El Gobierno central por convicción y las comunidades autónomas y los ayuntamientos por obligación mantendrán en niveles mínimos el capítulo destinado a la inversión pública en los Presupuestos para el próximo año. La inversión cayó hasta el 1,7% del PIB en 2012, la cifra más baja desde 1980 y no abandonará ese nivel raquítico. La necesidad de continuar con la reducción del déficit público impuesto por Bruselas impide, o al menos así lo aseguran fuentes de Hacienda, retornar a una política expansiva en el gasto público.

El Gobierno central es el único que tiene cierto margen para elevar la inversión pública. En 2014, solo debe rebajar su déficit público del 3,8% al 3,7%. Sin embargo, la intención de Hacienda es cumplir con holgura su objetivo de estabilidad para compensar las más que probables desviaciones que registrará la Seguridad Social o las comunidades autónomas. Así, el capítulo de inversión en los Presupuestos del Estado se mantendrá en niveles bajos y, en caso de producirse algún incremento, este sería mínimo. Además, quedaría contrarrestado por la reducción de la inversión que aplicarán en sus respectivos presupuestos para 2014 las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ambas administraciones son las que, históricamente, más recursos han destinado al capítulo cinco del presupuesto. Aunque buena parte de ese dinero tiene su origen en las transferencias de capital financiadas por el Estado central. 

En los años anteriores a la recesión económica, la inversión pública alcanzó los 43.646 millones de euros en 2007. De esta cifra, el 38% correspondió a las comunidades, el 33% a los ayuntamientos y el resto a la Administración central. Al inicio de la crisis, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha políticas expansionistas y en 2009 aprobó el llamado Plan E, que dotó de recursos extraordinarios a los ayuntamientos para que iniciaran obra pública. El objetivo último era frenar la destrucción de empleo. Medidas como esta elevaron la inversión pública hasta los 46.763 millones, la cifra más elevada jamás registrada. Sin embargo, también provocó que el déficit de la Administración alcanzara los 117.000 millones, un umbral que disparó todas las alarmas.

Ante la presión de la Comisión Europea, las políticas keynesianas quedaron relegadas y la inversión cayó un 61% entre 2009 y 2012. El retroceso fue de un 50% en la Administración central, de un 62% en las comunidades autónomas y de un 64% en el caso de los ayuntamientos. 
Actualmente, el Estado destina más dinero a inversión que las comunidades, algo que no sucedía desde 1995. Ello es así porque el ajuste exigido a las autonomías es superior al del Estado central y la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria limita cada vez más el margen de maniobra de los entes territoriales.

Las constructoras y concesionarias lamentan que el mayor ajuste presupuestario se haya realizado en el capítulo de obra pública y reclaman que las distintas Administraciones aprovechen el ahorro derivado de la caída de la prima de riesgo para elevar nuevamente el gasto en inversión. Sin embargo, es improbable que este argumento acabe calando. La principal prioridad del Gobierno es cumplir el compromiso con Bruselas de rebajar el déficit público del 6,98% registrado el año pasado al 2,8% en 2016. Ello equivale a un ajuste de 43.000 millones de euros. Si la economía y la recaudación tributaria empiezan a remontar, es posible que se aprueben ciertos incrementos de la inversión. En cualquier caso, serán mínimos y el gasto se mantendrá muy por debajo de los niveles registrados antes de la crisis. Las empresas aún confían en que la celebración de elecciones generales, autonómicas y locales en 2015 sirvan para revitalizar nuevamente la obra pública.

Por debajo de la media europea

Históricamente, el gasto en inversión en España ha superado la media de la Unión Europea. Esto fue así hasta el año 2012, ejercicio en el que por primera vez la formación bruta de capital de las Administraciones Públicas cayó hasta el 1,7% del PIB mientras que en la media europea se mantuvo en el 2,1%. Los datos de Eurostat reflejan que la Administración española ha recurrido con mucha más intensidad que países como Alemania, Francia o Italia a la obra pública. En parte, porque partía con retraso respecto a los Estados de la vieja Europa.

El menor nivel de gasto en inversiones en Alemania respecto a Estados que han precisado de la ayuda comunitaria para evitar la quiebra o para recapitalizar ha alentado la animadversión de la opinión pública germana hacia la periferia europea. La canciller Angela Merkel exige que los países con elevados números rojos, y especialmente Grecia, mantengan las políticas de ajuste.

La mayoría de Estados han recortado sus niveles de inversión. España es el segundo país que más ha reducido el gasto en obra pública durante la crisis. Un 57,4% entre 2007 y 2012. Solo Irlanda presenta un ajuste mayor y Grecia cierra este particular podio. Son cifras muy elevadas si se tiene en cuenta que la reducción media de la inversión pública en la UE durante este período fue del 7,7%. La inversión pública siempre es la primera víctima de la austeridad. Resulta menos traumático –y menos costoso en términos políticos– renunciar a una obra que recortar los salarios o servicios sanitarios y educativos. En cualquier caso, en países como España, todos los capítulos del Presupuesto han sufrido y sufrirán recortes. La única partida que se incrementa es la destinada a pagar los intereses de la deuda pública.

Fuente: economia http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/30e55d5b/sc/36/l/0L0Scincodias0N0Carticulo0Ceconomia0Cinversion0Epublica0Eseguira0E20A140Enivel0E1980A0C20A130A90A6cdsncdeco0I20C/story01.htm