseguradoras. Las compañías más afectadas por los choques son Mapfre, Aviva, Aegon, Caser y Zurich, aunque hay una decena de grupos con pactos de distribución bancaria.

Fuente: cincodias.com http://www.cincodias.com/articulo/mercados/gobierno-da-anos-banca-poner-orden-pactos-seguros/20120206cdscdimer_3/