La firma de abogados Baker McKenzie ha reunido alrededor de una mesa a una veintena de responsables de recursos humanos de grandes empresas de todos los sectores presentes en España (que representaban a casi un millón de empleos) para que escucharan en boca de la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, un análisis de la reforma laboral y le manifestaran sus inquietudes en primera persona.

Los encargados de abrir el fuego en este encuentro fueron Manuel Pimentel, of counsel de la firma, y David Díaz, socio Baker McKenzie. Ambos consideraron que la reforma no creará empleo en el corto plazo, pero que ayudará a contener su destrucción. En términos generales calificaron el cambio normativo como “valiente y en conjunto positivo”.

La inmensa mayoría de los directores de recursos humanos allí presentes coincidieron en esta apreciación, pero manifestaron dos grandes incertidumbres en la aplicación de la ley. Por un lado temen una creciente presión sindical de sus comités de empresa y, al tiempo, un aumento importante de la judicialización de los conflictos en las empresas.

Ambos miedos se concretan en medidas específicas de la reforma. Por ejemplo, una de las críticas más escuchadas fue la referida al nuevo periodo de dos años como máximo para negociar un convenio colectivo antes de que decaiga el contenido del acuerdo vencido que se aplica durante la negociación (la polémica limitación de la ultraactividad). A pesar de que antes no existía este tope, para el director de recursos humanos de General Dynamics, Enrique Novella, el plazo de dos años “es demasiado largo”, opinión que compartieron entre otros, responsables del sector hotelero.

En este punto, Hidalgo se mostró convencida de que en el 99% de los casos no se llegará a agotar ese plazo, “porque hasta ahora, que no había límites, el periodo medio de negociación de un convenio era de ocho o nueve meses”.

Además, las nuevas posibilidades que se abren de negociación con los trabajadores, sobre todo para modificar las condiciones sustanciales de trabajo y los descuelgues de los convenios, “hacen que el pulso con los comités de empresa sea aún una incógnita”, indicó el responsable de recursos humanos de McDonald’s España, Javier Gómez Utrera, para quien los responsables sindicales están aún a la expectativa de las directrices que les vayan a dar los dirigentes de sus federaciones.

A pesar de que la reforma está en vigor desde el 12 de febrero, esta sensación de interinidad ante posibles cambios de la ley en el trámite parlamentario que se inició ayer, no afecta solo a los sindicatos, sino también a los gestores empresariales. Así lo manifestó José Luis Grima, de HP, quien opinó que la mayoría de las empresas están “aplicando la prudencia” a la hora de ser los primeros en tomar una medida recogida por la reforma, por si fracasan en su intento. Por ello, urgió a que el trámite parlamentario no dure más de dos meses porque, de lo contrario, se produciría una especie de inseguridad jurídica en algunos aspectos.

Todo esto hace temer a los responsables de las plantillas de las multinacionales un fuerte incremento de los conflictos judiciales con los trabajadores, al menos en un primer momento de aplicación de la reforma. Es lo que predijo Ramón Cuellas de Frutos, director de recursos humanos de Logista, coincidiendo con otras opiniones procedentes del sector financiero. En previsión de un posible colapso judicial, Íñigo Capell, de NH Hoteles, pidió que se doten los juzgados de lo social de más personal.

Fuente: economia http://www.cincodias.com/articulo/economia/peticiones-oyente-grandes-empresas/20120309cdscdieco_3/