El hombre de confianza del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se presentó con un montón de datos en la última jornada del Encuentro Financiero Internacional organizado por Bankia y el diario El País. Un día después de que la mayoría de los Ejecutivos autonómicos considerara que no puede recortar en 2012 sus números rojos en 15.500 millones de euros, Beteta criticó que las regiones y los ayuntamientos hayan aumentado sus plantillas desde 2001 un 44% y un 39%, respectivamente, “mientras la Administración general las reducía en un 22%”.

“Esto ha provocado que en solo 10 años se haya incrementado en más de 440.000 el número de empleados que trabajan en las Administraciones”, explicó el secretario de Estado, quien cree que, en muchos casos, el personal se multiplicó por “clientelismo” y no para mejorar los servicios públicos. “Y tampoco se debió a la transferencia de competencias, sino a la multiplicación de entes, empresas y nuevos organismos públicos”.

El secretario de Estado consideró que las comunidades y el Estado deben reducir las más de 4.000 entidades de este tipo que hay en España. El Gobierno ya ha empezado “la reestructuración”, recordó Beteta. “No solo en el sector público del Estado. La reestructuración ha llegado a los altos cargos, a la presidencia del Gobierno y a la secretaría de Estado. Se ha reducido en un 18% el número de altos cargos (lo que supone 88 menos). Hemos limitado el sueldo a los directivos de las empresas públicas. Y no nos vamos a quedar solo en un primer nivel. No quiero ser alarmista, pero la economía española se encuentra en una encrucijada. Necesitamos todo tipo de impulsos para salir cuanto antes de la crisis. Tenemos la obligación de salir de ella más fuertes y preparados. No es solo por las demandas de nuestros socios europeos, sino por nuestro más elemental sentido común”, añadió.

Efectos de la reforma

España cuenta con 2.690.099 trabajadores públicos entre funcionarios, personal laboral y aquellos contratados directamente por las Administraciones, según los últimos datos oficiales. De ellos, poco más de un millón no son funcionarios. Las comunidades tienen 1.347.835 empleados -434.942 de ellos no funcionarios-.

La reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy contempla los despidos colectivos en el sector público para los empleados de las empresas públicas y para el personal laboral contratado directamente por los ayuntamientos, las regiones y los ministerios, no así los casi 1.700.000 funcionarios que hay en el país.

En situación de “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente”, las Administraciones pueden recurrir a un expediente de regulación de empleo (ERE) por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral tenga que aprobarlo.

El Gobierno anunció la semana pasada que ha aprobado un préstamo sindicado de 35.000 millones de euros para que las comunidades y ayuntamientos puedan pagar a sus proveedores. Los bancos ofrecen la cuantía (20.000 millones de euros para los ayuntamientos; el resto para las regiones), pero es el Estado quien da el aval.

Y Beteta lo quiso recordar un día después de que la mayoría de los Ejecutivos autonómicos considerara en privado casi imposible bajar sus déficits en un año del 2,94% con el que cerraron 2011 al 1,5% sin recortar el Estado del bienestar y asumir un alto coste político. “El Gobierno ha dado muchos pasos”, replicó el secretario. “Ahora les toca a ellos dar los siguientes”.

Fuente: economia http://www.cincodias.com/articulo/economia/beteta-urge-regiones-reducir-plantillas-sobredimensionadas/20120307cdscdieco_2/