La ministra de Empleo, Fátima Báñez, trasladó ayer a los agentes sociales la propuesta de reforma de las pensiones que el Ejecutivo tiene previsto poner en marcha a principios del año próximo. Los ejes centrales del planteamiento beben bastante del informe que un grupo de expertos elaboró hace unos meses, aunque haya diferencias de planteamiento y ejecución que, en general, suavizan los efectos que hubiera tenido la aplicación del dictamen propuesto por el comité. La proposición del Gobierno parte de la premisa, sobre la que hay un consenso total, de la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones con el fin de garantizar su perdurabilidad.

A partir de ahí, el Ejecutivo acomete el futuro equilibrio económico de las pensiones desde dos ángulos:el puramente demográfico y el netamente financiero. Con el fin de aquilatar el primero, pone sobre la mesa el denominado factor de sostenibilidad como fórmula de cálculo de pago de la pensión, siempre bajo la premisa de que a igual contribución le corresponde igual prestación, aunque con el factor corrector de la esperanza de vida, que entrará en vigor a partir de 2019, con una revisión cada cinco años. Por lo que respecta al segundo de los elementos, la proposición del equipo de Fátima Báñez es ligar el aumento anual de las pensiones a un futuro índice de revalorización y no al IPC, como se hace en la actualidad. Este índice será construido con varios elementos: la inflación media, el comportamiento anual del sistema en función de ingresos y gastos, y el déficit o superávit del sistema en los periodos analizados. La intención de Empleo es que ese índice se calcule con un plazo de once años, seis hacia atrás y la proyección de cinco hacia adelante. Este índice será, en definitiva, el que marcará la revalorización de las pensiones, pero con una importante novedad:tendrá suelo y techo. Es decir, las pensiones siempre subirán nominalmente, un 0,25% como mínimo. Por contra, también ese índice contará con un techo, fijado en la inflación más un 0,25%. Esta fórmula entrará en vigor en 2014, pues el Gobierno tiene previsto que la norma tenga el plácet de las Cortes antes de que acabe el presente ejercicio. Con este doble mecanismo, Empleo entiende que así se garantiza la estabilidad y el futuro del actual sistema público y de reparto y que, además, se refuerza la solidaridad intergeneracional.

La propuesta que puso ayer sobre la mesa la ministra Báñez es un sensato punto de partida, que identifica problemas y ofrece soluciones. No obstante, una norma tan trascendental como esta debería estar ungida por el máximo consenso social y político. El Ejecutivo, la oposición, los sindicatos y la patronal deben hacer todo lo posible para aparcar diferencias coyunturales y cerrar un modelo que garantice el futuro de las pensiones.

Fuente: economia http://com.cincodias.feedsportal.com/c/33500/f/624601/s/30bc1681/sc/7/l/0Lcincodias0N0Ccincodias0C20A130C0A90C0A20Ceconomia0C1378150A50A0A0I315330A0Bhtml/story01.htm