La pretensión del FROB de acometer un ajuste de costes laborales en Catalunya Banc antes de llevar a cabo su venta, prevista para este otoño, está a punto de incrementar la ingente factura que ya soporta el Estado por la entidad nacionalizada. Pese a que el ERE planteado esta semana a los representantes de los trabajadores parte de los supuestos más conservadores que permite la nueva reforma laboral, acotando los costes al mínimo legal permitido, un informe elaborado por la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (Csica) estima que las arcas públicas soportarán un desembolso adicional de hasta 400 millones más por asumir el ajuste laboral.

El estudio divide la factura entre los costes directos que tendrá el ERE para el Estado y aquellos indirectos que se derivan de aplicar el mismo. Del primer grupo, la principal partida es lógicamente la de las indemnizaciones por despido que según la central ascendería a unos 200 millones de euros por la anunciada salida de 2.500 de los 7.200 empleados de la entidad.

El cálculo está basado en un caso tipo de un trabajador que cobra 45.000 euros brutos anuales con una antigüedad de 20 años. La cuantía estimada está basada en una compensación de 30 días de salario por año trabajado y un máximo de 30 mensualidades, un supuesto inspirado en los ajustes acordados para las otras dos entidades nacionalizadas, Bankia y Novagalicia, cuyo ERE se cerró con 30 días de salario y tope en 24 mensualidades.

Es de prever, sin embargo, que la cuantía final de las indemnizaciones sea menor en este caso dado que, aunque la cifra subirá previsiblemente durante las negociaciones, el supuesto de partida que la entidad ha presentado a sus empleados es el más conservador de todos: 20 días por año trabajado frente a los 22 o 23 días de los que partieron las otras dos firmas intervenidas.

A partir de ahí, los técnicos de Csica estiman que el Estado correrá con un gasto adicional de 77 millones de euros por el pago de las prestaciones de desempleo de los 2.500 afectados, que vienen cotizando años por la base máxima y tendrían derecho al seguro de paro más elevado. Planteando que la media de los empleados tenga un hijo al cargo, cada uno recibiría 1.242,52 euros al mes.

A este gasto habría que añadirle la pérdida de ingresos provocada por la destrucción de 2.500 empleos. Los cálculos de la plataforma sindical indican que el Estado dejaría de percibir unos 55 millones de euros en dos años en concepto de IRPF y que la Seguridad Social perdería un ingreso de 60 millones de euros en el mismo periodo.

La medida también tendría su impacto sobre los impuestos indirectos por el consumo que dejarían de realizar los 2.500 empleados afectados. En concreto, y partiendo de las escalas salariales ya mencionadas, el informe apunta al ingreso de 15 millones menos por concepto de IVA en dos primeros años.

Finalmente, el estudio apunta que, descontando el 40% de renta que dedican a vivienda, los empleados afectados dejarían de gastar 84 millones y de ahorrar 17 más, con el consecuente impacto sobre el PIB español y los recursos de la banca.

Desde el propio sindicato advierten que se trata de un ejercicio meramente teórico, cuyas cifras oscilarán en función de las condiciones finales del ERE, pero que avanza el coste aproximado que tendrá para el contribuyente cargar con el ajuste del ERE, en lugar de legar su impacto al comprador de la firma. Después de todo, recuerdan, las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa ya recibieron 1.250 millones del FROB tras fusionarse, otros 1.718 millones al transformarse en banco y 9.080 millones del rescate europeo, lo que arroja ya una factura de 12.000 millones para el contribuyente.

Incentivar la venta realizando el ERE previamente, con el reseñado coste, y la puerta abierta por el FROB a dar nuevas ayudas para el comprador podría elevar el coste público entre 6.000 y 9.000 millones más. El informe de Csica ha sido remitido al Congreso de los Diputados, que lo ha derivado al Defensor del Pueblo quién aún no se ha pronunciado.

Entidad y sindicatos retoman hoy los contactos

Los gestores de Catalunya Banc y los representantes de sus trabajadores, entre quienes se encuentran Comfia–CC OO, Fes–UGT y Csica, tienen previsto reunirse de nuevo esta mañana tras el primer contacto informal abierto el pasado lunes alrededor de la negociación del ERE que afronta la firma. A comienzos de semana, la cúpula de la entidad nacionalizada planteó a su plantilla la necesidad de prescindir de unos 2.500 de sus 7.200 empleados, bajo la indemnización mínima permitida por ley –20 días de salario por año trabajado y tope en 12 mensualidades– y sin posibilidad de activar prejubilaciones. Unas premisas que Catalunya Banc se ofreció a flexibilizar si la plantilla que permanezca en la firma acepta un recorte salarial del 15%, libre movilidad geográfica y un plan de reducción de horarios y sueldos del 50% para un grupo de trabajadores. Condiciones, en todo caso, que las centrales sindicales consideran “inaceptables” y que esperan que los gestores de la entidad empiecen a suavizar a partir de la cita de hoy. De no hacerlo, han advertido, la plantilla podría arrancar septiembre –mes en el que se iniciarán las negociaciones formales– con una campaña de movilizaciones en protesta. El “espejo en el que mirarse” apuntan desde una de las centrales es el caso de Bankia o el de Novagalicia, entidades también nacionalizadas que cerraron acuerdos indemnizatorios en 30 días de sueldo y 22 mesualidades. Con todo, la presión que ejerce sobre la negociación la subasta de la entidad, prevista para octubre, así como la nueva regulación que penaliza las prejubilaciones y el punto de partida anunciado por la firma hacen prever que en este caso las condiciones de salida no sean tan beneficiosas.

Fuente: cincodias.com http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624600/s/303fe771/sc/36/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A130C0A80C210Cmercados0C137710A67650I0A886530Bhtml/story01.htm