El anteproyecto de ley sobre la deuda comercial que prepara el Gobierno con la intención de que la norma entre en vigor antes de fin de año tiene como loable objetivo erradicar el pernicioso fenómeno de los impagos por parte de la Administración. Tal proyecto es tanto una necesidad imperiosa para eliminar agravios a las empresas proveedoras que ponen en peligro su supervivencia como una exigencia de Bruselas. Sin embargo, el rechazo por parte de las comunidades autónomas puede llevarlo a correr la misma suerte que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se estableció para que las Administraciones territoriales cumplieran a rajatabla el objetivo de déficit bajo la amenaza de ser intervenidas. Pese a que muchas no lo han logrado, no ha habido intervenciones, pero a cambio sí se ha establecido un déficit asimétrico.

Las leyes se elaboran y promulgan para cumplirlas. Por eso el Ejecutivo debe antes que nada considerar la viabilidad de que las autonomías empiecen de repente a pagar a 30 días, cuando en casos como los de los laboratorios farmacéuticos y otros suministradores sanitarios los plazos de pago se prolongan hasta 300 días, diez veces más. Es de sentido común que una ley está obligada a no ignorar la realidad de las cosas, salvo que al legislador no le importe que la norma se cumpla, con lo que estaríamos ante un caso de otra categoría. Como es lógico que no sea así, el Gobierno ha de atender la demanda de las autonomías, que consideran que tan solo por el propio funcionamiento de la gestión administrativa será inviable cumplir esos nuevos plazos, y que la imposición de estos dañará gravemente la tesorería de muchas regiones en el actual contexto de agudas dificultades para lograr liquidez. Evidentemente, esto no quiere decir que las autonomías no deban cumplir a rajatabla con sus obligaciones presupuestarias y de pago, una asignatura que la gran mayoría tiene pendiente.

Pero la nueva norma introduce en el debate de la financiación territorial un nuevo e interesante capítulo: si se admite el déficit asimétrico y además se presta asistencia financiera diferenciada a determinadas comunidades a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), por qué no se va a admitir esa asimetría en otros aspectos de las cuentas públicas y, sin ir más lejos, por qué no en el plazo de los pagos. Es lo que las comunidades, con una aparente lógica aplastante, están poniendo sobre la mesa. De esta manera, la estación término de la estrategia del café para todos estaría en la asimetría total. Entramos así en una peligrosa deriva en la que las víctimas, una vez más, serán las empresas proveedoras que en su momento se han fiado de la Administración. Una deriva sustentada, además, en la falacia. Porque los suministros de los productos y servicios de estas empresas son, en tiempo y hora, todo menos asimétricos.

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